Nueva condena firme para los cabecillas del 'caso Malaya' por corrupción urbanística

Madrid

El Tribunal Supremo ha declarado firme una nueva condena para los cabecillas de la 'operación Malaya' por un nuevo caso de corrupción urbanística en el seno del ayuntamiento de Marbella a finales de la década de los noventa: una permuta ilegal de terrenos para beneficiar a un empresario amigo de Jesús Gil. El alto tribunal confirma once meses de cárcel para el empresario Juan Antonio Roca, dos años para el entonces secretario municipal y avala la sentencia de los tribunales malagueños que castigó con cinco meses de inhabilitación al exalcalde Julián Muñoz y cinco concejales.

Los hechos se remontan a 1999, el año en que el ahora fallecido Jesús Gil pasó varios días en la cárcel y en el que Julián Muñoz asumió de manera esporádica la alcaldía. El gobierno marbellí firmó una permuta con un empresario, en virtud de la cual el consistorio entregaría una parcela y el empresario una nave industrial: el empresario era amigo de Gil, la parcela se infravaloró y fue usada para un concesionario y la nave industrial se sobrevaloró y no estuvo en manos del ayuntamiento hasta 2007.

Fue Juan Antonio Roca, según la Justicia, quien ideó el convenio a instancias de Gil, y ahora el Tribunal Supremo confirma las condenas de todos los implicados tras estudiar los recursos de varios de ellos. Once meses de prisión para Roca, dos años de cárcel para el entonces secretario municipal y cinco años de inhabilitación para Muñoz y el resto de concejales que estamparon su firma en el convenio que permitió la permuta perjudicial para las arcas del consistorio que dirigían.

El Supremo, en la sentencia a la que ha tenido acceso la Cadena SER, cita resoluciones anteriores para explicar que en casos de corrupción como éste "las irregularidades administrativas fueron esenciales y obviadas conscientemente para dar entrada a la arbitrariedad, al amiguismo y al clientelismo político, con desprecio y apartamiento voluntario de las normas administrativas que rigen la adjudicación de tales contratos".

Botín de 186.000 euros

El Supremo, con el magistrado Vicente Magro como ponente, responde por ejemplo al entonces secretario del ayuntamiento que "mutó la verdad en el Informe jurídico preceptivo, que no vinculante, emitido en el Expediente de Permuta, falseamiento que no puede estimarse inocuo, pues siendo una de sus funciones el asesoramiento legal, da por cierto la existencia de un informe de la Intervención Municipal, creando la apariencia de que había existido un control económico del Convenio de Permuta que era inexistente".

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También explica, respondiendo al recurso de Roca, que pusieron la estrategia en marcha "para satisfacer intereses particulares y sin ninguna "necesidad municipal" de llevar a cabo la permuta" a pesar de que "no constaba en el expediente diligencia o informe jurídico o económico que acreditara la necesidad" de llevar a cabo la operación. El empresario que vendió la nave al consistorio consiguió un beneficio de más de 180.000 euros.