La Audiencia de Madrid mantiene imputado a Podemos y pide al juez actuar con "celeridad"

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado en dos autos, fechados el 15 de diciembre, los recursos de Podemos que pedían por un lado la retirada de la condición de investigado y la nulidad o archivo de la causa que investiga las denuncias del exabogado del partido José Manuel Calvente y los contratos con la consultora Neurona para las elecciones de abril de 2019.

La Sección 3ª, formada por los magistrados Diego de Egea, Juán José Toscano y Alberto Molinari, rechaza el recurso de apelación interpuesto por la formación morada, y por adhesión el ministerio fiscal, contra el auto y la providencia del magistrado de Instrucción del juzgado Número 42 de Madrid Juan José Escalonilla que ordenaba una serie de diligencias de investigación vinculados a la denuncia de José Manuel Calvente, y que ratificó en una una providencia del pasado 28 de julio.

Entre las razones de los magistrados, señalan que "dada la fase embrionaria" en que se encuentra la investigación las "diligencias ordenadas servirán precisamente para despejar las dudas sobre la posible ilicitud delitual de los hechos denunciados". Se refieren fundamentalmente a la investigación de los contratos con la consultora Neurona para las elecciones de abril de 2019.

La Fiscalía, en la línea de la denuncia del Tribunal de Cuentas, ve un posible delito electoral y de falsedad docuemental. Sin embargo, el juez va más allá e investiga si el contrato de 363.000 euros de Podemos con Neurona se trata de un contrato simulado que sirvió para financiar partidos en el extranjero y a la propia formación.

Concretar el delito de financiación ilegal

La Audiencia Provincial da el visto bueno a estas diligencias que pueden derivar en el archivo o el procedimiento abreviado pero insta al juez a no retrasar la instrucción. De esta forma, "Para evitar que pueda prolongarse innecesariamente la investigación sobre el partido político Podemos en su posición de investigado" y en "aras de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indensión, le concierne al juez instructor determinar con celeridad qué delitos cabe atribuirle como tal persona jurídica de los incluidos en el catálogo de numerus clausus según la legislación vigente, y más concretamente con referencia a los hechos incardinables en el art. 304 bis", es decir, al delito de financiación ilegal.