No conoceremos la primera auditoría a la Casa Real hasta el año 2024 porque en el último párrafo del Real Decreto que aprobó este martes el Gobierno dice literalmente que «la auditoría externa del Tribunal de Cuentas se aplicará al año siguiente de cuando se firme el convenio». Por lo que se revisarán las cuentas de 2023 y no sabremos nada hasta 2024. Se tratará de una auditoría con limitaciones. Los regalos al rey quedan divididos en dos: por un lado, los personales que —según la disposición adicional única— podrá custodiar, valorar y gestionar la Casa Real hasta que decida su donación, y, por otro, los institucionales, que se incorporarán a Patrimonio Nacional. Por lo demás, las únicas obligaciones que incluye el decreto son las que ya cumple Zarzuela voluntariamente con un punto adicional paradójico: se incluye en el decreto una obligación para que todo el personal de alta dirección de la Casa Real de presentar una declaración de bienes en tres meses desde que sean nombrados y/o cesados”. Una obligación que rige para los empleados del rey, pero no para el rey, que no tiene obligación de publicar su patrimonio como ha hecho esta semana. Esa publicación, para el rey, es voluntaria.