Cinco años de 'policía política' del PP

Madrid

El 21 de junio, el diario Público difundió unas grabaciones del ministro del Interior conspirando con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña en busca de escándalos para perjudicar al independentismo. Esas conversaciones demuestran que el Gobierno ha utilizado los resortes más opacos del Estado para combatir el secesionismo catalán desde hace años. Algo que también se ha hecho más reciéntemente contra Podemos.

Las grabaciones forman parte de un complejo puzle que se intuye pero que no termina de encajar. ¿Existe una policía política a las órdenes del Gobierno operando desde las denominadas cloacas del Estado?

La mayoría de esos escándalos que han afectado al independentismo catalán, a sus partidos o a sus dirigentes ha tenido su origen en investigaciones policiales de misteriosa procedencia: dossieres sin membrete, informes sin firma, capturas de pantalla convenientemente filtradas a los medios... Todo, facilitado desde los alrededores del Ministerio del Interior. Algunas investigaciones han ido bien encaminadas, pero otras muchas no.

Por el contrario, de los numerosos casos de corrupción que han sacudido al PP, ni uno solo ha tenido su origen en una investigación policial. Todos han procedido de delaciones internas, de declaraciones de arrepentidos o por la actuación de terceras personas o instituciones.

¿Cuándo empiezan a aparecer esas investigaciones policiales de las que nadie se responsabiliza?

Las primeras investigaciones surgen en verano de 2012. Las conversaciones difundidas por el diario Público se publicaron cinco días antes de las elecciones generales. El pasado miércoles, el propio ministro Jorge Fernández Díaz seguía viendo una clara intencionalidad política en el momento en el que se habían difundido.

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El ministro debía de saber bien de lo que hablaba porque ese criterio de oportunidad política a la hora de difundir según qué informaciones ha sido uno de los principios que ha guiado su actuación. En las propias grabaciones reveladas por Público, el ministro se retrata al hablar con Daniel de Alfonso, el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, sobre las investigaciones que hay sobre dos destacados dirigentes convergentes, Felip Puig y Francesc Homs, que entonces eran conseller de Interior y portavoz de la Generalitat, respectivamente.

Esa conversación se produce apenas quince días antes de la consulta separatista del 9 de noviembre de 2014. El ministro lo quería "para la semana que viene" porque le interesaba políticamente.

Los primeros informes surgen en verano de 2012; es decir, pocos meses antes de las elecciones anticipadas que convocó Artur Mas en Cataluña de noviembre de ese año. El independentismo catalán está entonces en plena efervescencia. Este es el contexto en el que empiezan a aparecer esas opacas investigaciones policiales.

¿A quiénes investigan los primeros informes?

Los primeros dossieres investigan a personas de todo el ámbito independentista, desde Artur Mas o Jordi Pujol y toda su familia hasta Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán que antes dirigió la Asamblea Nacional Catalana. También al exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, o a destacados miembros de Convergència y Esquerra, como demostraron las grabaciones de Público.

En el verano de 2012 aparecen dossieres sin firma pero con membrete de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de Jordi Pujol y Artur Mas. Les atribuyen fortunas acumuladas en bancos suizos que nunca se pudieron acreditar.

La entidad helvética Lombard Odier dice que esas cuentas no existen y el Ministerio del Interior se quita de en medio y asegura que no reconoce ese informe como oficial y que desconoce su autoría. Todo esto llevó a Jordi Pujol a preguntarse el 11 de enero de 2013 "¿qué coño es esto de la UDEF?".

En verano de 2013, la expareja de Jordi Pujol Ferrusola denuncia, acompañada de policías de la UDEF, el supuesto blanqueo de capitales y fraude fiscal de su exnovio.

A raíz de esa denuncia, el juez Pablo Ruz abrió una investigación que destapó el supuesto pago de ocho millones de euros en comisiones ilegales por parte de empresas contratistas de la Generalitat de Cataluña al hijo mayor del expresidente catalán durante casi una década. Jordi Pujol Ferrusola está imputado por blanqueo de capitales. La causa sigue instruyéndose en la Audiencia Nacional.

