La jueza acuerda seguir el caso contra el exgerente de Smassa Manuel Díaz por presunto acoso laboral, prevaricación administrativa y falsedad documental

Málaga

El juzgado de instrucción número 3 de Málaga ha acordado seguir las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado contra el exgerente de la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), Manuel Díaz, como investigado por los presuntos delitos de acoso laboral, prevaricación administrativa y falsedad documental.

La jueza que lleva el caso desestima la petición de la defensa de Manuel Díaz, que había pedido el sobreseimiento de la causa, y decide seguir las tesis de la Fiscalía, con lo que mantiene al exgerente de Smassa como encausado al entender que hay indicios para pensar que Manuel Díaz podría haber incurrido presuntamente en los delitos de acoso laboral cuando estuvo al frente de la sociedad de aparcamientos contra la jefa de la Oficina técnica Trinidad Rodríguez, "llegando ésta a sufrir padecimiento como consecuencia de ello (según informe de sanidad médico-forense obrante en las actuaciones)", dice el auto, "sintiéndose humillada, vejada y menospreciada por parte de su superior, principalmente a raíz de la obra consistente en la construcción de aparcamientos en la calle Pío Baroja de la barriada de El Palo de Málaga, obras en cuya contratación y ejecución se habrían cometido presuntas irregularidades y que llegaron a prolongarse en el tiempo y a encarecerse más de lo previsto inicialmente; irregularidades que dieron lugar a que tales padecimientos se agudizasen en la denunciante, quien nunca antes había tenido problema alguno en su trabajo ni con anteriores Gerentes, sino al contrario".

Como consecuencia de los hechos la denunciante activó el protocolo de acoso y causó baja laboral.

La jueza también mantiene a Díaz como investigado por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.

Contra este auto cabe recurso de Díaz, que fue cesado en mayo del año pasado de su puesto en Smassa.

En el auto, fechado ayer, se dan diez días a la acusación popular, el PSOE, y a la particular, la denunciante, para que presenten escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que pidan solicitar pruebas complementarias.