El Congreso aprueba el recorte de beneficios para las eléctricas con el sí de ERC y la abstención del PNV
Podemos y Bildu votan a favor
El PNV se abstiene, mientras que PP y Vox han tratado de tumbar la ley
Madrid
El Congreso ha aprobado el recorte de beneficios para las compañías eléctricas, tras la votación en el Congreso. Además del PSOE y Unidas Podemos, fuerzas que integran el Gobierno de coalición y que suman 155 votos, han apoyado el decreto ley Esquerra Republicana (13), EH-Bildu (5), la CUP (2), Más País-Equo (2), el BNG (1), Compromís (1) Teruel Existe (1) y el PRC (1) y Nueva Canarias (1). Un total de 182 diputados, por encima de la mayoría absoluta, frente al rechazo de los 152 diputados del PP (88 diputados), Vox (52), Ciudadanos (9), UPN (2) y Foro Asturias (1). El PNV (6) y Junts (4) y el PDeCAT (4) se han abstenido.
El texto no se tramitará como proyecto de ley, ya que esa petición ha sido rechazada por 161 votos a favor, 182 en contra y dos abstenciones. En el debate previo, Ribera ha dicho que “no tiene sentido” hacerlo así porque se trata de medidas coyunturales que van a tener un aplicación inmediata.
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La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado que el Ejecutivo espera completar “en las próximas semanas” este plan de choque “con medidas adicionales que garanticen la cobertura a través de contratos bilaterales y precios razonables previos a la espiral del gas natural para la industria, reforzando simultáneamente la posición de los consumidores vulnerables acogidos al bono social”.
Ante la polémica que ha generado la principal medida del decreto, el tijeretazo a las eléctricas, Ribera ha dicho que quería “dejar bien claro” que “es una minoración aplicable solo a quienes hayan interiorizado esos beneficios extraordinarios (por el alza del precio del gas), no a quienes no lo hayan hecho y hayan garantizado precios estables antes de la escalada”.
Tampoco será aplicable ese recorte, ha puntualizado la vicepresidenta, “para quienes garanticen ex novo precios estables que no internalicen la evolución del precio del gas, al contrario, necesitamos impulsar cobertura de precios razonables para nuestra industria. Por ello estamos trabajando para asegurar su correcta aplicación y desarrollo”.
En su intervención, la vicepresidenta ha mostrado el “agradecimiento” del Gobierno a la batería de propuestas planteadas por la Comisión Europea para contener la inflación energética, pero ha reiterado la posición del Ejecutivo español de que hay que tomar medidas de forma conjunta en la UE, como la compra centralizada de gas natural o la creación de reservas europeas de gas.
Echenique vs el presidente de Iberdrola
Por Unidas Podemos, Pablo Echenique ha celebrado la convalidación de este real decreto que ha calificado de histórico. "Posiblemente uno de los primeros de la democracia, sin duda el más valiente, que no lleva el logotipo del oligopolio eléctrico, basta con ver las declaraciones rabiosas (contra el decreto) del señor (Ignacio) Sánchez Galán (presidente de Iberdrola)”, ha asegurado.
Echenique ha elogiado la “reducción drástica” de los denominados “beneficios caídas del cielo” que obtienen las eléctricas por la subida del precio del gas, y le ha rogado a Teresa Ribera que “no ceda a las presiones y chantajes de los oligopolios” para dar marcha atrás en esa rebaja de los ingresos extras.
“Vicepresidenta, no sé de qué habló ayer con Galán, supongo que no será fácil hablar con un tipo que contrata a Villarejo para sus asuntos turbios y que gana un millón de euros al mes”, le ha espetado.
Inseguridad Jurídica
Los grupos que han votado por la derogación del decreto han coincidido en denunciar su “inseguridad jurídica”, así como su “ineficacia”, toda vez que desde su aprobación por Consejo de Ministros el pasado 14 de septiembre, el precio del ‘pool’ eléctrico ha seguido disparado al alza.
En representación del PP, Guillermo Mariscal, ha dicho que es un decreto “arbitrario” que penaliza a todos los sectores de producción energética, a los consumidores y a la industria.
Desde las filas de Vox, José María Figaredo, ha hablado de un decreto que “vulnera la seguridad jurídica” y que incurre en “un sadismo fiscal superlativo” contra las eléctricas. Por Ciudadanos, Carmen Martínez Granados ha justificado el no de su grupo a la convalidación porque “es un fracaso desde el inicio”, representa “una intervención injustificada y arbitraria del mercado” y “un mazazo a las renovables”.
El PNV no ha consumado finalmente su amenaza de los últimos días de votar en contra de la convalidación, y se ha decantado por la abstención, una vez lograda una “aclaración” por parte del Gobierno del impacto en el recorte a las eléctricas, ha dicho la diputada Idoia Sagastizábal.
Ha asegurado que el PNV se abstiene porque aun reconociendo que el decreto contiene medidas positivas para los consumidores y las relacionadas con la subasta en la contratación, puede quedarse “en pan para hoy y hambre para mañana” y tener una repercusión negativa en la industria.
Joan Capdevila, de ERC, ha dicho que a su grupo le preocupa la inseguridad jurídica que provoca el decreto en las renovables.
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