La Audiencia Nacional rechaza prohibir los actos de apoyo a los presos de ETA en Pamplona y Arrasate
El juez Calama dice que los actos convocados por SARE en Pamplona y Arrasate carecen a priori de encaje en el código penal, recalca que no puede actuar de forma preventiva porque de lo contrario, atentaría contra la libertad de expresión
Audiencia Nacional. / GettyImages
Madrid
El titular del juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha rechazado, de acuerdo con la Fiscalía, prohibir los actos convocados por la plataforma SARE este 31 de diciembre en Pamplona y Arrasate, en favor del acercamiento de los presos de ETA.
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El juez destaca en su escrito que en ninguna de las dos localidades, incluida esta última que contará con tres expresos etarras relevantes, entre ellos Henry Parot, autor de 39 asesinatos, hay indicios de que vaya a cometerse un delito de enaltecimiento del terrorismo o de humillación a las víctimas.
El magistrado basa su aseveración en los informes policiales y del fiscal, y en la información recabada de la propia convocante SARE, que ha anunciado que no colocará los nombres de los etarras en la pancarta y ya ha dicho que solo es una concentración para reclamar el acercamiento de presos, no un homenaje, lamentando que haya sido malinterpretada la convocatoria.
En respuesta a la plataforma de víctimas del terrorismo APAVAT y a la asociación Dignidad y Justicia, que solicitaban la prohibición, José Luis Calama destaca que “no existe constancia alguna que permita afirmar, con la exigencia que en Derecho se requiere para poder restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, que se haya producido o se vaya a producir delito alguno en los actos convocados”.
En este sentido, recuerda que “no puede actuarse en el derecho penal con carácter preventivo, pues tal proceder implica asociar consecuencias jurídicas limitativas de derechos o imponer directa o indirectamente sanciones sobre la base de meras hipótesis, sobre la futura e incierta comisión de delitos”.
En cualquier caso, el juez ordena a la policía que vigile para que se cumpla la ley, y recuerda que el parlamento europeo pidió en 2018 que no se hicieran homenajes a terroristas, por lo que corresponde a las Cortes, y no al poder judicial, legislar al respecto para evitar susceptibilidades.
