El Supremo ordena indemnizar a la familia del presunto asesino de Eva Blanco por su suicidio en prisión
Ahmed C.G fue detenido como sospechoso casi dos décadas después del asesinato de la joven en Madrid en 1997
Se suicidó en la cárcel de Alcalá-Meco y el Supremo ordena indemnizar a sus familiares con 90.000 euros
El acusado del asesinato de Eva Blanco, detenido en 2015 por la Guardia Civil / Chema Moya (EFE)
Madrid
El 26 de enero de 2016 los funcionarios de la prisión madrileña de Alcalá-Meco encontraban a un preso ahorcado en su celda. Era Ahmed Chelh, detenido unos meses antes en Francia y acusado de violar y asesinar a la joven Eva Blanco en la localidad de Algete dieciocho años antes. Ahora el Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar a la familia del presunto violador con un total de 90.000 euros por no haber evitado el suicidio del interno.
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La joven Eva Blanco tenía 16 años cuando fue violada y asesinada de veinte puñaladas en abril de 1997 en una carretera en obras del norte de Madrid. La investigación judicial abordó decenas de líneas de investigación y llegaron a hacerse pruebas de ADN a casi dos mil vecinos de la localidad y otros municipios cercanos para intentar encontrar al culpable. Fue 18 años y medio después cuando la Guardia Civil culminó la Operación Pandilla y detuvo a Chelh en Francia, en la localidad de Pierrefontaine Les Varans, donde se fue a vivir dos años después de los hechos.
Los agentes llegaron a Chelh a través de la muestra de ADN de uno de sus hermanos. Ingresó en la cárcel de Alcalá-Meco en octubre de 2015 y fue procesado por el juzgado de Torrejón que investigaba el caso desde finales de la década de los noventa, viglado también estrechamente por el Programa de Prevención de Suicidios tras intentar autolesionarse durante su detención. Salió del Programa en diciembre de ese año y cuarenta días más tarde se ahorcaba en su celda.
Ahora la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo entiende que sus familiares deben ser indemnizados, responsabilizando a Instituciones Penitenciarias de no haber hecho más para evitar el suicidio teniendo en cuenta los antecedentes del preso. El Estado tendrá que pagar en total 90.000 euros a cinco hijos del presunto asesino y su exmujer.
Un "error de diagnóstico"
El Tribunal Supremo, con el magistrado Wenceslao Olea como ponente, entiende que sacarle del programa de prevención de suicidios no fue una decisión arbitraria, pero sí que se produjo un "error de diagnóstico" y que el desenlace "pudo haberse evitado" teniendo en cuenta sus antecedentes, que en esas semanas fue procesado por el asesinato y violación de la menor y que era objeto de "hostigamiento" por parte de otros reclusos.
Concluyen los jueces de la sala tercera que en este caso "existe una desatención del deber de garante que la Administración tenía respecto" respecto del presunto pederasta, apreciando "una relación directa, aunque no exclusiva, en el fallecimiento del mismo por suicidio y que la misma pudo y debió evitarse si se hubieran adoptado las medidas" necesarias.
Caso sin culpable
El suicidio de Ahmed Chelh dio carpetazo definitivo a la investigación del crimen de Eva Blanco: su muerte dio paso a la extinción de la responsabilidad penal y al archivo de la causa unas pocas semanas después. Chelh se quitó la vida antes de poder ser juzgado y por tanto el caso quedó cerrado sin que nadie pagase por el asesinato de la adolescente: sus muestras de ADN coincidían con las encontradas en la ropa de la víctima.
Antes de conocer su muerte, la jueza que llevaba el caso dictó un auto en el que afirmaba que hay "una sólida prueba genética existente en el proceso" contra él, asegurando que existía un "altísimo riesgo de fuga" y proponía llevarle a juicio, con el apoyo de la Fiscalía, por delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual.
