Los feminicidios que no (se) cuentan: "Que convivas o no con ella, ¿qué más da si el resultado es la muerte?"
Leticia Rosino fue violada y asesinada en mayo de 2018, pero no está incluida en las cifras oficiales de víctimas de violencia de género, y "lo que no se cuantifica no se conoce"
Madrid
Hay una hamaca en un balcón. Es pleno agosto y hace un día soleado, del que los pájaros, con sus cantos, parecen también disfrutar. La madre de Leticia Rosino Andrés recuerda a su hija en esa tumbona, desde la que se pueden ver las tierras de Tábara, un pequeño pueblo de Zamora, en Castilla y León. La imagina allí porque hace más de dos años que ya no está. Ahora descansa en el cementerio que se encuentra a unos metros de su casa.
Más información
Leticia fue violada y asesinada por un menor de 16 años el 3 de mayo de 2018 en la localidad zamorana de Castrogonzalo durante uno de sus habituales paseos vespertinos. Su pareja, con la que se había mudado al pueblo algunos meses antes, la esperaba para ir a la piscina esa misma tarde. Sin embargo, ella nunca llegó a la cita. Tenía 32 años cuando su vida se vio truncada a pedradas.
"Es distinto cuando estás viendo la tele, ves a una chica y dices: 'Pobrecita'. Te da pena y dices: 'Qué faena, pobres padres', pero apagas la televisión y en tu casa está todo normal. Lo malo es cuando te toca a ti", explica Inma Andrés, madre de Leticia. Durante la entrevista no deja de mover las manos, entre las que sujeta un abanico. No lo abre, sino que, con él, de vez en cuando golpea ligeramente la mesa de la terraza al ritmo de sus palabras. "¿Ese vacío con qué lo ocupas ya?", reflexiona.
Los feminicidios que no (se) cuentan
13:51
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
<iframe src="https://cadenaser.com/embed/audio/460/1606291020522/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Entre la 'once' y la 'doce'
Leticia, 'Lety' para su familia y amigos, se encuentra entre la víctima mortal por violencia de género número once –Silvia Plaza Martín– y la número doce –María del Mar Contreras Chambó– del total de 51 con nombres, apellidos e historias que la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género registró en 2018. Está entre ellas, pero no incluida, porque no tenía o había tenido una relación sentimental con su asesino antes de que se cruzara en su camino.
"Que convivas o no convivas con ella, que la conociera o que no la conociera (…) ¿Qué más da, si el resultado es una muerte?", se pregunta Inma, al respecto de la consideración de su hija como víctima de violencia machista. Sin embargo, eso es lo que estipula la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que indica que solo serán calificadas como víctimas de este tipo de crímenes las agredidas "por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".
De hecho, según feminicidio.net, los feminicidios y otros asesinatos de mujeres en el año en el que terminó la vida de Leticia suman 98, casi el doble que los contabilizados en las cifras oficiales. Un año más tarde, el Gobierno central se propuso contarlos y cumplir, al fin, con el Convenio de Estambul ratificado por España en 2014.
"Lo que no se cuantifica no se conoce"
Con el fin de iniciar el recuento de estas víctimas, entre las que se encuentran casos como el de la también zamorana Laura Luelmo o el de la madrileña Diana Quer, el Ejecutivo aprobó a finales de 2019 una Instrucción Conjunta sobre el funcionamiento de las Unidades de Violencia sobre la Mujer y se la envió a estas delegaciones territoriales, a cargo del seguimiento a nivel provincial de mujeres que sufren este tipo de violencia.
Este documento cumple, después de cinco años, con el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 e incluido en el Pacto de Estado en materia de violencia de género de 2017. Así, se reconocería como víctimas a las mujeres que no comparten –en el momento de la agresión o en el pasado– una relación sentimental con el agresor. Además, se establece el inicio de la recogida de datos acerca de "todas las formas de violencia contra las mujeres".
Y es que "lo que no se cuantifica no se conoce". Así lo cree la coordinadora de las Unidades de Violencia de Género de Castilla y León, Jessica Martínez, que informa de que están registrando datos de "cualquier asesinato que se produzca a nivel nacional en el que la fallecida sea una mujer a manos de un hombre", también de los que ya han ocurrido. Esta recopilación se podría "volcar de alguna manera en una modificación legislativa" que sirva para agravar este tipo de delitos y tratar de forma más precisa a las víctimas y a sus familias. "Pero para cambiar las leyes primeramente hacen falta muchos datos", recalca Martínez, porque, sin ellos, "no tenemos una realidad que mostrar".
Las cifras son "lo que más nos impulsa"
Frente a la legislación estatal, Castilla y León sí que incluye "todo tipo de manifestaciones de violencia hacia la mujer" en la Ley 13/2010 contra la Violencia de Género de la Comunidad. La directora general de la Mujer en la Junta de Castilla y León, Ruth Pindado, indica que "deja la puerta más abierta” a poder ayudar a la afectada y a entender qué hay otros tipos de violencia contra las mujeres más allá de la que se produce dentro del ámbito de la pareja. "Las cifras son siempre la cara más fea, pero suelen ser la cara que más nos impulsa", señala.
Aun así, no hay que olvidar que las asesinadas no son solo números. "Alegre", "trabajadora" o "familiar" son algunos de los adjetivos que la madre de Leticia Rosino utiliza para definir a quien se había convertido ya "en un bastón" para ella. "Tenía mucha vida, mucha luz. 'Lety' donde estaba daba mucha luz", evoca Inma, que asocia a su hija con los girasoles.
Esta planta, la favorita de Leticia, está presente en el logo de la fundación a la que da nombre. A través de ella, su familia se enfrenta a la violencia de género y pide una ampliación de la pena para el asesino de la joven, que fue condenado a ocho años de reclusión y cinco de libertad vigilada, la condena máxima que un juez puede imponer a un menor. "No me quedaría conforme en una esquina porque Leticia no lo haría", indica su madre. Al fin y al cabo, su objetivo es que "no haya más Leticias" y, por eso, "seguirá peleando".