Todas las cabezas de la hidra de la Gürtel

La sentencia sobre la trama Gürtel que ha dictado hoy el Tribunal Supremo no es la primera ni será la última en torno a esta organización criminal corrupta que se convirtió en un poder fáctico en muchos ayuntamientos y administraciones gobernados por el Partido Popular. Los tribunales todavía tienen pendiente juzgar o sentenciar en firme una decena de piezas sobre la adjudicación irregular de decenas de contratos millonarios a la trama y la existencia de varias ‘cajas B’ de dinero negro en el seno del partido: el PP tiene pendiente todavía sentarse en el banquillo en dos juicios más. La Audiencia Nacional celebrará en febrero del año que viene el juicio conocido como ‘los papeles de Bárcenas’ y que versa en torno a la ‘caja B’ con la que el Partido Popular, según el juez, se financió ilegalmente entre 1990 y 2008 con dinero procedente de adjudicatarios y de espaldas al Tribunal de Cuentas. Según las cuentas del magistrado una veintena de grandes contratistas, como FCC, OHL o Sacyr, aportaron entre todos 5,1 millones de euros a la contabilidad opaca del Partido Popular. El dinero, según el juez José de la Mata, tenía diversos destinos que ocultaban su origen ilícito: pagar sobresueldos a miembros del partido, comprar y reformar las sedes del PP en La Rioja, Bizkaia y la calle Génova de Madrid, financiar la Fundación Humanismo y Democracia, pagar actos del partido, ayudar económicamente a víctimas del terrorismo vinculadas al partido o incluso el trabajo de un catedrático. El caso será juzgado el año que viene con Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, Gonzalo Urquijo y Belén García y con el Partido Popular en el banquillo como responsable civil subsidiario y con José María Aznar como testigo. La Fiscalía pide 5 años de cárcel para el extesorero del PP, pero también exculpa al partido de un delito contra la Hacienda Pública en 2008 al no considerar que existiera delito en la gestión de esa ‘caja B’, solicitando que sea considerado responsable civil subsidiario de los 194.503,44 € dejados de ingresar en Hacienda por la empresa que hizo la reforma al pagarse en negro. Los investigadores creen que la trama Gürtel también se aplicó a fondo en la localidad madrileña de Arganda del Rey, llegando a “dirigir toda la contratación pública” del municipio con Ginés López (PP) como alcalde. El juez José de la Mata, de la Audiencia Nacional, procesó el año pasado a 21 personas e impuso fianzas que sumaban 80 millones de euros hablando directamente de una “actividad depredatoria” que llevó a Francisco Correa y sus empresas a llevarse más de medio centenar de contratos amañados por valor de 2,3 millones de euros y cobrar comisiones a cambio de amañar siete grandes contratos de obra pública a habituales de la trama como Hispánica, Martinsa o Teconsa por más de 140 millones de euros. Algunas comisiones, según el instructor, pasaron por manos de Arturo Fasana en Suiza. Los contratos adjudicados a empresas del entorno de Correa van desde la organización de Olimpiadas Escolares hasta el festival Rock in Río y los grandes contratos de obra pública adjudicados a otras empresas incluyen el gran pelotazo de la trama: la adjudicación de la construcción de más de 2.700 viviendas a Martinsa a cambio de una comisión de 25 millones de euros. Según los investigadores el entonces alcalde Ginés López, entre otros cargos públicos, recibió más de 540.000 € entre comisiones y regalos, y la Fiscalía pide condenas de cárcel para 21 personas entre ellos Francisco Correa y Pablo Crespo (29 años de cárcel), el exalcalde (17 años de cárcel) y el exconcejal Benjamín Martín Vasco (20 años de cárcel). El municipio madrileño de Boadilla del Monte es considerado uno de los epicentros de la trama, donde Francisco Correa y sus socios camparon a sus anchas para manipular diez grandes contratos de obra pública, incluyendo la construcción de más de 200 viviendas en tres promociones, por un valor de casi 100 millones de euros. El alcalde Arturo González Panero (PP) recibió en torno a un millón de euros entre regalos y comisiones y con el Partido Popular nuevamente camino del banquillo en calidad de responsable a título lucrativo por financiarse ilegalmente con la actividad de la trama. En su auto de apertura de juicio oral el juez de la Audiencia Nacional calcula que en total el PP sacó un beneficio de 204.198,59 € salido de comisiones de adjudicaciones de obra pública a Sufi, Hispánica, EOC, Teconsa y contratos menores a empresas de Francisco Correa para pagar, por ejemplo, un acto electoral de Esperanza Aguirre en las autonómicas de 2003, la inauguración