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Polonia exige a la UE más sanciones para Bielorrusia y pide fondos europeos para construir un muro fronterizo

"Los castigos (actuales) no están funcionando, no impresionan demasiado a los dictadores", ha señalado el primer ministro de polaco, Mateu Morawiecki

Grupo de migrantes se calienta en el paso fronterizo de Grodno. / LEONID SCHEGLOV / HANDOUT EFE

Madrid

La situación en el paso fronterizo entre Polonia y Bielorrusia continúa siendo de una tensión palpable. Más de 17.000 soldados polacos fueron movilizados el martes, tras el primer intento de cruzar de los migrantes, y tanto la Unión Europea como Naciones Unidas siguen muy de cerca el enfrentamiento mientras estudian medidas.

Así, el primer ministro de polaco, Mateu Morawiecki, ha instado este miércoles a sus socios en la Unión Europea a endurecer las sanciones contra Bielorrusia por su "ataque híbrido" enviando miles de migrantes a la frontera con Polonia, por lo que ha pedido una cumbre telemática extraordinaria "antes de diciembre" para explorar nuevas medidas y pedido de nuevo fondos europeos para financiar la construcción de un muro fronterizo.

"No hay duda de que (el régimen de Alexander) Lukashenko está detrás de esta crisis y necesitamos aumentar la presión con el mecanismo de sanciones para asegurar que ceja en estas prácticas", ha dicho Morawiecki en una rueda de prensa en Varsovia acompañado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

De este modo, Morawiecki ha insistido en que la llegada de miles de migrantes a la frontera entre Bielorrusia y Polonia "no es una crisis migratoria sino una crisis política" generada por Minsk para desestabilizar al conjunto de la UE, por lo que ha reclamado firmeza del bloque en su respuesta.

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"Las sanciones no están funcionando, no impresionan demasiado a los dictadores", se ha quejado el mandatario polaco, para quien las medidas que ya impone la UE a Lukashenko y su entorno son insuficientes porque se limitan a impedirles la entrada en territorio comunitario y a congelar bienes que puedan tener en entidades europeas.

Varsovia quiere por tanto avanzar hacia "sanciones económicas" que hagan más daño a Lukashenko y también actuar contra las aerolíneas de terceros países en cuyos vuelos se trasladen grupos de migrantes irregulares hasta Minsk para facilitar después su tránsito hasta la frontera con la UE.

El Consejo Europeo viajará a Oriente Próximo para frenar el flujo

Charles Michel, que cambió su agenda la víspera para poder viajar este miércoles a Varsovia, ha recogido el guante del primer ministro polaco al admitir que "es importante decidir sobre sanciones muy concretas y efectivas", aunque ha abogado por avanzar primero por la vía diplomática en los contactos con los países de Oriente Próximo que son origen o tránsito de los migrantes que llegan a Bielorrusia.

En este sentido, el vicepresidente de la Comisión Europea responsable de Migración, Margaritis Schinas, prevé viajar a la región de Oriente Próximo en los próximos días para convencerles de que tomen medidas con las que contener el flujo migratorio irregular.

Michel ha apuntado que, además, habrá contactos con las aerolíneas para "explicarles los efectos concretos" de los vuelos que operan a Minsk en el "ataque híbrido" dirigido contra la frontera europea.

"Si no somos capaces de convencer con argumentos debemos estar dispuestos a decidir sobre sanciones específicas y operativas, porque necesitamos ser firmes. Lo que ocurre es grave y debemos reaccionar de manera firme", ha remachado Michel.

La financiación del muro fronterizo, una opción "legalmente posible"

Por otro lado, el presidente del Consejo europeo, que ha evitado toda referencia a la preocupación por el trato humanitario que reciben los migrantes en la frontera polaca, sí se ha abierto también a "aclarar" si se deben destinar fondos europeos a la construcción de muros en la frontera, tal y como reclaman Polonia y países bálticos pero se resiste Bruselas.

La Comisión Europea mantiene desde hace meses que no ve necesario destinar recursos comunes a instalar vallas o alambradas en la frontera exterior de la UE porque hay otras medidas más eficaces para el control y gestión migratorio, como la modernización de los puestos de control con tecnologías punteras o mejoras en el equipamiento de los agentes.

Sin embargo, Michel ha confirmado en su exposición que es el Ejecutivo comunitario quien "debe tomar la decisión" sobre el destino de los fondos, pero ha reforzado la petición de los países bálticos subrayando que los servicios jurídicos del Consejo han emitido una "opinión muy clara" que dice que es "legalmente posible" construir estos muros a cargo de las arcas comunitarias.

Por eso, ha pedido retomar la reflexión en el seno de los Veintisiete para aclarar "qué es posible y qué no" y si los socios de la UE podrían mostrar su "solidaridad" con los Estados miembro fronterizos con Bielorrusia permitiendo que se financien barreras físicas.

Los Veintisiete preparan nuevas sanciones

Después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidiera a los Veintisiete acelerar la adopción de la quinta ronda de sanciones contra Minsk y de que la situación se haya recrudecido en la frontera con Polonia, los Estados miembro han discutido ya este miércoles a nivel de embajadores el alcance de las restricciones, con la idea de aprobarlas lo antes posible.

Se espera que las medidas castiguen tanto a personas y entidades vinculadas a la instrumentalización de los migrantes como a responsables de la represión continuada en Bielorrusia, principalmente miembros de la judicatura y fuerzas de seguridad, han señalado fuentes europeas.

Tras esto, la nueva lista negra de la UE será definida por los grupos técnicos del Consejo, un proceso que el bloque quiere acelerar para tener las medidas listas lo antes posible, aunque existen dudas de que los textos legales estén preparados ya el próximo lunes, cuando se reúnan los ministros de Exteriores del bloque.

Una muestra de que los Veintisiete buscan una respuesta firme ante Lukashenko en este momento de crisis es que Suecia se ha comprometido a agilizar el proceso de adopción, que en su caso implica el visto bueno de su Parlamento nacional, tal y como han explicado otras fuentes europeas.

 
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