El Tribunal de Cuentas ha comunidado a los representantes de los 42 exaltos cargos y máximos responsables de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont el acta de liquidación que les obliga a depositar fianzas provisionales por valor de 5.422.879 millones de euros por los gastos en la promoción de la acción exterior en los años de 2011 a 2017 y el presunto desvío de fondos desde las denominadas embajadas catalanas y el Consejo de la Diplomacia Pública de Catalula (Diplocat). El expediente, de 504 páginas, incluye el Acta de Liquidación Provisional a la que ha tenido acceso la Cadena SER, y desglosa las cantidades que, según el Tribunal, malgastó cada uno. Las denfensas han tenido tres horas para leerlo y turnos de diez minutos por letrado para hacer alegaciones. Según recoge el acta, a Carles Puigdemont le reclaman 1,9 millones de euros y 1,9 millones de euros a Oriol Junqueras. Para el expresident Artur Mas y los exconsellers Francesc Homs y Andreu Mas-Colell la reclamación asciende a 2,8 millones de euros; 2,1 millones de euros para el exconseller Raül Romeva y 3,6 millones de euros para el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo. Elinforme de liquidación excluye a 8 de los encausados inicialmente en la causa. Los nombres más relevantes que se libran de pagar fianza son los exconsellers Jordi Turull y Neus Munté. Además de ellos, tampoco deberán pagar ninguna cantidad los ex altos cargos Javier Acin, Virginia Astigarra, Francesc Cubell, Juan Prat, Pere Puig Anglada, Jordi Serra o Pau Villoria. Por los gastos de las Delegaciones en el extranjero les piden un total de 980.000 euros vinculados a las oficinas en once países: Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, EE.UU., Dinamarca, Italia, Portugal, Croacia, Austria y la delegación de la UE. Por los viajes de los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont les imputan un gasto de 288.526 euros y 46.000 euros en la partida de viajes de los distintos exconsejeros de la Generalitat. Otras partidas millonarias que deberán afianzar por presunta malversación es la de «Actividades de promoción del Proceso soberanista» a través del Diplocat; de sensibilización internacional, implicación de la sociedad civil catalana y el programa de visitas internacionales, en total, 1,6 millones de euros; y 1, 4 millones de euros por los contratos con la empresa Independent. El tribunal también reclama gastos menores como 18.000 euros por el alquiler de una casa de Puigdemont en Bruselas y la contratación de un jefe de prensa por 141.370 euros. Una vez acabe el trámite de alegaciones, el tribunal dará 15 días a los 34 encausados para dipositar 5,4 millones de euros, de forma solidaria. De lo contrario, se procederá al embargo de sus bienes o propiedades, como ya le pasó a Artur Mas que vio embargada su casa por la fianza de la causa del 9-N. En los próximos meses, el Tribunal de Cuentas deberá celebrar un juicio para confirmar esas cantidades. La sentencia podrá recurrirse ante el mismo tribunal y en apelación ante el Tribunal Supremo. A la salida del Tribunal, Francesc Homs ha calificado al «tribunal de pasar cuentas» y se ha quejado de haber tenido acceso al conocimiento del borrador de liquidación provisional sin un plazo para estudiarlo. El Tribunal de Cuentas es un órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado cuyo mandato caduca el próximo 17 de julio. Para entonces, tocaría la renovación de sus doce consejeros que integran el Pleno. El Partido Popular ya ha anunciado que no está dispuesto a negociarlo y en el seno del Tribunal dan por hecho que van a seguir en manos de una mayoría conservadora. Fuentes consultadas por la Cadena SER trasladan su malestar por la posición de bloqueo. Les sale gratis, señalan, mantener un espíritu que califican directamente de inconstitucional. Hablamos de un tribunal cuya presidencia lleva 24 años en manos del PP y desde hace tres la comisión de Gobierno es de mayoría absoluta conservadora, de los tres consejeros, han pasado del 2-1 a 3 a propuesta del PP, un hecho qeu no había ocurrido antes en la historia del tribunal. El sistema de renovación y de elección, por mayoria de tres quintos en el Congreso, está perpetuando un sistema, señalan estas fuentes, viciado: el PP bloquea la renovación cuando esta en la oposción y aprovecha para renovar cuando está en el gobierno. Los nueve años de mandato le permiten jugar a su favor, obstrucción mediante. En la actualidad además ya sufre otro bloqueo parcial a favor de los conservadores. El pleno cuenta con 12 consejeros, siete cosnervadores y cuatro progresistas. En enero de 2018, el consejero Lluís Armet renunció por motivos personales y el PP tampoco ha favorecido renovar su puesto. En definitiva, las fuentes consultadas hablan de una mayoría anómala y un bloqueo que pervierte la labor de la institución, su reputación y dan por hecho que el PP no se moverá a partir de julio.