El pasaporte COVID coge fuerza en España

Madrid

El Tribunal Supremo estableció el pasado mes de septiembre las reglas para que las comunidades autónomas puedan implantar el pasaporte COVID. Lo hizo cuando revocó la decisión de Tribunal de Justicia de Galicia que había tumbado esta medida aprobada por el Gobierno de Núñez Feijóo. La medida, dijo el alto tribunal, es idónea, necesaria y proporcionada siempre que la incidencia del virus lo justifique, tenga un horizonte temporal y no se aplique de forma indiscriminada a todo el territorio. La sala calificó de "tenue" la confrontación de los derechos fundamentales en juego. De un lado igualdad, intimidad, libertad de circulación y protección de datos. Del otro, el derecho a la vida y a la salud sumado, dijeron, "al interés general de todos a sobrevivir en estas gravísimas circunstancias".

El beneficio que proporciona la medida, según la sentencia, "es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para acceder al local".

Los magistrados subrayaron que "se trata de locales donde la entrada es voluntaria y donde no se realizan actividades esenciales a los que se tenga obligación de acudir. Las personas pueden emplear su ocio de muy diversa forma, y pueden acudir a dichos locales, o no, pueden preferir terraza, o no, pero si pretenden ir al interior del establecimiento, que es un espacio cerrado y normalmente poco ventilado, donde el riesgo de contagio se incrementa han de exhibir la indicada documentación, que proporciona garantía, no absoluta, de no padecer la infección".

Recordaron que se trata de lugares en los que "no procede el uso permanente de la mascarilla, resulta difícil mantener la distancia de seguridad, se suele conversar con un tono e voz más alto, incluso cantar, lo que favorece la inhalación de gotas y aerosoles".

Después de este tirón de orejas, el Tribunal de Justicia de Galicia avaló el pasaporte COVID en Galicia. La decisión del Supremo sirvió de pista de aterrizaje para que Murcia, Cataluña y Baleares consiguieran que sus Tribunales Superiores de Justicia también avalaran esta medida.

Más difícil lo tienen Aragón y País Vasco. En Aragón han vuelto a elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad porque consideran que la reforma de la ley del Gobierno de Pedro Sánchez obligando a los gobiernos autonómicos a pedir autorización a los Tribunales Superiores de Justicia antes de aplicar medidas restrictivas les sitúa en una "posición de cogobierno" impropia del papel que tiene que tener el "juez de garantías" porque "excede de las funciones propias de la jurisdicción". En Euskadi, los magistrados tumbaron la medida de Urkullu con el poderoso argumento de que "por muy loable que este sea, el fin no justifica los medios cuando se vive en un estado de derecho".

Navarra, La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla León y Canarias estudian pedir a sus tribunales el aval para el pasaporte COVID ante el aumento de casos y bajo los criterios del Supremo. Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía y Cantabria, por el momento, lo descartan.