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El incierto futuro de la cárcel de la Torre

El Puzzle compone las piezas de la historia de un edificio en abandono

El Puzzle con Marcos Sanluis: La antigua cárcel de A Coruña (05/05/2022)

El Puzzle con Marcos Sanluis: La antigua cárcel de A Coruña (05/05/2022)

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A Coruña

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, afirmó esta semana que siguen las conversaciones del Concello da Coruña con el Estado para recuperar la propiedad de la cárcel de la Torre. El Puzzle compone las piezas de la historia de un edificio en abandono y con futuro incierto.

¿En qué consisten esas conversaciones?

Son las negociaciones entre el Ayuntamiento de A Coruña y la propietaria del inmueble, la Sociedad de Equipamientos Penitenciarios, para pagar el millón doscientos mil euros que tiene que abonar el Concello para ser el dueño de la prisión. Esto es así porque en el año 2005 el gobierno municipal, con Francisco Vázquez como alcalde, firmó un convenio con el Estado que establecía este pago, además de la entrega de una parcela para un centro de reinserción. Esto último sí se hizo, pero el pago nunca se ejecutó.

Lo que negocia ahora el Gobierno local es cuánto pagar y cómo pagar. Es decir, negocia una rebaja de esa cantidad y que se pueda pagar a plazos.

¿Cuál es el propietario de la edificación?

Es propiedad de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciaros y de la Seguridad del Estado. Es una empresa pública que depende de Ministerio del Interior y que se encarga de la construcción de las cárceles, entre otras funciones.

¿Cuál es el origen de la prision provincial de A Coruña? ¿Hasta cuándo estuvo en funcionamiento?

La cárcel de la Torre se construye en 1927. La administración local del momento consiguió los terrenos y se los cedió al Estado, con la condición de que tuviese como único uso el de ser prisión. En 1999 deja de tener esta función una vez que se pone en marcha la prisión provincial de Teixeiro, en Curtis.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento podía reclamar la recuperación del edificio al dejar de tener uso como cárcel. Las condiciones se establecen en ese convenio que establece contraprestaciones, en lugar de una reversión gratuita.

¿Por qué está cerrada? ¿Cuánto tiempo lleva abandonada?

Cierra porque deja de tener actividad como prisión y hasta el momento las administraciones han sido incapaces de definir unos usos que garanticen su conservación. Desde ese momento, desde 1999, está prácticamente en abandono y su estado se agrava con el tiempo porque los trabajos de mantenimiento que se han hecho han sido escasos.

En el pasado, con la Marea Atlántica, llegó a existir algún tipo de actividad ¿en la actualidad? ¿Ha tenido algún otro uso previo tras el cierre?

En el Gobierno de Marea llegó a cederse el uso al colectivo Proxecto Cárcere sobre un pequeña parte de la superficie total. El Ayuntamiento había llegado a un acuerdo con el Estado, pero finalmente, ante el mal estado de la cárcel, desistió y Proxecto Cárcere tuvo que salir de allí.

Antes, entre 2010 y 2011, allí se celebró, por ejemplo, la Mostra de Cinema Periférico o un concierto de homenaje a Lois Pereiro, pero siempre han sido acciones muy puntuales y aisladas.

¿Existe algún proyecto para su rehabilitación?

No, no hay ningún proyecto de rehabilitación impulsado por una administración con ánimo real de ejecutar esa obra. Sí hay un informe del Ayuntamiento que cifra en 30 millones de euros el coste de estos trabajos. Y también hay, por ejemplo, trabajos académicos. Está, por ejemplo, el proyecto de final de carrera de Marta Fernández en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña. Proponía que la cárcel combinase un centro de interpretación de la Torre de Hércules, espacios de uso público para el barrio de Monte Alto y una residencia de estudiantes.

Y hubo también un estudio encargado por el Ayuntamiento sobre posibles usos que señalaba que podía convertirse en un centro de creación y gestión audiovisual.

¿Además del Gobierno local, qué opinan los grupos sobre qué hacer con este edificio?

Lo que han defendido PP, Marea Atlántica y BNG es que no se debería pagar por la recuperación del edificio, pero los tribunales han dictado sentencia. Y el Gobierno local ya asume que tendrá que realizar ese pago. No se posicionan de momento hasta conocer los detalles del posible acuerdo entre Ayuntamiento y Estado.

¿Y ahora qué?

El siguiente paso debería ser ese acuerdo, que se busca desde hace más de un año sin que hasta el momento se haya materializado nada. Si se firma, el Ayuntamiento sería el nuevo propietario. Lo más urgente es el mantenimiento y la vigilancia, pero la rehabilitación está muy lejana para un edificio que ni siquiera tiene un uso definido. Esos 30 millones que costaría se comería todo el capítulo de inversiones del presupuesto municipal en un año normal.

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