En el verano de 2014, la UDEF llevó a la Fiscalía Anticorrupción un dossier sobre el patrimonio multimillonario de otro hijo de Jordi Pujol, Oleguer, con la sospecha de que procedía de comisiones ilegales cobradas por su padre.

El informe le atribuye una fortuna de 300 millones de euros y un patrimonio inmobiliario valorado en más de 2.000 millones. Ninguna de las dos denuncias resultó cierta.

Oleguer Pujol está imputado en la Audiencia Nacional por un supuesto delito fiscal vinculado a unos beneficios cobrados en el extranjero y no declarados, no por lo que decía ese dossier.

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En verano de 2014, la Policía acreditó la existencia de una cuenta corriente en un banco andorrano a nombre del expresident Jordi Pujol. Nadie había ordenado esa investigación. El cuerpo filtró la noticia al diario El Mundo.

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Pujol reaccionó con un comunicado en el que reconocía la existencia de esa cuenta pero la vinculaba a un dinero que le dejó en herencia su padre. Sin embargo, la investigación judicial sobre las cuentas de los Pujol en Andorra acreditó movimientos de ingentes cantidades de dinero de origen desconocido que se repartieron todos sus hijos durante años.

A raíz de aquello, el Parlament abrió una comisión de investigación en la que compareció un altivo y desafiante Jordi Pujol. El expresident no entendía que le estuvieran haciendo eso a él y dio a entender que igual no caía solo si se escrutaba igual a toda la clase política.

Pujol intentó justificarse diciendo que él no entró en política para hacer dinero, que ya tenía dinero antes de entrar en política, aunque existan enormes cantidades que aún no haya podido probar de dónde han salido.

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El 27 de octubre de 2014, dos semanas antes de la consulta independentista del 9-N, la Policía filtró a El Mundo la existencia de una supuesta cuenta en Suiza del entonces alcalde de Barcelona con casi 13 millones de euros. Para tratar de acreditar la autenticidad el diario llegó a publicar el número de cuenta corriente.

Esa misma mañana del 27 de octubre, visiblemente enfadado, Trías negó tajantemente en la Cadena SER la existencia de esa cuenta.

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El exalcalde de Barcelona logró que el banco UBS certificara que no tiene ningún dinero guardado en esa entidad y que el número de cuenta publicado ni siquiera corresponde a la numeración que utiliza ese banco. Consecuentemente, la fiscalía archivó la investigación porque no había motivos para seguir con ella.

Como reveló la Cadena SER, la Policía también elaboró y distribuyó informes sobre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que fue antes presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, una de las instituciones civiles que más ha impulsado el indepedentismo.

Se investigó a Forcadell y también a su marido, a sus hijos, hermanos y a los principales miembros de la asociación, a los que se llega a vincular con ETA. Nada de eso se ha demostrado.

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De todas las investigaciones sobre el entorno del independentismo catalán, solo dos iban bien encaminadas: las del dinero del clan Pujol en Andorra y sus tejemanejes. El resto era mercancía averiada.

El secesionismo catalán no ha sido el único objetivo de la Policía. Desde el verano pasado, también Podemos pasó a ser algo prioritario. Como consecuencia de la amenaza que supone la formación de Pablo Iglesias para la hegemonía del PP en ayuntamientos, comunidades y el Gobierno de España, determinados departamentos policiales trabajan para hurgar en las finanzas de la formación morada.

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Agentes de la UDEF acumulan informaciones sobre las cuentas de Podemos con las que hacer un informe, denominado PISA (acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima), que intentan colocar en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional para que se impute a los dirigentes del partido por financiación ilegal. Tanto jueces como fiscales tumban el informe. Después de que el dossier saliera a la luz, Pablo Iglesias apuntó directamente al Gobierno.

El jefe de la UDEF terminó enviando el informe PISA al Tribunal de Cuentas, que aceptó incorporarlo a sus trabajos de auditoria sobre la financiación del nuevo partido político.

