Una legislatura endiablada

Madrid

La semana que viene, salvo un giro tan colosal como inesperado, Mariano Rajoy va a iniciar su segundo mandato como presidente del Gobierno. El Comité Federal del PSOE decidió el domingo cambiar su posición y abstenerse en la segunda votación para facilitar la investidura del líder del PP.

Nunca antes en democracia un Gobierno inició su andadura con tantas debilidades, con tantos obstáculos. Nunca antes en democracia una legislatura empezó con más incógnitas, con menos certezas. En definitiva, nunca antes en democracia una legislatura comenzó con tantas posibilidades de concluir antes de tiempo. Estamos, en definitiva, ante la legislatura más difícil de nuestra historia reciente, al menos en términos de gobernabilidad. Según la agenda que tiene por delante el nuevo Ejecutivo, se antoja un milagro que la legislatura llegue viva a 2020.

Si llegar hasta aquí ha costado más de diez meses y pasar por dos elecciones generales, lo que viene ahora es el más difícil todavía. Lo más inminente en esa agenda gubernamental es la formación del propio ejecutivo, y aquí viene el primer problema para Rajoy. El candidato popular tendrá que elegir, y elegir es descartar, y descartar implica prescindir. Si Rajoy es el hombre que mejor espera, también es el hombre que peor prescinde. En toda la legislatura anterior solo hizo cuatro cambios de ministros, y los cuatro fueron obligados, por distintas razones: Alberto Ruiz-Gallardón, José Ignacio Wert, Miguel Arias Cañete y Ana Mato.

¿Mantendrá Rajoy a Jorge Fernández Díaz al frente de Interior? ¿Lo hará después de que fuera reprobado la semana pasada en el Congreso? El partido que va a facilitar la investidura de Mariano Rajoy, el PSOE, ha dejado muy clara su opinión sobre el actual ministro en funciones. "No puede ser ministro de una democracia quien levanta y sostiene un sistema de policía política; no puede ser ministro quien, utilizando organismos del Estado, busca y usa información para atacar a los adversarios políticos del Partido Popular", dijo la diputada socialista Ángeles Álvarez la semana pasada en el Congreso.

No obstante, a María Dolores de Cospedal le preguntaron este verano si la continuidad de Fernández Díaz podría ser un obstáculo para investir a Rajoy. "No creo que ese tipo de cuestiones vaya a ser un impedimento [para la investidura]", dijo la secretaria general del PP el pasado julio.

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Sumemos a esto los equilibrios internos que deberá intentar mantener Rajoy con ministros abiertamente enfrentados, como Cristóbal Montoro y Luis de Guindos; batallas de poder domésticas nunca resueltas, como la de Soraya Sáenz de Santamaría con María Dolores de Cospedal; o los incendios que provoca José Manuel García Margallo cuando, a juicio de muchos populares, habla más de la cuenta.

Otro quebradero de cabeza para el futuro Gobierno será la endiablada agenda judicial. El PP se enfrenta a su procesamiento como formación política, a tres juicios clave y a una investigación parlamentaria que puede poner en serios aprietos al Gobierno.

En su acuerdo de investidura con Ciudadanos, la formación de Albert Rivera exigió que en el plazo de tres meses desde la formación del Gobierno se pusiera en marcha una comisión de investigación sobre la financiación ilegal del PP. Al margen de este compromiso, que el PP aceptó, el PSOE registró una petición en la cámara para lanzar esa investigación parlamentaria.

Las pruebas que durante los últimos años han acumulado varios juzgados se antojan suficientes para aventurar la conclusión de esa comisión parlamentaria. Hay pruebas, como los papeles de Bárcenas, que el propio extesorero del PP reconoció como ciertos en enero del año pasado en La Sexta: "Que Rajoy conocía la contabilidad lo llevo diciendo desde el primer momento. Cómo no va a conocer la contabilidad del Partido Popular el señor Rajoy si recibía un sobre que le entregaba don Álvaro Lapuerta directamente en su despacho mientras estuvo en Génova y se lo llevaba al ministerio cuando era ministro (...) Esas anotaciones son ciertas, desde el primer apunte hasta el último apunte", dijo entonces el extesorero.

Hay pruebas y también numerosos testimonios, como el de Francisco Correa, el presunto cabecilla de la Gürtel, en el primer juicio derivado de esta trama: "Yo creo que he dicho suficientes cosas aquí referentes a Luis Bárcenas en cuanto a que ha reconocido que le ha aportado grandes cantidades de dinero. Estos 70.000 euros no significan nada en todo el reconocimiento que he estado durante todo el día confirmando que he llevado al Partido Popular y a Luis Bárcenas", declaró el presunto cerebro de Gürtel.

Si el Congreso concluye que el PP se financió ilegalmente con Mariano Rajoy al frente del partido, su continuidad estará de nuevo en entredicho, a pesar de que el propio líder popular considere que todo esto es antiguo y ya se depuraron responsabilidades políticas. "Este es un asunto donde se están juzgando acontecimientos que ocurrieron hace muchos años (...) No hay ningún militante del Partido Popular aquí y ahora lo que digan los tribunales es lo que todos tenemos que respetar", argumentó el presidente en funciones.

Al examen parlamentario se unen tres juicios a una etapa de corrupción masiva instalada en el corazón del PP.

Primero, el primer juicio del caso Gürtel, que ya ha dejado testimonios que sitúan al PP como un partido que durante 20 años se financió ilegalmente con mordidas de constructoras. "Carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente... Venía un empresario, 'a ver si podemos conseguir que esta obra sea para nosotros', y yo se la pasaba a Luis Bárcenas; Luis Bárcenas la gestionaba con el correspondiente ministerio y si conseguíamos la adjudicación, el empresario entregaba un porcentaje del dos o el tres por ciento y luego yo se lo llevaba a Génova", relató Francisco Correa.

