Cuando las grandes empresas colonizan la España vaciada

Madrid

La palabra macrogranja se les queda corta a las vecinas de Noviercas (Soria) para describir el proyecto industrial que la empresa navarra Valle de Odieta pretende instalar en su pueblo. De llevarse a cabo esta iniciativa, los 150 habitantes del municipio convivirían junto a una explotación con 23.520 vacas lecheras. “Esto ya no sería una macrogranja. Es una gigagranja”, bromea la bióloga Begoña Izquierdo.

Agrupadas bajo una asociación llamada Hacenderas por la forma en la que se denomina el trabajo comunitario en la zona, las vecinas de este pequeño pueblo soriano luchan para que este proyecto no se lleve a cabo en el territorio. “Quieren tomar los bienes naturales de todos; el aire, la tierra, el agua... para beneficio de una empresa privada enorme, que será la única beneficiada. Los perjuicios, en cambio, serán para todos”, denuncia Izquierdo.

Según un informe elaborado por esta misma asociación, los purines que vertería al medio ambiente esta macrogranja contaminarían lo mismo que una ciudad de 800.000 habitantes o una granja de 300.000 cerdos. Datos que, a ojos de quienes están a favor del proyecto, se justifican con los puestos de trabajo que supuestamente se generaría en la zona. En total, según la empresa, unos 150 puestos directos.

En la macrogranja de Noviercas se produciría “un quinto de la leche de toda España”, cuenta Míriam Tello, vecina del pueblo, mientras se pregunta a cuántas explotaciones pequeñas sacaría del mercado este modelo de negocio. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos ya ha hecho el cálculo. Según COAG, un proyecto como este supondría el cierre de 450 pequeñas explotaciones familiares y la pérdida de 700 puestos de trabajo.

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Una aldea gala en medio de una vaquería

Montse García es otra de las vecinas que se ha opuesto a la macrogranja. "Nos vendieron este proyecto, hace seis años, como la salvación del pueblo. Íbamos a tener trabajo, aumentaría la población, tendríamos tiendas... de todo", recuerda García con cierto escepticismo. Muchos vecinos firmaron el compromiso de venta de sus terrenos para instalar allí la vaquería. Desde entonces, sin embargo, a la espera de que el proyecto salga adelante, Miguel García explica que la empresa tan solo ha pagado el 10% de estas tierras a sus propietarios.

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Hoy, la parcela de Montse es la única que resiste en medio de este terreno. Ella se negó a vender, y cuenta que sufrió presiones por parte de la empresa y de otros vecinos para que cambiara de opinión. "Se nos empezó a acosar para que vendiéramos. Dividieron el pueblo", opina esta vecina. "Lo que más se nota ahora es el silencio. Nadie quiere hablar ni dar su opinión. Aunque la vaquería ya no se haga, el daño en el pueblo ya está hecho".