El Gobierno, sindicatos y patronal alcanzan un acuerdo para reformar aspectos clave de las pensiones

Gobierno, patronales y sindicatos han alcanzado este lunes el acuerdo de pensiones más importante desde el firmado por Rodríguez Zapatero y los agentes sociales en 2011. Su importancia reside en el alcance de su contenido (afecta a los principales parámetros del sistema), al ámbito de aplicación (las medidas contenidas en él afectan tanto a los pensionistas actuales como a los futuros) y a su dimensión política (supone de facto la derogación de la reforma de 2013 aprobada por el Gobierno de Rajoy). Analizamos todas sus claves. La principal medida del acuerdo es la vuelta a la revalorización anual de las pensiones según los precios. A partir de ahora, todos los años se actualizarán las pensiones en el mismo porcentaje en el que el IPC haya aumentado durante el año anterior. Los (escasos) años en los que los precios bajan no supondrán bajada de pensión ni habrá que compensarlos a lo largo de los siguientes ejercicios; así que, con el nuevo sistema, las pensiones mantendrán su poder adquisitivo, e incluso podrían ganar algo (en los años de IPC negativo). La derogación del Factor de Sostenibilidad, el mecanismo diseñado por la reforma de pensiones de 2013 que a partir de su entrada en vigor en 2023 bajaría automáticamente las pensiones de los nuevos pensionistas en función de la subida de la esperanza de vida. El acuerdo al que se ha llegado es que el Factor se derogará en cuanto entre en vigor la nueva reforma, en enero de 2022, y que en los próximos meses se negociará una nueva fórmula para apoyar la sostenibilidad del sistema (que ya tiene nombre, aunque no contenido: Mecanismo de Equidad Intergeneracional). Ese mecanismo se aprobará si es posible con consenso; y si no, sin él; en todo caso, su entrada en vigor se producirá en 2027. Además, el acuerdo contiene una batería de medidas pensadas para aumentar la edad de jubilación real sin subir la edad de jubilación legal: es decir, el pacto busca que nos retiremos más tarde pero sin obligarnos, usando incentivos y desincentivos. En este sentido, los cambios principales son tres: Cambios en los coeficientes penalizadores de los que se acogen a la jubilación anticipada voluntaria (para los trabajadores que quieren retirarse hasta dos años antes de la edad legal). En este caso se aumentan las penalizaciones de los que quieran retirarse 24 o 23 meses antes de la edad legal, pero se rebajan para los que lo hagan en el resto de posibilidades: 22 meses antes, 21 meses antes... La meta: que las personas que se jubilan anticipadamente de forma voluntaria retrasen dos o tres meses su decisión para obtener una pensión mejor que con las reglas actuales. Las condiciones de acceso a la jubilación anticipada involuntaria (a la que acceden, hasta 4 años antes de la edad legal, las personas que han perdido su trabajo) se mejoran en todos los casos. Incentivos para la jubilación demorada: se contempla una subida del 4% en la pensión o un pago de una vez (que podría llegar a los 12.060 euros) por cada año que un trabajador decida retrasar su edad de retiro más allá de la edad legal. Limitar las jubilaciones forzosas: con carácter general, se prohíben antes de los 68 años, y sólo se permitirán en los sectores con baja presencia femenina, en los que la salida del trabajador jubilado forzosamente conlleve la contratación de una mujer, y siempre que el trabajador retirado tenga derecho al cobro del 100% de su pensión por haber tenido una carrera larga. Por último, la cuarta gran pata del acuerdo supone continuar con el proceso de remisión al Estado de gastos que la Seguridad Social venía asumiendo hasta ahora de forma impropia: ya en los Presupuestos Generales del Estado de este año se han asumido 14.000 millones de esos gastos impropios; con el acuerdo, a esa cantidad se le añaden otros 8.000 millones anuales que deberán asumir, a partir de ahora, las cuentas del Estado y no las del sistema de pensiones. Se busca así apuntalar la sostenibilidad de la Seguridad Social. El acuerdo apunta además otras reformas que habrá que acometer en los próximos meses: además del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que debería quedar pactado antes del final de este año, el pacto dispone que se ha de acordar el sistema de cotización de los becarios (en 3 meses), la homologación de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con las de las casadas (en 6 meses) y las mejoras en la protección de los cuidadores no profesionales (en 6 meses). Para una nueva fase de la reforma de las pensiones quedan temas de más volumen (y que son también más polémicos): la concreción del nuevo sistema de cotización de los autónomos según sus ingresos reales, los posibles cambios en los periodos de cómputo de las carreras profesionales para determinar la cuantía de la pensión, y los cambios a realizar en las pensiones y en las bases máximas. Todos los ciudadanos se verán afectados por las disposiciones contenidas en el acuerdo, que empezará a aplicarse a comienzos de 2022, si se aprueba sin problemas en las Cortes. A los actuales pensionistas, la reforma les afecta por la nueva revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC. A los pensionistas futuros, les afectarán todas las fórmulas de jubilación anticipada, demorada y forzosa, además del futuro Mecanismo de Equidad Intergeneracional. Y al conjunto de los ciudadanos, el apuntalamiento del sistema de pensiones con la asunción por parte del Estado de gastos que hasta ahora venía pagando la Seguridad Social.

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