Segundo, el juicio por la destrucción del ordenador del tesorero del PP que supuestamente guardaba los secretos financieros de un partido bajo sospecha.

Y tercero, el juicio por los papeles de Bárcenas, donde ya se han acreditado decenas de apuntes verdaderos que conducen a concluir la financiación ilegal del partido con dinero negro durante al menos 20 años. De esas dos décadas, los últimos cuatro años fueron bajo el mandato de Mariano Rajoy, que nombró a Bárcenas tesorero nacional, le respaldó con aquel SMS de "Luis sé fuerte" y le puso un sueldo de 200.000 euros al año con chófer y secretaria cuando ya estaba imputado.

Las sentencias de estos tres juicios que están por venir. Algunos más que se acumulan en la Comunidad Valenciana se irán conociendo en los primeros meses de la legislatura más difícil y señalarán con el dedo acusador al Gobierno y a su presidente, que ejercía el control del partido cuando ocurrieron los hechos.

Después está la gestión puramente económica, otra asignatura difícil donde la oposición puede oponerse a recortar donde el PP quiere o imponer gastos que el PP rechaza.

En este capítulo, el primer problema serio que deberá afrontar Mariano Rajoy es la negociación para sacar adelante unos presupuestos donde la mayoría parlamentaria quiere influir con medidas a las que se opone el Partido Popular.

Los presupuestos deberán incluir, forzados por la Unión Europea, unos recortes de 5.500 millones de euros. A simple vista, esas cuentas abocan a una cuadratura del círculo.

Y esto nos lleva al día a día de un Parlamento donde el partido del Gobierno tiene menos capacidad de maniobra que nunca. Con el gabinete todavía en funciones, ya se ha visto cómo la oposición ha lanzado varias iniciativas legislativas, el Ejecutivo ha vetado algunas, el Congreso las ha sorteado y al final, todo indica que será el Constitucional el que decida.

Sin contar a Ciudadanos, que es el aliado natural del PP, la oposición suma mayoría absoluta y ya se han puesto de acuerdo, por ejemplo, para presentar una propuesta de subida de las pensiones. PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y el Partit Demòcrata Català —la antigua Convergència— registraron una proposición de ley para revalorizar las pensiones en 2017 en la misma medida que suba la inflación para no perder poder adquisitivo.

El Gobierno intenta frenar iniciativas utilizando una herramienta parlamentaria que básicamente establece que el Congreso no le puede imponer nada que implique aumentar el gasto. La oposición replica que como los presupuestos aún no están aprobados no está justificado que se vete siquiera la tramitación.

El Gobierno está estudiando acudir al Constitucional para que dirima esta discrepancia. De su veredicto puede depender también la duración de la legislatura.

El mandato de Mariano Rajoy se puede convertir en una rectificación de todas sus políticas a través de reformas legislativas de obligado cumplimiento en asuntos claves para el futuro de España. Entre ellos, una nueva ley educativa, la reforma de las pensiones, la sanidad universal para atender a inmigrantes indocumentados, el futuro de los centros de internamiento de extranjeros, la política de impuestos y la revisión del proceso de amnistía fiscal o la derogación de la Ley mordaza.

El PP tiene otra arma para, si no impedir, sí frenar iniciativas legislativas de la oposición: es el Senado, donde tiene mayoría absoluta. Pero su capacidad de veto es limitada porque la última palabra —salvo que se trate de una reforma constitucional— la tendrá el Congreso, aunque sí puede dilatar los plazos y frenar lo que venga de la Cámara Baja que no le guste.

Del Senado depende también el nombramiento de cuatro de los doce magistrados del Tribunal Constitucional y de diez de los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial. La Cámara Alta puede también impulsar comisiones de investigación, así que ahí el PP puede responder a investigaciones parlamentarias que le hagan en el Congreso, y no tenga más remedio que aceptar porque no tiene la mayoría, y vengarse abriendo otras en el Senado para hurgar en heridas de los partidos de la oposición.

Así que, además de un conflicto entre poderes, entre el ejecutivo y el legislativo, puede plantearse otro entre cámaras, entre Congreso y Senado.

Otra cuestión que va a condicionar la legislatura es el desafío soberanista catalán. A partir del verano próximo, si nada cambia, la Generalitat convocará su anunciado referéndum unilateral sobre la independencia.

En la respuesta judicial al desafío independentista, el PP cuenta con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Es en la reacción política donde surgen las diferencias. El PP no se ha movido un ápice más allá de contestar en los tribunales cada movimiento considerado ilegal de la Generalitat y que, de momento, ya tiene procesados al expresident Artur Mas; a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau; a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; y al portavoz convergente en el Congreso, Francesc Homs.

El PP cree que no hay nada que hablar con quien se salta abiertamente la ley, ni nada que negociar bajo la amenaza de un referéndum de independencia. Los socialistas, en cambio, creen que hay que buscar un nuevo encaje de Cataluña en España a través de una reforma constitucional de corte federal.

Una vez investido, Mariano Rajoy tendrá en su poder el botón nuclear de las elecciones. A partir del próximo 3 de mayo, cuando se podrán volver a disolver las Cortes si hay Gobierno, el líder del PP tendrá plena libertad para llamar a las urnas cuando más le convenga. Y los socialistas, en pleno proceso de reconstrucción interna, tendrán que hacer lo posible para que Rajoy no convoque esos comicios antes de que estén preparados para afrontarlas; es decir, que estén al menos en condiciones de evitar el mal que querían impedir con su abstención: un descalabro electoral.