Mari Ángeles, setenta años y con una orden de desahucio el 8M

La casa de María Ángeles está llena de plantas, peluches, fotos y cuadros del Atlético de Madrid. “¿Dónde voy a meter todo cuando me echen?”, se pregunta. Tiene 70 años y una discapacidad, pero se ve obligada a trabajar hasta las 10 de la noche porque Lazora, el fondo buitre al que pertenece su vivienda- inicialmente, de protección oficial-, le ha triplicado el precio del alquiler.

Un alquiler triplicado

El piso lo consiguió a través de un sorteo de vivienda municipal de la Comunidad de Madrid durante el gobierno de Esperanza Aguirre. En esa época, recién divorciada, no tenía ahorros porque no había podido trabajar fuera de casa y en el momento de la separación se encontró con cincuenta años, sin vivienda y sin pensión. “Tuve que acudir a los servicios sociales para que me proporcionasen una ayuda. Primero pagaba un alquiler por una habitación y años después accedí a los pisos de Villalba", recuerda. Ahora, con setenta años, sigue trabajando en una residencia de la tercera edad por el salario mínimo interprofesional.

Sin embargo, cuando Lazora compró la vivienda y le cambiaron las condiciones del contrato, subiendo el precio del alquiler, Mari Ángeles dejó de pagar y fue denunciada por el fondo de viviendas. Aún así, tanto el abogado de oficio, como el Real Colegio de Abogados declararon el caso insostenible dejándola sin protección.

Asamblea de Vivienda de Villalba

Abandonada por la administración y el sistema judicial, el desahucio está programado para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. De hecho, las asociaciones feministas de Villalba tienen una parada el próximo martes en la casa de Mari Ángeles para mostrarle su apoyo. Lo mismo que la Asamblea de Vivienda de Villalba que lleva un tiempo siguiendo su caso. "Lo importante es el acompañamiento emocional, más incluso en el caso de Mari Ángeles que no tenía familia pero ahora sí la tiene. Toda la asamblea es su familia", afirma Pablo González, uno de sus miembros. Asegura que ahora mismo lo que intentan es entender qué ha pasado judicialmente y qué documentación pueden presentar para declarar el caso insolvente por la situación de vulnerabilidad.

Ampliar

Diego Redondo, también miembro de la Asamblea y el abogado que ha asumido el caso, afirma que su trabajo es precisamente no ser optimista pero sin perder la esperanza: "Mari Ángeles cumple los requisitos para la paralización, pero es importante el eco mediático y que la gente acuda a la convocatoria". Si al final el 8 de marzo se ejecuta el desahucio, la inquilina asegura no tener a dónde ir. "No sé qué va a ser de mí. No tengo un sitio en el que dejar los cuatro muebles que tengo, ni familia que me acoja. Lo que más necesito ahora mismo es apoyo moral". Por eso, el próximo martes, tanto Diego, como Pablo y el resto de miembros y vecinos de Villalba "pondrán el cuerpo" para impedir que echen a una mujer mayor a la calle.

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