de la sede del partido en Boadilla o megáfonos utilizados por la formación en la manifestación contra la excarcelación del etarra Iñaki de Juana Chaos en 2007. La Fiscalía pide que el PP tenga que devolver el dinero condenado como partícipe a título lucrativo y pide condenar a 27 personas entre ellos Francisco Correa (76 años y 6 meses de cárcel) y Arturo González Panero ‘el Albondiguilla’ (40 años y 9 meses de cárcel). La trama Gürtel llegó a Valencia para intentar abrir el negocio y hace unos meses la Audiencia Nacional confirmó las condenas de 18 personas por la financiación irregular del Partido Popular en la Comunidad Valenciana en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las nacionales de 2008. Según la sentencia la empresa Orange Market organizó actos electorales por valor de 2 millones de euros, incluyendo actos del entonces candidato Mariano Rajoy, además de otros 2,5 millones en actos no vinculados a las elecciones: más de la mitad de todo ese gasto se hice de espaldas a la Hacienda Pública, superando ampliamente los límites de gasto electoral permitido a los partidos y pagado a la trama en efectivo o a través de empresas contratistas, dejando sin pagar más de un millón de euros entre el Impuesto de Sociedades y el IVA. La Audiencia Nacional, pendiente todavía de pronunciamiento firme del Supremo, ha condenado a un total de 18 personas, entre ellos Francisco Correa (5 años y tres meses de cárcel), Pablo Crespo (5 años), Álvaro Pérez ‘el Bigotes’ (6 años y 9 meses) y a varios antiguos responsables y cargos públicos del PP en la Comunidad Valenciana como Ricardo Costa (4 años de cárcel). Una de las claves del proceso fue la confesión precisamente del exsecretario general del PP de Valencia cuando reconoció en el juicio que el partido se financió en negro y señaló directamente al expresidente Francisco Camps. La Audiencia Nacional sentenció el pasado mes de noviembre la actividad corrupta de la trama en la localidad gaditana de Jerez. Según la sentencia, la Gürtel obtuvo 214.028,71 € de dinero público al hacerse de manera irregular con tres contratos relacionados con la presencia de la ciudad en la feria Fitur de 2004 a través del puesto de la ciudad, de un espectáculo ecuestre en la Plaza Mayor de Madrid y otro espectáculo flamenco en el parque de El Retiro. La adjudicación fue amañada y los expedientes, de hecho, se elaboraron una vez celebrada la feria: fueron condenados Francisco Correa (3 años de cárcel), Pablo Crespo (3 años de cárcel), Javier Nombela (2 años y 3 meses de cárcel) e Isabel Jordán (1 año y 2 meses de cárcel), quedando absueltos varios exfuncionarios del consistorio por prescripción. Es una causa que está a la espera de sentencia firme pero que acaba de recibir un portazo del Tribunal Supremo. El magistrado Antonio del Moral ha decidido no reabrir la causa contra la entonces alcaldesa de Jerez y ahora diputada del PP por Cádiz, María José García Pelayo, tal y como pidió la Fiscalía después de que miembros de la trama asegurasen haberla visto entrar en el despacho del propio Francisco Correa. El juez explica que la prescripción de los hechos, como en el caso de los funcionarios absueltos por la Audiencia Nacional, impide abrir una investigación, aunque reconoce que existen “elementos de signo incriminatorio” contra ella. La primera sentencia firme en torno a la trama Gürtel es la que afecta a las veces que Orange Market, empresa del entramado de Francisco Correa, organizó la presencia de la Generalitat Valenciana en la feria FITUR entre 2005 y 2009 a través de contratos amañados. El Supremo declaró probado entonces que existió un “desembarco” de la trama en la administración pública de la Comunitat e incluso una “sustitución” en la que las empresas de Gürtel confeccionaban a su antojo los contratos públicos. El Supremo dictó condenas firmes para once personas, entre ellos Francisco Correa (13 años), Pablo Crespo (13 años y medio), Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ (12 años y 3 meses) y la exconsejera Milagrosa Martínez (9 años). Relacionado con la presencia de la Comunidad Valenciana en Fitur está el juicio pendiente que tiene el expresidente Francisco Camps (PP) en la Audiencia Nacional con la Fiscalía pidiendo para él dos años y medio de cárcel. Según el juez José de la Mata, Camps intervino directamente para que la empresa de la trama Orange Market consiguiese de forma irregular el contrato para organizar el stand de “Grandes eventos” de Fitur en 2009. Un contrato por un valor de 366.529 € procedentes de diversas entidades públicas y privadas: él niega los hechos y se ha mostrado como víctima de una