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Cospedal se acoge a su derecho a no declarar en la comisión Kitchen

La comisión parlamentaria de la operación Kitchen afronta sus dos últimas sesiones con la intervención este jueves de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y del expresidente Mariano Rajoy el próximo lunes. Se trata de la "trama política" o "inaceptable línea roja" al margen del entramado policial en el espionaje ilícito a Bárcenas que el juez no quiso cruzar, según la Fiscalía Anticorrupción

María Dolores de Cospedal, en una imagen de archivo. (Getty Images)

La exsecretaria del PP María Dolores de Cospedal se ha acogido este jueves a su derecho a no responder a los diputados de la comisión parlamentaria que investiga la presunta trama parapolicial para espiar y robarle documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Cospedal, secretaria general del PP entre 2008 y 2018, ha empleado los primeros minutos de su comparecencia, antes de que el diputado socialista Felipe Sicilia hiciera sus preguntas, para mostrar su intención de que no iba a emitir ninguna "contestación".

"Con todo el respeto que me merece esta comisión y al Congreso, como diputada que he sido, en respeto al principio de división de poderes, garantía a mi derecho a la defensa, les informo de que tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas. Me acojo a mi derecho constitucional de no declarar", ha afirmado.

La también exministra, a quien el juez sacó de la investigación judicial en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha recordado precisamente que en ese procedimiento "fue declarada exenta de todo tipo de responsabilidad en los hechos que se están enjuiciando hasta ahora en la fase de instrucción" y que ese auto ha sido recurrido por la Fiscalía y dos grupos.

La de Cospedal es la penúltima sesión de esta comisión, cuyas comparecencias se darán por concluidas este lunes a las 16:00 horas con el interrogatorio al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Cospedal, a quien el juez Manuel García Castellón libró de la imputación en su auto de procesamiento, pero que sigue pendiente de la decisión definitiva de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, será interrogada sobre diversas aristas de la causa.

Su comisario de confianza, imputado

La acusación considera que indiciariamente y como secretaria general del Partido Popular, estuvo involucrada en el desarrollo del operativo, y a tal efecto destinó al espionaje a su comisario de confianza, Andrés Gómez Gordo, quien había sido su director general de Análisis en Castilla-La Mancha y se encuentra imputado en el procedimiento.

Constan además numerosas anotaciones en la agenda de Villarejo, conversaciones grabadas por el comisario a su marido, Ignacio López del Hierro, y reuniones de la propia Cospedal con Villarejo desde 2009 en la sede central del PP ubicada en la madrileña calle de Génova 13. Más del doble de encuentros de los 3 ó 4 admitidos por la exsecretaria general, según su jefe de Gabinete, José Luis Ortiz.

Reuniones secretas con Villarejo en la sede del PP

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Se trataba además de reuniones subrepticias, que Cospedal trataba con la máxima discreción, enviando su coche oficial de lunas tintadas a la acera de enfrente, a no más de 30 metros, para recoger al comisario Villarejo e introducirlo en la sede por el garaje. Así subía de incógnito y directamente al despacho con el ascensor, sin pasar por recepción ni registrar su nombre en el libro de visitas.

En su recurso contrario al cierre de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción pidió que Cospedal continuase imputada porque su testimonio "no resultó creíble" sino "abiertamente contradictorio" con el de su jefe de Gabinete, y no consiguió desvirtuar las acusaciones iniciales contra ella.

Anticorrupción cree que Cospedal mintió

Anticorrupción detalló que esos encuentros con Villarejo en la sede del PP se producían a petición de Cospedal "para obtener información de las responsabilidades que para el PP pudieran presentar" las declaraciones de Bárcenas y sobre todo, datos sobre los "documentos que pudiera tener" el extesorero sobre el Partido Popular. Precisamente el objetivo del operativo Kitchen.

Anticorrupción criticó el cierre "precipitado y en falso" de la causa y acusó al juez instructor de querer "artificialmente delimitar el procedimiento al Ministerio del Interior".

Para la Fiscalía, existen indicios de que al margen de una "trama policial" con la cúpula de Interior como principales responsables, también existió una "trama política" con la participación de "dirigentes" del Partido Popular y sostiene que resulta "imprescindible dilucidar" esta posible responsabilidad.

Los fiscales lamentan en alusión al juez que "parece que este paso no se quiera dar, hay una rotunda negativa a seguir investigando en esta dirección, como si se hubiera establecido un cordón o inaceptable línea roja que no se pudiera traspasar".

 
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