El alumnado afectado por el volcán de la Palma afrontará una EBAU adaptada

Santa Cruz de Tenerife

El último Boletín Oficial de Canarias (BOC) relativo a la realización de las pruebas de acceso universitario tiene especial consideración con el alumnado proveniente de los centros afectados por la erupción del volcán de La Palma. El documento establece que los jóvenes perjudicados deberán solicitar la realización de la EBAU en La Universidad de La Lagunas a través de la institución académica de la que provengan.

El BOC dispone que en el caso de los estudiantes provenientes del IES El Paso, el IES Eusebio Barreto Lorenzo y el IES José María Pérez Pulido “se podrá realizar ajustes en el diseño, realización y opcionalidad de las pruebas”. A estas variantes se podrá ajustar tanto el alumnado que no pudo continuar sus estudios, como aquellos que debieron matricularse en otros centros de La Palma u otras islas para continuar su formación.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes también incluye dentro de esta publicación que, en caso de alarma sanitaria, se podrá ajustar el proceso en una reunión de coordinación. Algo que parece improbable tomando en cuenta el proceso de desescalada llevado a cabo por las administraciones en las últimas semanas.

Respecto al alumnado trans, la Comisión de Organización requiere que las instituciones académicas remitan un listado de las personas que vayan a realizar la prueba con el fin de garantizar la inclusividad y la de utilizar su nombre de uso común.

El documento establece, en su duodécima disposición, el procedimiento a realizar en casos de estudiantes con diversidad funcional o con necesidades específicas de apoyo educativo. En estos casos, la Comisión de Organización de la EBAU adoptará las medidas que sean necesarias para garantizar las condiciones óptimas para estas personas.

Las medidas de adaptación pueden ser respecto a la duración, la elaboración de los modelos de las pruebas y la puesta a disposición de los jóvenes de asistencia humana. Asimismo, se garantiza la accesibilidad a la información y la comunicación de los procesos, así como a los centros donde se realicen las pruebas.

En el caso de escolares que superen una discapacidad del 33%, los centros deberán entregar el certificado que lo acredite a través de la plataforma informática dispuesta junto al resto de la documentación que se requiere en el proceso.