"Esa barbaridad no cabe en la cabeza de un menor": Leticia fue violada y asesinada, pero el problema sigue ahí

Madrid

"Esa barbaridad no tendría que entrar en la cabeza de un menor", dice la directora general de la Mujer de Castilla y León, Ruth Pindado. Se refiere a la violación y asesinato de Leticia Rosino por un menor de 16 años el 3 de mayo de 2018. Ese día, como muchos otros, ella salió a dar un paseo vespertino por Castrogonzalo, el pueblo zamorano en el que vivía junto a su pareja. Encontraron su cuerpo horas más tarde cerca de una torre de telecomunicaciones del municipio.

¿La condena? Ocho años de reclusión y cinco de libertad vigilada que para la familia de la joven de 32 años son insuficientes. Aun así, lo que sus más allegados quieren es que "no haya más Leticias". Según Pindado, la clave para ello, así como para corregir la mayoría de desigualdades en la sociedad, es "la educación".

Necesidad de una "educación social"

El que era uno de los tres principales problemas del país para un 6,4% de la población según el barómetro del CIS en febrero se ha reducido de forma notoria desde la declaración del primer estado de alarma nacional por la pandemia de coronavirus. Para la sociedad, la violencia de género parece haber quedado relegada a un segundo plano, aunque las víctimas siguen ahí.

Cuando acude a los pueblos en los que se ha producido el asesinato de una mujer a manos de su pareja o expareja hombre, la coordinadora de las Unidades de Violencia de Castilla y León, Jessica Martínez, indica que muchas veces se encuentra "un eco en la población" que deja una sensación de que sabían que "esto iba a pasar", aunque cada vez hay más personas que denuncian. Por eso, cree que la responsabilidad “es de toda la sociedad”. Como solución, una “educación social, no de los centros educativos, sino en todos los ámbitos y de todas las personas”, subraya Martínez.

Para ella, por lo tanto, la educación tiene que ir dirigida hacia toda la población porque, aunque se forme a la infancia en violencia de género, esto no sirve de nada si los padres "no saben lo que es", "hay una situación de violencia en casa" o se emiten "juicios a favor de la violencia de género" en el domicilio. La directora general de la Mujer en Castilla y León se muestra de acuerdo y añade que esta educación no se debe dirigir únicamente a las mujeres, como ocurre en algunos casos. "Si no educamos al resto de la población, tenemos un problema", defiende Pindado.

Una vez cometido el crimen, ¿es posible la reinserción?

Pese a creer que la educación es la solución para la mayoría de desigualdades, Pindado considera que, en algunos casos, el agresor "no es educable". Además, en este suceso concreto, la directora general regional de la Mujer ve compleja la reinserción. "Entiendo que, si has cometido ese delito tan bestial sin ningún tipo de vinculación, esas cosas se pueden volver a cometer", opina.

Desde su experiencia, Jessica Martínez, quien además de coordinadora autonómica de las Unidades de Violencia sobre la Mujer es psicóloga de prisiones, el porcentaje de presos por violencia de género que se reinsertan al salir de la cárcel "está en torno al 65 %". "Depende de los perfiles psicológicos y del nivel de arrepentimiento y responsabilidad personal del agresor", explica.

No obstante, Martínez señala que, pese a la existencia de la libertad vigilada, "falta la cobertura preventiva posterior a la prisión: no hay recursos de seguimiento, no hay control de datos". Propone la aplicación de un tutor sobre los agresores de este tipo que salen de la cárcel para que acompañen al exreo durante su regreso a la sociedad y constaten su inclusión, siempre respetando su libertad y orientándolo "hacia la reeducación y la reinserción social", como indica el artículo 25 de la Constitución. Además, aunque es posible realizar un informe al que el juez dé cobertura, es él "el que determina las medidas" en base a la legislación existente.

En el caso de Leticia, la situación se complica aún más, ya que su asesino tenía 16 años cuando cometió el crimen. Está, por tanto, sometido a la Ley de Responsabilidad de los Menores. Su condena ha sido la máxima que esta legislación permite: ocho años de internamiento cerrado, seis de los cuales pasará en una prisión para adultos –pues el juez ha descartado prorrogar su estancia en el centro de menores a causa de su carácter conflictivo–. La familia de la víctima pide para él la prisión permanente revisable, que es, de hecho, la pena que establece el artículo 140 del Código Penal si hubiera sido mayor de edad, al tratarse de un homicidio "subsiguiente a un delito contra la libertad sexual".

Durante el proceso, ¿quién acompaña a las familias?

"Es una más", indica la madre de Leticia, Inma Andrés, en referencia a su hija. "Es una pena, pero es así", lamenta. Habla de la ayuda externa que han recibido desde su asesinato, que considera insuficiente. "Estamos tan acostumbrados a ver y oír esto (crímenes de violencia de género) que es una más. Entonces, cada uno se busca la vida. Si eres fuerte, sales y, si no, te quedas en un rincón y ya está", reflexiona.

Indica que ha echado en falta más apoyo desde las instituciones: "Pasando esa semana en la que eres el centro y era la noticia, nada". Su mayor apoyo ha llegado desde su familia. Para ellos, Leticia no era una más. "¿Ese vacío con qué lo ocupas ya?", dice Inma. Con objeto de seguir luchando por su hija, ha creado una fundación que lleva su nombre y que, además de querer cambiar la Ley del Menor, busca mejorar el apoyo psicológico a las familias de las víctimas. "Es distinto cuando estás viendo la tele, ves a una chica y dices: 'Pobrecita'. Te da pena y dices: 'Qué faena, pobres padres', pero apagas la televisión y en tu casa está todo normal. Lo malo es cuando te toca a ti", sentencia.