persecución. En su auto de apertura de juicio oral el juez destaca la “relación personal de amistad y confianza” entre Camps y Álvaro Pérez ‘el Bigotes’, cómo el PP contrató a esta empresa de la trama para organizar multitud de eventos y cómo generó una deuda de en torno a 800.000 € que el Partido Popular intentó pagar con distintas estrategias, “todas ilícitas”: desde pagos en metálico procedentes de donaciones ilegales de empresarios al partido al giro de facturas falsas que pagaban empresarios valencianos. La Audiencia Nacional tiene pendiente reanudar el juicio por otra de las ramas valencianas de la Gürtel: la adjudicación fraudulenta de parte de la organización de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el Encuentro Mundial de las Familias de julio de 2006. Según el auto de procesamiento la empresa Teconsa se hizo dos contratos que sumaban más de 7,5 millones de euros de forma irregular con la ayuda entre otros de Juan Cotino, exdirector general de la Policía y entonces Consejero en la Generalitat, y el director general del ente de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Pedro García Gimeno. La Fiscalía pide 38 años y 3 meses de cárcel para Francisco Correa, 40 años para García Gimeno y pedía 11 años para Cotino: la trama se repartió un botín, según el auto, de 3,3 millones de euros. El juicio arrancó a principios del mes de marzo con trece de los veintitrés acusados pactando una confesión con la Fiscalía y varios de ellos apuntando al expresidente Camps y a Cotino pero se suspendió poco después por el coronavirus, pendiente todavía de fecha de reanudación. El expresidente de Les Corts falleció el pasado mes de abril a los 70 años víctima del coronavirus. Hace un año la Audiencia Nacional sentenció la ramificación de la Gürtel que, encabezada por Correa, obtuvo hasta 2,3 millones de euros en 22 contratos adjudicados irregularmente por el gestor público aeroportuario AENA relacionados, sobre todo, con la presencia de la empresa en distintas ferias como Fitur. Como en otras piezas, la trama se valió de sus conexiones con el Partido Popular para abonar comisiones y regalos a los responsables de los contratos: el director de comunicación de AENA, Ángel López de la Mota, cobró casi 90.000 euros entre comisiones y viajes y reformas pagadas por la trama mientras que su subordinado José María Gavari cobró otros 222.822,23 euros entre comisiones y viajes pagados. La sentencia, todavía pendiente de ratificación por el Supremo, impuso 9 años y 9 meses de cárcel a Francisco Correa, 5 años de cárcel a López de la Mota y Gavari y 3 años y 3 meses de presidio al contable de la trama, José Luis Izquierdo. La última pieza, considerada el tronco principal de todo el proceso Gürtel, quedó listo para juicio este mismo mes de marzo en la Audiencia Nacional: el juez José de la Mata procesó a los 21 eslabones que hacían posible la actividad corrupta de la trama canalizando el botín, las comisiones, escondiendo el dinero en el extranjero y dejando de pagar decenas de millones de euros en las arcas públicas de Hacienda. El auto lo resume en un párrafo: “Crearon entramados societarios para conseguir contratos, sobornando a autoridades y funcionarios públicos, con quienes se concertaron para vulnerar la normativa administrativa en materia de contratación pública, emitieron facturas falsas para opacar los fondos obtenidos, ocultaron a la Hacienda Pública los ingresos ilícitos obtenidos y los blanquearon para tratar de retornar a la vida mercantil lícita”. La Fiscalía pide 77 años para Correa y Crespo y una veintena más de acusados. Los cálculos del juez afirman que, a lo largo de una década, Francisco Correa llegó a amasar 30,9 millones de euros por su actividad ilícita, ocultando el dinero a través de una maraña societaria e inversiones por todo el mundo dejando de ingresar 24,8 millones de euros a Hacienda por el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) además de otros 2,6 millones entre el IVA y el Impuesto de Sociedades. En esta pieza, pendiente de juicio y de calificación por parte de Fiscalía, figuran como imputados entre otros Pablo Crespo, el ‘contable’ José Luis Izquierdo, empresarios que han confesado en otras piezas como Jacobo Gordon, Luis de Miguel y el empresario José Luis Ulibarri.

Todas las cabezas de la hidra de la Gürtel

Los tribunales todavía están pendientes de dictar sentencia firme o enjuiciar otras 9 piezas del caso Gürtel

Por ahora sólo existe una sentencia firme: la que condenó a los líderes de la trama por sus contratos con la Generalitat Valenciana entre 2005 y 2009

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