En paralelo también hay otro intento de poner en cuestión las finanzas de Podemos. Varios agentes de la UDEF visitaron en Estados Unidos al que fue ministro del Poder Popular para las Finanzas de Hugo Chávez. Los policías querían que ratificase en una declaración la veracidad de un documento en el que el entonces presidente venezolano aprobó destinar siete millones de euros a crear en España "fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano", en lo que la Policía considera una clara referencia al nacimiento de Podemos. Se levantó atestado policial de aquella iniciativa, no avalada por ningún juez, que a día de hoy aún no se ha judicializado.

De todos los grandes escándalos de corrupción que han afectado a dirigentes del PP (el caso Rato, el caso Gürtel, el caso Púnica, el caso Gustavo de Arístegui-Pedro Gómez De la Serna, el caso Bárcenas...), ninguno ha tenido su origen en una investigación por iniciativa de la Policía, sino en la denuncia de arrepentidos, terceras personas o instituciones.

Qué dice el Gobierno

La Cadena SER ha ofrecido a Jorge Fernández Díaz que dé su versión pero el ministro del Interior en funciones ha declinado la invitación. De todas formas, como hemos comprobado, cada vez que una investigación policial ha hecho agua, el Ministerio ha negado la oficialidad de los documentos.

A Fernández Díaz se le preguntó en el Congreso por la actuación de una parte de su departamento, pero lo ha negó todo, como el pasado 6 de abril, antes de que el diario Público desvelara las grabaciones en las que el ministro habla abiertamente de filtrar a los medios investigaciones policiales sobre políticos independentistas catalanes.

En noviembre de 2014, el ministro aseguró en el Congreso que, ante los primeros indicios sobre la supuesta cuenta en Suiza de Xavier Trias, su departamento ordenó a la Policía que indagara sobre esta y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "como es su obligación", abrieron una investigación y la trasladaron a la Fiscalía Anticorrupción. También aseguró que, después de que El Mundo publicara sus portadas sobre el entonces alcalde de Barcelona, Asuntos Internos buscaba el origen de la filtración.

Sobre el origen de audios y su posterior filtración, no sobre su contenido, el Ministerio del Interior mantiene abierta una investigación. Patricia López, la periodista que las reveló, sospecha que está en el punto de mira de la Policía. "No tengo constancia legal puesto que no existe todavía un juez que esté encargado de todos estos hechos y los investigadores de la comisaría general de la Policía Judicial no pueden realizar determinadas investigaciones, como [rastrear] el posicionamiento de mi teléfono o del teléfono de Carlos Enrique Bayo [el director de Público], los correos electrónicos que hayamos podido recibir o enviar... Para todo eso se necesita una orden judicial que, en estos momentos, la Policía no tiene", explica López. "Pero sí nos han llegado informaciones, incluso por propios policias, de que saben que nos hemos reunido con alguien en un parque. A lo mejor esas reuniones no tienen absolutamente nada que ver con las grabaciones del ministro del Interior, pero nos sorprende que miembros del Cuerpo Nacional de Policía puedan saber que esas reuniones se han efectuado", añade.

¿Puede investigar a personas sobre las que no pesa denuncia alguna y sin que medie ninguna orden judicial?

La Policía tiene "capacidad de investigar", pero "está completamente prohibido" que lo haga con "carácter prospectivo", es decir, que indague sobre una persona para ver si encuentra algo sospechoso, explica Álvaro García, de la Unión Progresista de Fiscales.

Dadas las capacidades de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, éstas deben tener "mucho cuidado" en cómo las ejercen, explica García. Excepcionalmente, recuerda, en supuestos como yihadismo o terrorismo se establecen observaciones sobre algunos grupos de persona de riesgo, pero únicamente cuando está en juego la seguridad del Estado.

"Lo que no podemos tener es una Policía de la que desconfiemos, que se instrumentalice con otros fines", zanja Álvaro García.