Martes, 21 de Septiembre de 2021

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El Gobierno y la Generalitat acuerdan negociar los traspasos de competencias entre septiembre y enero

Gobierno y Generalitat de Cataluña acuerdan la ampliación de El Prat con una inversión de 1.700 millones

El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, después de un encuentro en el Parlament con los grupos parlamentarios previa a la comisión bilateral.

El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, después de un encuentro en el Parlament con los grupos parlamentarios previa a la comisión bilateral. / David Zorrakino (Europa Press)

La Comisión Bilateral Generalitat-Estado ha acordado un calendario de trabajo que incluye sucesivas reuniones entre el próximo mes de septiembre y enero de 2022 para abordar el traspaso de distintas competencias, ha informado la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, tras la reunión este lunes.

En una rueda de prensa tras la Comisión Bilateral, que ha durado alrededor de dos horas, la ministra ha calificado el encuentro de hoy como "una muy buena reunión" y "un buen comienzo en la reactivación del dialogo por parte del Gobierno de España"; lo ha calificado como "fructífero" y "muy constructivo" y ha dicho que se ha desarrollado en "buen tono", "amable y muy honesto", y en "un ambiente muy distendido".

Rodríguez ha asegurado que no se han abordado asuntos como autodeterminación y amnistía, que podrán ser objeto de la mesa de diálogo que debe reactivarse en septiembre, y que la representación de la Generalitat sí ha hablado de fondos europeos, pero la propia ministra ha señalado que, "por respeto a todas las autonomías y al sector empresarial", este no era "el marco más ajustado" para abordar ese asunto. En concreto, la ministra ha informado de que se han alcanzado cinco acuerdos "que van avalados por un calendario de trabajo para el próximo semestre".

Estos cinco acuerdos hacen referencia a la reducción de la conflictividad institucional; la encomienda a la Comisión Mixta de Transferencias para que se culmine el traspaso de materias como becas y ayudas al estudio; la creación de un grupo de trabajo para tratar traspasos "viables", como Formación Profesional; la reactivación de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales; y la creación de un grupo de trabajo para abordar el traspaso en el ámbito de los ferrocarriles.

Después de la mesa de dialogo prevista para septiembre, el calendario acordado hoy arrancará ese mismo mes con las "rodalies", que abordará un grupo de trabajo, y seguirá en octubre analizando otras materias "susceptibles de ser traspasadas".

En noviembre continuará con la Comisión de Infraestructuras y en diciembre con la de Asuntos Económicos y Fiscales, para convocar una nueva Comisión Bilateral en enero o febrero del próximo año en la que "analizar el fruto de este proceso", que espera sea "productivo".

Además, se ha acordado una aportación total de 200 millones de euros antes de fin de año para dar cumplimiento a la Disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que "La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años".

La titular de Política Territorial ha querido dejar claro que "la relación del Gobierno (central) es con el Gobierno (catalán) no se trata de una cuestión de partidos sino de una relación institucional y en ese marco de referencia constitucional es en el que se mueve el Gobierno de España".

El objetivo del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, ha insistido, es conseguir una relación "distinta" que permita "acabar con la conflictividad social y política en Cataluña", "siempre -ha añadido- en el marco de la ley y la Constitución".

Junto a la ministra de Política Territorial, en representación del Gobierno de España han estado presentes, entre otros, la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera; las secretarias de Estado de Hacienda, Inés María Bardón, y de Transportes, Isabel Pardo de Vera; y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

La delegación catalana ha estado encabezada por el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró; y los consejeros de la Presidencia, Laura Vilagrà, y de Economía y Hacienda, Jaume Giró.

Han asistido también la delegada del Govern en Madrid, Ester Capella; la secretaria general de la Presidencia, Núria Cuenca; el secretario general de la Vicepresidencia, Ricard Font; y el director general de Relaciones Institucionales y con el Parlament, Bernat Costas. La Comisión Bilateral Generalitat-Estado no se reunía desde el 1 de agosto de 2018.

Acuerdo para ampliar el aeropuerto de El Prat

La Generalitat y el Gobierno han alcanzado un acuerdo sobre la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat que "desbloquea" la inversión de 1.700 millones de euros propuesta por AENA y que permitirá además llevar la alta velocidad ferroviaria a los aeropuertos de Reus (Tarragona) y Girona.

El departamento de Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, comandado por Jordi Puigneró, y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige la exalcaldesa de Gavà (Barcelona) Raquel Sánchez, han alcanzado un acuerdo para convertir El Prat en un 'hub' intercontinental. Así, según ha informado la Generalitat, se ha acordado que "la solución concreta" sobre la ampliación de El Prat se determinará en el próximo Plan Director, que será posterior al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que debe aprobarse antes del 30 de septiembre. Antes se realizará una consulta previa a la Comisión Europea (CE) por la afectación medioambiental que puede tener el proyecto.

Este anuncio llega después de que en julio se celebraran varias reuniones técnicas entre administraciones públicas y Aena acerca de esta cuestión y de que Puigneró afirmara este sábado en una entrevista concedida a EFE que veía "cercano" un acuerdo. Según lo anunciado, El Prat quedará conectado en solo 30 minutos con los aeropuertos de Reus y Girona una vez llegue la alta velocidad a estas dos infraestructuras, que así descongestionarán el tráfico aéreo que llegue a Barcelona.

Sin embargo, quien tendrá la última palabra sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona es la Comisión Europea, puesto que los actuales planes de Aena pasan por construir una terminal satélite y alargar en 500 metros la tercera pista, que invadiría así el estanque de La Ricarda, en el Delta del Llobregat, un espacio protegido por la red europea Natura 2000.

La Generalitat y el Gobierno han acordado consultar al ejecutivo comunitario después de que sea aprobado el DORA —que comprenderá la partida económica correspondiente a la ampliación de El Prat, de unos 1.700 millones de euros—, pero antes de dar luz verde al Plan Director (donde se deberán concretar las actuaciones a llevar a cabo).

De esta forma, se mantiene el actual funcionamiento de pistas y se descarta otra de las posibilidades que había sobre la mesa: aumentar la frecuencia de vuelos hasta las 90 operaciones por hora, con el consecuente aumento de ruido para cerca de 17.000 vecinos de Castelldefels y Gavà.

En las reuniones técnicas de julio han participado la Generalitat, el Gobierno, Aena y las administraciones locales de El Prat, Barcelona, Viladecans, Gavà, Sant Boi de Llobregat y Castelldefels; además de Reus, Girona y Adif, que se reunieron en un encuentro a parte con los gobiernos catalán y central y el gestor aeroportuario.

El Ayuntamiento de El Prat ha mostrado su frontal rechazo al proyecto de ampliación mientras que el de Barcelona, de coalición entre comunes y socialistas, no ha escondido su división sobre la cuestión. También ha levantado la voz la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, de ERC, que afirmó que sería "la primera defensora de La Ricarda".

Por su parte, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha advertido de que antes de que "pueda salir adelante" la ampliación "es necesario abordar las deficiencias" en el Delta del Llobregat, por las cuales el ejecutivo comunitario ha abierto dos procedimientos de infracción a España.

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