El Estado admite su responsabilidad en la muerte de Samba Martine, 9 años después

Madrid

La sentencia del juez ya les condicionaba a ello, al reconocimiento de la posible responsabilidad patrimonial, y finalmente al Estado no le ha quedado más remedio que reconocerlo. 9 años después el Ministerio de Presidencia admite ahora su responsabilidad en la muerte de Samba Martine, una de las víctimas mortales de este sistema de control migratorio y de los polémicos Centros de Internamiento de Extranjeros, que se convirtió en un símbolo de la sociedad civil que lucha por derribar este modelo de gestión de la movilidad humana. La joven falleció el 19 de diciembre de 2011 a las pocas horas de ser derivada al Hospital 12 de octubre desde el CIE de Aluche, Madrid, donde permaneció 38 días encerrada. En todo ese período de internamiento requirió asistencia médica más de 10 veces en la enfermería del CIE y acabó falleciendo un día después de estar agonizando en el suelo del centro de privación de libertad.

Desde que pisó España, en Melilla, los médicos del CETI de la ciudad le diagnosticaron VIH, pero una vez derivada a la península y dentro del CIE , no se remitió el historial médico servicio de atención sanitaria que gestiona una empresa privada en centro de Aluche. Sin conocimiento de patologías previas y a pesar de la joven congoleña pidió 11 veces que los médicos le realizaran pruebas para saber por qué iba empeorando cada día, solo le ofrecieron medicamentos antigripales hasta que ya agonizando fue traslada al hospital, ni siquiera en ambulancia, sino en coche policial, donde murió después de una cadena de despropósitos de que el Estado asume ahora la responsabilidad de varios ministerios.

En una resolución a la que ha tenido acceso la SER, el Ministerio de la Presidencia resuelve de forma favorable la demanda de responsabilidad patrimonial formulada hace ocho años por la familia de Martine, que se basaba en demostrar que la muerte se habría podido evitar si toda la cadena médica y administrativa no hubiera fallado, desde el Hospital Comarcal de Melilla, a los distintos médicos y ministerios implicados en este fatal desenlace.

"Este Ministerio (Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática) a propuesta del Ministerio del interior, del de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, resuelve estimar la reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración formulada por doña Cristina Manzanedo Negueruela ( en representación de la hija de Samba) por el funcionamiento de los centros a escritos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones en los términos expuestos en el fundamento sexto de la presente resolución", se dice literalmente en la resolución de 24 páginas a la que ha tenido acceso la SER, en la que de manera pormenorizada se explica todo el procedimiento que se ha seguido con esta reclamación presentada el 18 de diciembre de 2012.

La resolución administrativa ha sido remitida a la familia casi 8 años después de haberla interpuesto, y establece según las distintas organizaciones que han batallado contra el Estado por este caso, que Samba "fue víctima del mal funcionamiento del CIE de Madrid (dependiente del Ministerio del Interior), del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla (dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y de la empresa SERMEDES S.L. (responsable del servicio de atención médica del Centro en aquel entonces. Los errores imputables tanto a los dos Ministerios como a la empresa concesionaria confluyeron en la producción del resultado lesivo, por lo que deberán hacerse cargo a partes iguales de la indemnización fijada a favor de la hija y de la madre de Samba, calculada con arreglo a los baremos previstos en la ley", explican desde la red de colectivos sociales que desde el inicio han batallado para demostrar que esta muerte habría sido evitable si la administración hubiera actuado correctamente.

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"Esta resolución es muy importante porque supone el reconocimiento por la propia administración de su responsabilidad en el fallecimiento de Samba Martine. El reconocimiento de que hubo falta de coordinación entre dos ministerios y el reconocimiento de una deficiente atención médica. La resolución reconoce que la negligencia en la atención médica durante la estancia de Samba en el CIE fue palmaria. Esto es una llamada de atención al Ministerio de Interior, por con quién contrata la atención de los servicios médicos en los CIE, por qué funciona con empresas privadas cuando debería haber hecho caso a los colectivos de la sociedad civil que llevamos años reclamando que las personas deben acudir a los centros públicos de atención sanitaria cuando sea necesario", subraya Cristina Manzanedo, la firmante de la reclamación en nombre de la familia, en declaraciones a la SER.

