La Fiscalía recurrirá la decisión judicial de no retirar cautelarmente el cartel racista de Vox en Sol
El Ministerio Público insistirá en el juzgado en la retirada que ayer rechazó el juzgado de guardia
El auto de la magistrada de guardia entiende que no hay una incitación clara al odio conta los menores extranjeros
La magistrada cuestiona incluso que la Fiscalía quiera realmente evitar la difusión del mensaje de odio
La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, sonríe durante un desayuno-coloquio en el Club Siglo XXI / Eduardo Parra - Europa Press (EUROPA PRESS)
Madrid
La Fiscalía insistirá en la retirada del cartel electoral racista de Vox que la formación ultraderechista ubicó en la parada de Metro de la Puerta del Sol en Madrid. Según ha sabido esta emisora, el Ministerio Público insistirá en que por parte del juzgado que establezcan medidas cautelares para que Vox no pueda mantener este cartel o ubicar nuevas pancartas al entender que incurren en un posible delito de odio.
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Fue ayer el juzgado de guardia de Madrid el que rechazó la petición de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. El auto, al que ha tenido acceso la Cadena SER y que está encabezado por la magistrada Carmen Rodríguez Medel, rechazaba que en un primer momento pueda hablarse de un delito de odio. "Concluimos que no: la jurisprudencia viene exigiendo algo más para hablar de un hecho que merezca reproche penal. Concretamente una incitación dolosa y pública a terceros que genere un riesgo".
La magistrada aseguró incluso que "la apariencia de buen derecho dista mucho de estar clara en el caso que nos ocupa por lo que, no concurriendo tampoco el segundo de los presupuestos para su adopción, la medida cautelar inaudita parte debe denegarse".
En su auto, la magistrada destaca que "la solicitud por el Fiscal de la medida cautelar ha demorado su tiempo" e incluso cuestionia que la Fiscalía quiera, realmente, evitar que el cartel incite al odio: "Dada la publicidad que ha recibido ya esta cuestión en el ámbito del proceso electoral en el que está inmersa la Comunidad de Madrid, no parece que quiera evitarse que llegue a conocimiento de más personas la propia existencia del cartel, pues el hecho de la colocación del mismo y el propio cartel en sí, en términos jurídicos, es claramente un hecho notorio. No puede sostenerse que quiere evitarse causar más perjuicios al colectivo al que atañe a través del mantenimiento del cartel cuando por un amplio elenco de colectivos se ha dado gran difusión a la existencia y contenido del mismo".
Un menor y una anciana
El cartel, que refleja uno de los puntales de la campaña electoral de Vox en los comicios madrileños del próximo 4 de mayo, compara la pensión de poco más de 400 euros que, supuestamente, recibe una anciana con los casi 5.000 euros de dinero público que, según la formación ultraderechista, se invierte en mantener a uno de los caso 300 menores solos extranjeros que viven en la región.
Un cartel que para la Fiscalía constituye un delito de odio recogido en el artículo 510 del Código Penal con una acusación que, por el momento, ha recibido la negativa de la magistrada aunque es la que ha estudiado el asunto de guardia y no por tanto la que instruirá la posible causa que se pueda abrir contra la formación ultraderechista tras la denuncia interpuesta ayer por el Ministerio Público.
