El Supremo lleva ante la Fiscalía al exdueño de Pocoyó por acusar en falso de torturas al juez Marchena
Deduce testimonio contra José María Castillejo, exdueño de Zinkia, por querellarse de forma temeraria conta varios magistrados de la sala de lo penal
Castillejo, cesado en 2016 al frente de la compañía, se ha querellado contra más de una veintena de jueces y miembros del CGPJ que no le han dado la razón en sus pleitos
El Supremo descarta una "confabulación general" contra él y pone su caso en manos de la Fiscalía
Madrid
El Tribunal Supremo ha llevado ante la Fiscalía al exdueño del dibujo animado infantil 'Pocoyó', José María Castillejo, por acusar en falso de prevaricación y torturas al juez Manuel Marchena y otros magistrados de la sala de lo penal del alto tribunal. El Supremo ha inadmitido la querella que el empresario presentó contra los magistrados y deducen testimonio por si hubiera delinquido al entender que "la querella se presenta patente y notoriamente falsaria" rechazando que exista una "confabulación general" contra él.
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El empresario José María Castillejo y Oriol, VII Conde de Floridablanca y descendiente del Cid Campeador según él mismo, saltó a las portadas hace quince años cuando se hizo con la propiedad de la productora Zinkia y participó en el nacimiento de Pocoyó, dibujo animado infantil que tuvo un gran éxito a nivel mundial, llegando la compañía a cotizar en bolsa. Su suerte cambió a partir de 2016 cuando fue cesado como accionista mayoritario, empezando entonces un periplo judicial por el concurso de sus empresas y sus propias acciones judiciales contra los magistrados que no le daban la razón.
Tal y como anunció él mismo en su blog, el 'Conde Pocoyó' se ha querellado contra varias decenas de magistrados: las juezas de Madrid que estudiaron el concurso de acreedores de una de sus empresas, los de la Audiencia Nacional que inadmitieron una querella que interpuso, los miembros del Consejo General del Poder Judicial - incluido su presidente, Carlos Lesmes - que rechazaron sus quejas y ahora, por último, los miembros de la sala de lo penal del Supremo que han rechazado todos estos pleitos.
Todas esas veces Jose María Castillejo ha sido condenado en costas pero en esta ocasión la temeridad de la querella puede tener consecuencias legales para él. La conocida como 'sala del 61' del Tribunal Supremo no sólo ha inadmitido la querella en la que acusaba, incluso, de torturas o blanqueo de capitales a Manuel Marchena y otros magisatrados, sino que ha deducido testimonio a la Fiscalía por si hubiera delinquido. Su querella, dice el Supremo, es "patente y notoriamente falsaria" y podría implicar un delito de denuncia falsa.
Prevaricación, blanqueo y torturas
La querella de Castillejo iba dirigida a los integrantes de la sala de lo penal que el año pasado inadmitieron tres querellas contra jueces que le han llevado la contaria: su presidente Manuel Marchena junto con Vicente Magro, Susana Polo, Miguel Colmenero y Juan Ramón Berdugo. Una querella en la que el noble les acusaba de "mirar hacia otro lado" para no investigar sus denuncias y protege a otros jueces, fomentando su "tortura psicológica" e imputándoles delitos de prevaricación, falsedad documental, omisión del deber, encubrimiento, tortura y blanqueo de capitales.
Una querella "patente y notoriamente falsa", según el auto de la 'sala del 61' del Supremo con la magistrada Rosa María Virolés como ponente y al que ha tenido acceso la Cadena SER. Entienden los magistrados que "nos encontramos ante la imputación de una actuación dolosamente falsaria" a Marchena y el resto de integrantes de la sala segunda siendo una querella "patente y notoriamente inaceptable, y que pudiere ser constitutiva de delito" por lo que "acuerda deducir testimonio de la presente resolución y dar traslado del mismo al Ministerio Fiscal para que, en su caso, se sigan las oportunas actuaciones y se depure su responsabilidad conforme a derecho".
Por el momento la Fiscalía de Madrid, donde se tendría que tramitar esta deducción de testimonio, no ha recibido nada sobre este asunto y desde la Fiscalía General del Estado aseguran a la Cadena SER que el auto del Supremo sí ha sido recibido y que se tomará una decisión después de analizar su contenido.
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