Según Manzanedo esta resolución también "tiene un valor emocional importantísimo para la hija de Samba Marine que viajó con ella desde el Congo y de la cual se separó en Marruecos. La niña pudo llegar a Francia en avión y ella tuvo que continuar su viaje irregular a través de España con la esperanza de reunirse con su niña en Francia. Era una niña de 8 años cuando la dejó en Marruecos, una niña que nunca más volvió a ver a su madre y que no comprende muy bien aún hoy en día que fue lo que ocurrió, está llena de preguntas. Es una niña para la que la resolución le da paz, le da una explicación y una compensación económica con la que tener algunas oportunidades en la vida. Es una niña que, por cierto, quiere estudiar Derecho por lo que le sucedió a su madre", detalla la abogada.

Según los expertos jurídicos de los colectivos que han apoyado a la familia en esta causa la resolución reconoce que existió:

1. Ausencia de coordinación, exigible, entre dos órganos de la Administración. El historial médico de la fallecida era una información trascendental, dada la grave enfermedad que padecía y, sin embargo, no hubo ninguna transmisión de datos médicos en el traslado de Samba desde el CETI de Melilla al CIE de Aluche donde iba a permanecer privada de libertad por un máximo de dos meses.
2. La Administración ostenta la posición de garante respecto a las personas privadas de libertad. Tiene el deber fundamental de velar por la vida, integridad y salud de las personas sometidas a su custodia, dado que las mismas han sido privadas del derecho fundamental a la libertad por el propio Estado.
3. Mala praxis y desatención a Samba Martine por el servicio médico del CIE. En cuanto a la prestación de la asistencia sanitaria por el personal de SERMEDES, S.L., empresa contratada por el Ministerio del Interior para la prestación de este servicio, tal y como recoge la resolución “se desprende de la documentación obrante en el expediente que hubo una deficiente actuación en la prestación del servicio médico, ya que ninguno de los facultativos consideró conveniente realizar un análisis clínico a la interesada a pesar de las numerosas dolencias que padecía”. Además, solo se le facilitó intérprete en una de las diez ocasiones en las que Samba solicitó asistencia médica.
4. Hubo concurrencia de responsabilidades, pero ello no puede eximir de la responsabilidad por el daño causado. Samba estuvo privada de libertad en el CIE y por tanto bajo la tutela de la Administración General del Estado desde su ingreso el 11 de noviembre hasta su fallecimiento. Y la responsabilidad de velar por su vida y su salud no puede quedar sin efecto por el hecho de que en la producción del daño hayan influido la actuación de dos centros distintos de la Administración, que comparten competencias, ni tampoco que la asistencia sanitaria estuviera contratada con una entidad privada.

"Es muy importante para la familia y la sociedad civil que ha peleado por ello pero lo más preocupante es que esto se puede volver a repetir"

"Las entidades sociales que hemos apoyado la causa y procurado mantener viva la memoria de Samba, recibimos con satisfacción esta resolución y valoramos que el Estado haya reconocido su responsabilidad por cuanto tiene de reparación a la familia de Samba y también a su recuerdo. Además, quisiéramos que esta resolución sirva para evitar casos como el de Samba en el futuro. Sin embargo, nueve años después de su muerte, sigue sin existir un protocolo que garantice la correcta derivación de la información médica entre los CIE y los CETI", denuncia, Manzanedo, abogada, firmante de la reclamación de la familia, e integrante durante muchos años del Servicio Jesuita a Migrantes, que accede frecuentemente a estas instalaciones.

"La muerte de Samba no fue un trágico accidente, sino consecuencia de una política migratoria que excluye, expulsa y convierte las fronteras en cementerios; de una política que deshumaniza a las personas migrantes y refugiadas y las priva de libertad en centros de internamiento. Contra esta política migratoria seguiremos luchando y por el cierre de los CIE", reclaman estos colectivos de la sociedad civil.