"No podemos criminalizar a los turistas": el alquiler vacacional se defiende frente a las quejas de vecinos
Los propietarios piden hacer una reflexión sobre las incidencias que fomentan la 'turismofobia' y recuerdan que el impacto de la actividad sobre el alquiler es "ínfimo"
Entrevista a Doris Borrego, presidenta de la asociación canaria de alquiler vacacional
Las Palmas de Gran Canaria
El alquiler vacacional se ha convertido en una de las opciones preferentes de los visitantes que llegan hasta Canarias, pero, por lo general, el turista que aterriza en el Archipiélago para buscar una alternativa a los hoteles no tiene como preferencia estas grandes instalaciones. "Es puro desconocimiento que la Administración nos persiga tanto", ha asegurado la presidenta de la asociación de alquiler vacacinoal en Canarias (ASCAV) que agrupa a los propietarios de viviendas vacacionales. "El turismo es patrimonio de todos y tiene que beneficiar a todos; no puede ser que el turismo, a pesar de tener cifras récord, seamos de los territorios más pobres de todo el país".
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Según los datos de un estudio elaborado por la Consejería de Turismo del año 2015, el impacto económico era ya de 1500 millones de euros "y eso sin hacer absolutamente nada", recuerda Borrego que advierte del retorno que podría tener si "nos organizamos".
El alquiler vacacional en Canarias siempre ha estado envuelto en un halo de polémica por su calidad, pero sobre todo, por la competencia que podría generar al sector hotelero. De hecho, el presidente de la Confederación de Hoteleros de España (CEHAT), Jorge Marichal, ha asegurado que "un negociete de tres en un garaje con un ordenador pueden dar al traste con el sector turístico canario". El también máximo responsable del sector empresarial en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha advertido de que el incremento de esta modalidad turística "es una amenaza importantísima y puede afectar gravemente al empleo en el sector turístico".
Frente a estos argumentos, Borrego ha recordado a Marichal que "la turismofobia no la fomenta el alquiler vacacional" y que "Canarias es un destino amable al turista que hay que mimarlo y cuidarlo mucho". Asegura que "siempre le hemos pedido a Marichal y respeto hacia las 38.000 familias que son propietarios de viviendas de alquiler vacacional en Canarias".
"El decreto actual es válido frente a la propuesta de los municipios", aseguran desde la Asociación que reúne a los propietarios
"Los municipios que ahora mismo necesiten una regulación mayor en sus límites sobre el alquiler vacacional pueden hacerlo con el actual decreto" y en eso no ha tenido duras al responder en una entrevista en SER Las Palmas la presidenta de los propietarios de alquiler vacacional. "La consejera de Turismo, Yaiza Castilla, ya se ha pronunciado a favor del decreto actual" frente a la propuesta que elaboran desde la Federación de Municipios, que es más restrictivo desde el punto de vista de la ASCAV. De hecho, consideran que cabe la posibilidad de que la Federación de Municipios esté "prevaricando" si insisten en su propuesta.
"Lo que no puede plantear un concejal de urbanismo es dar el negocio del alquiler vacacional a grandes empresarios y no le permito a las familias canarias a beneficiarse directamente del sector turístico", lamenta Borrego en una entrevista en Hoy por Hoy El Drago. "Estamos recurriendo caso por caso y la respuesta está siendo favorable a los propietarios", subraya Borrego.
El alquiler vacacional no es el problema de la vivienda de Canarias: "Somos sólo el tres por ciento del parque de vivienda"
La asociación canaria de Alquiler Vacacional siempre ha defendido que el impacto de su actividad sobre el precio del alquiler convencional no es tan alto como se quiere hacer ver. "Representamos tan solo un tres por ciento del parque de vivienda de todo el Archipiélago de Canarias y nuestra ocupación es ahora del ochenta por ciento", afirma Borrego. Eso sí, que el impacto sea menor no significa que no exista. De hecho, Borrego ha sido contundente al asegurar que "no voy a decir que no tenemos ninguna incidencia porque sería absolutamente irresponsable, pero también digo que es ínfima".
"No hay planificación de vivienda social desde hace veinte años y tampoco se ha construído vivienda privada", dice la presidenta de la Asociación. "Cualquier constructor tarda entre tres y cuatro años en obtener la licencia además de otros tantos en construirlo", pero desde la óptica de Borrego, también habría que añadir que ha habido un cambio de tendencia aquí, como en Europa, que prioriza el alquiler frente a la compra de vivienda. "Hoy ya no se tiene capacidad de ahorro para pagar una entrada", lamenta al mismo tiempo que recuerda que "no puedo comprarme una vivienda en una ciudad si no sé dónde voy a trabajar los próximos seis meses; no puedo comprar y vender mi vivienda a razón de dónde encuentro un puesto de trabajo".