El Gobierno de Ayuso aprueba la ley Ómnibus para mandarla a la Asamblea

Madrid

La Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus, un texto que se remite ahora a la Asamblea de Madrid para que inicie la tramitación legislativa y culmine con su entrada en vigor.

Así lo ha anunciado el portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de gobierno, donde se ha aprobado este proyecto, tras su tramitación por vía de urgencia, que ahora previsiblemente será aprobado en la Cámara regional con el apoyo de Vox y pese al rechazo de los grupos de la izquierda madrileña.

Ossorio ha explicado que la ley Ómnibus es una reforma legal del Ejecutivo autonómico que actúa sobre 50 textos normativos, entre ellos 31 leyes, tres decretos legislativos, seis nuevas regulaciones de rango legal y dos decretos.

En este cómputo se incluye la derogación total o parcial que el proyecto realiza sobre cuatro leyes y otros cuatro decretos.

La decisión de Ejecutivo regional de validar la Ley Ómnibus llega después del dictamen favorable de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y de un periodo de audiencia e información pública.

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Durante este proceso se recibieron unas 600 alegaciones que han permitido mejorar el texto elaborado por la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, a través de la Comisión Interdepartamental para la Reducción de Cargas Administrativas y la Simplificación Normativa.

Con esta norma, en el marco del Plan para la Reactivación de la Comunidad de Madrid tras la crisis de la covid, se calcula un ahorro anual de un millón de euros para los contribuyentes por la reducción de los trámites y cargas administrativas, además de mejorar la eficiencia del servicio que se presta en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

Los objetivos de las reformas de la Ley Ómnibus son impulsar la actividad económica en la región, adaptar el cuerpo normativo actual a las nuevas realidades sociales y económicas, eliminar cargas innecesarias y modernizar la organización administrativa.

Por parte de la Consejería de Sanidad, el proyecto de Ley contempla la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, adscrita al Sermas, y que ha sido criticada tanto por asociaciones y sindicatos de sanitarios como por la oposición en la Asamblea de Madrid porque, a su juicio, podría impulsar “privatizaciones” en asistencia sanitarias.

En materia gestionada por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, la Ley Ómnibus permitirá con su entrada en vigor mejorar la empleabilidad de las personas vulnerables y se agilizará la gestión de la Renta Mínima de Inserción (RMI).

En el ámbito de las competencias de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se recoge la reforma de la Ley del Juego, que refleja, entre otras medidas, una modificación del régimen de publicidad, promoción y patrocinio con el fin de regularlo de manera ordenada.

En el ámbito de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, la ley incluye una modificación de la Ley 9/2001 del Suelo, un proyecto también muy criticado por la oposición que denuncian que, a través de esta modificación, se podría construir en cualquier tipo de suelo, incluso protegido.

A través de la Ley Ómnibus, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo introduce cambios en la Ley regional de Tasas y Precios Públicos con el fin de incorporar nuevas exenciones y reducciones en el ámbito educativo, del medio ambiente, la formación y el empleo.

Desde la Consejería de Administración Local y Digitalización se propone la modificación de la Ley 2/2003 de Administración Local, con el objetivo de crear mancomunidades de interés general y simplificando el procedimiento para el cambio de sus estatutos.

La Consejería de Transportes e Infraestructuras adapta la normativa autonómica de carreteras a las nuevas vías de comunicación (carreteras multicarril o doble calzada y las vías ciclistas) y, además, se contempla la elaboración y aprobación de una Estrategia de Seguridad Viaria de carácter multidisciplinar.

En materia de Deporte, entre otras medidas, refuerza la protección a los menores y adolescentes con medidas como la exigencia del certificado negativo en el registro de delincuentes sexuales y trata de seres humanos a aquellos profesionales o voluntarios que trabajen con menores en el ámbito deportivo.

Por último, se destaca que el proyecto de Ley aprobado atribuye a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno y da carácter permanente a la Comisión Interdepartamental de Simplificación Normativa y Reducción de Cargas Administrativas.