Más de 20.000 personas esperando por una vivienda social en Canarias: se dispara la cifra en tres años

Canarias

La falta de vivienda pública en Canarias se hace cada vez más acuciante. Los datos son elocuentes: el número de demandantes de una casa de protección oficial ha crecido en tres años en 4.000 personas. Según el último dato, -consultado por la SER el 17 enero-, en Canarias hay casi 20.900 personas esperando por una vivienda, lo que equivale a toda la población de Gáldar o de Güímar. Casi 21.000 personas inscritas en el censo de demandantes de vivienda pública frente a los 17.000 que había hace tres años, lo que supone un incremento de 4.000 personas en los últimos tres años. La demanda actual no está pudiendo ser absorbida por las viviendas de protección oficial. El Gobierno de Canarias argumenta que se trata de un incremento por el anuncio de nuevas construcciones por primera vez en treinta años.

La oferta de vivienda pública en Canarias se ha incrementado en 2.532 en los últimos tres años

Según los datos oficiales del Gobierno de Canarias, en marzo de 2020 había 18.430 viviendas públicas en Canarias. En la actualidad hay unas 20.000 viviendas en total y la previsión de construir unas 5.000 más. El problema es que una vivienda tarda tres años desde que se licita hasta que se construye. Se ha incrementado el doble el número de personas que esperan por una vivienda que el número de viviendas disponibles. La oferta de vivienda pública se ha incrementado en 2.532 en los últimos tres años, entre las de promoción privada de la empresa pública Vivienda Sociales de Canarias (VISOCAN) y las netamente públicas del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).

Todas estas viviendas están actualmente alquiladas, o habitadas, es decir, existe una diferencia entre la oferta y la demanda de viviendas públias y ese es el problema. El ratio de cobertura de las viviendas sociales en marzo de 2020 era del 41%, es decir, más de la mitad de la demanda de este tipo de viviendas en Canarias no estaba satisfecha, y sigue sin estarlo. Hay que tener en cuenta que se trata de un colectivo incapaz de acceder al mercado de vivienda de alquiler privado y que en caso de hacerlo, el esfuerzo para el pago del alquiler haría que sus condiciones de vida empeorasen considerablemente.

Alrededor de la mitad de los adjudicatarios no pagan nada a pesar de que tienen la obligación de hacerlo

La cantidad mensual para abonar en concepto de alquiler social de una vivienda no puede exceder del 12% de los ingresos mensuales de la unidad familiar. La renta media de una vivienda de 70 metros cuadrados ronda los 200€ al mes, pero hay muchísima gente que no paga. Existen numerosas viviendas adjudicadas desde los años 70, cuyos beneficiarios han muerto y han quedado en manos de herederos o de familiares lejanos o amigos. El porcentaje de morosidad de quienes viven en esas casas supera el 50%, -según algunas fuentes técnicas consultadas por la SER-, aunque el Gobierno desconoce el dato exacto ya que la pérdida de control sobre esas viviendas a lo largo de los décadas se ha convertido en crítica.

El Gobierno no dispone de mecanismos para controlar quién residen en esas viviendas sociales ni qué ha ocurrido con la cadena de propiedad, -no existe una policía de la vivienda-, no puede controlar quién vive, no ejecuta desahucios y además, tampoco impone sanciones. Aunque el Gobierno pone a disposición ayudas económicas para sufragar el cien por cien del alquiler, muchos adjudicatarios optan directamente por la morosidad. "Hay una falta de control total de las administraciones porque fallecen los titulares a los que se adjudicó el inmueble y las viviendas están ocupadas por los familiares: hijos, sobrinos e incluso amigos", explica Jesús Samaniego, administrador algunas de las comunidades de viviendas sociales.

Se ha perdido el control de gran parte del parque público y el Gobierno opta por regalar más de 10.000 casas

"Se realquilan las viviendas y no hay ningún control por parte de las administraciones públicas de esa situación", sentencia Samaniego, una de las personas que mejor conoce esta práctica. Aunque el Gobierno pide información a las policías locales, previa solicitud de informe del departamento de Disciplina Pública, cuando se tiene conocimiento mediante denuncia judicial o extrajudicial de una presunta ocupación ilegal, la mayoría de los casos no van a ninguna parte porque no se ejecuta ningún desahucio en viviendas públicas. El Gobierno estudia la posibilidad de establecer un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas para atajar esa falta de control, pero en el Colegio desconocen este extremo.

En el último Consejo de Gobierno, el ejecutivo aprobó la transmisión de la propiedad de 10.500 familias que viven en estas viviendas. La publicación en el BOC supondrá la cesión gratuita de esa propiedad a quienes vivan en su interior desde hace más de 25 años. Todo esto a pesar de que transmisión de propiedad es algo que se plantea prohibir taxativamente en la nueva Ley de Vivienda del Estado, porque la vivienda social debe ser un instrumento temporal, no definitivo, como canal para la mejora de la vida de las familias que no pueden acceder al mercado privado. Podrán acceder a trasmisión aquellos adjudicatarios de vivienda del III Plan Canario de Vivienda (1996-1999) y en régimen de compraventa anteriores al I Plan Canario de Vivienda (1988-1991).