El juez abre juicio a Rodrigo Rato por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
Se descarta añadir una supuesta falsedad continuada e insolvencia punible como solicitaba la Fiscalía
El ministerio público pide, por los delitos que imputa el juez a Rodrigo Rato, 63 años de cárcel
Madrid
El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado abrir juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la causa que investiga sus negocios y el origen de su patrimonio, por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo y corrupción entre particulares. El magistrado Antonio Serrano-Artal deja fuera los delitos de falsedad continuada e insolvencia punible tal como solicitaba la Fiscalía en su escrito de acusación.
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El juez sentará a Rato en el banquillo por las irregularidades en los contratos de publicidad de Bankia y los negocios a través de una red de empresas manejadas por el expresidente de Bankia en su etapa como presidente de la entidad, así como el presunto blanqueo por haber introducido en España de más de 7 millones de euros, la mitad "de origen desconocido", según la instrucción. Para ello, ideó dos operativas para defraudar al fisco y se sirvió de una red de sociedades en "territorios clasificados como paraísos fiscales o que operan a través de ellos que ingresan en territorio nacional bajo la apariencia de negocio lícito".
El juez juzgara a Rato y otras 15 personas físicas y tres jurídicas, y le da un plazo de un día para aportar una fianza de 65,1 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. En total, las fianzas impuestas al resto de procesados superan los 144 millones de euros. En caso de que Rato no aporte la fianza se le embargarán bienes "en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada".
Contra la resolución no cabe recurso y se declara competente para el conocimiento y fallo de la causa a la Audiencia Provincial de Madrid.
Petición de la Fiscalía
En el escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción pidió para Rato 70 años de cárcel por un fraude que alcanza los 8,5 millones de euros. Por los delitos que el juez sentará a rato en el banquillo, la petición asciende a los 63 años de cárcel; entre cuatro y seis años por 11 delitos contra hacienda; seis años por el de blanqueo y otro año por corrupción en los negocios.
