Qué es el 'caso Mediador' y quiénes son los cargos públicos implicados en la presunta trama de corrupción

Las autoridades policiales españolas detuvieron el pasado 14 de febrero a una docena de funcionarios públicos —entre los que se encontraba el general de división de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas— por su presunta implicación en una trama relacionada con un fraude en las subvenciones de productos alimentarios en Canarias.

De acuerdo con la investigación judicial en curso, el cerebro de este supuesto entramado criminal era el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes, 'Tito Berni', quien habría contado con la colaboración de su sobrino, el ex director general de Ganadería Taishet Fuentes, y del ya mencionado general Francisco Espinosa para extorsionar a empresarios del sector ganadero, de las energías renovables y de la detección de drones a cambio de mordidas.

Qué es el 'caso Mediador'

Esta red de cohecho y extorsión a empresarios en Canarias se conoce como 'caso Mediador'. Recibe su nombre por el papel del 'mediador' Marco Antonio Navarro Tacoronte, presunto nexo de unión entre los empresarios y los políticos. De las conversaciones registradas en sus teléfonos móviles y de su declaración se ha obtenido el grueso de información que se tiene hasta el momento sobre la trama.

Según los datos que hasta ahora tienen los investigadores, para entender el 'modus operandi' de Bernardo Fuentes hay que diferenciar dos grupos de empresarios.

El primero estaba conformado por empresarios del sector agroalimentario —que, en su mayoría, operaban en el archipiélago canario—, a los que se les pedía dinero para evitar una multa o archivar un expediente sancionador. Para obtener la ayuda o mediación con la consejería de Agricultura, los empresarios debían ingresar un 'peaje' de 5.000 euros en concepto de "colaboración con el fútbol base" a la asociación deportiva la Vega de Tetir, que preside Juan Bernardo Fuentes y cuyo vicepresidente es el actual director general de Medio Ambiente, José Domingo Fernández.

Únete al canal de WhatsApp de la SER

Posteriormente, los cabecillas de la trama presionaban a los empresarios para abonar nuevos pagos. En este punto, entraba la figura de Taishet Fuentes como principal instigador.

Uno de los primeros empresarios en pagar una mordida fue el propietario de la Quesería Montesdeoca en Adeje, cuyo propietario abonó 26.800 euros para evitar una sanción de 74.000 euros, según el rotativo 'El Día'. Monesdeoca fue captado en 2020 por el ex director general de Ganadería, quien le puso en contacto con el resto de los integrantes de la trama en un viaje a Madrid acompañados por el 'mediador' Marco Antonio Navarro Tacoronte. En ese viaje, visitaron la Dirección General de la Guardia Civil y conocieron al general Francisco Espinosa. A partir de ese momento, el empresario quesero empezó a realizar pagos regulares pero nunca vio solucionado su expediente sancionador. Con ese dinero, el mediador, Navarro ha aseverado que se pagaron fiestas, hoteles de lujo y prostitutas.

Los pagos fueron los siguientes: 5.000 a la asociación deportiva Tetir, 3.000 al abogado Plácido Alonso por bizum, 1.500 a Navarro Tacoronte por una transferencia a su mujer, 10.000 en efectivo a Navarro Tacoronte, 2.300 en efectivo al exdiputado y 5.000 en efectivo a Taishet Fuentes. Las fiestas que sufragó Montesdeoca costaban entre 3.000 y 3.500 euros de media por noche. En su declaración, Navarro Tacoronte señala que "se le prometió rebajar la sanción" y para ello "se habló con Conrado Domínguez (en un encuentro que se agendó), Bernardo Fuentes, "la consejera de agricultura y pesca del Gobierno de Canarias, el jefe de sección de Ganadería, Cardona y otros cargos relacionados con el mencionado expediente y nadie hizo nada".

El segundo grupo de empresarios eran en su totalidad de la Península y estaban vinculados a la industria de las energías renovables o a la detección de drones. Estos pagaban una 'mordida' a Bernardo Fuentes para que utilizara su influencia y así pudieran beneficiarse de las condiciones de la Zona Especial Canaria (ZEC). El precio a abonar al ex diputado socialista era de 3.500 euros por día e incluía un paseo por el Congreso de los Diputados, mariscadas, estancias en hoteles de lujo y club de alterne.

En este caso, el 'conseguidor' de la trama sería José Santiago Suárez, conocido como 'José Drones'. Según el sumario del caso, era "la pieza principal", porque se encargaba de colocar "drones de 15.000 o 16.000 euros para no superar el contrato mayor". Este empresario hizo un negocio redondo en el Sahel, a través del Proyecto GAR-SI, que por entonces dirigía el general de la Guardia Civil, Espinosa Navas.

El 'caso Mediador' crece: ya son doce las piezas separadas que se están investigando por parte de la jueza

El empresario Suárez Esteve también consiguió colocar sus drones en el Ministerio del Interior: primero vendió a la Dirección General de Policía dos sistemas para detección de drones por 21.000 euros. Además, logró un contrato de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico de la Guardia Civil valorado en 119.064 euros para la entrega de equipos de detección y localización drones. Incluso hizo negocio con el Ministerio de Defensa; en concreto, con el Ejército de Tierra, para la venta de aeronaves no tripuladas (RPAS) por 14.997 euros.

Quiénes están implicados

La mayor trama de extorsión a empresarios de los últimos años en Canarias ha supuesto la investigación de 13 personas. La totalidad de los detenidos han declarado ante el juzgado de instrucción y han quedado en libertad con cargos, salvo el general retirado de la Guardia Civil, para el que se ha decretado prisión provisional. Al resto de los implicados en la trama se les ha aplicado medidas cautelares, como retirada del pasaporte o la obligación de comunicación de cambio de residencia. A todos se les investiga por posibles delitos de blanqueo de capitales, cohecho, pertenencia a organización criminal, falsificación y tráfico de influencias.

Estos son los considerados 'cabecillas' de la trama:

• Juan Bernardo Fuentes, 'Tito Berni'. Cerebro del supuesto entramado criminal. Según la investigación, extorsionó y sobornó a través de terceras personas a empresarios para conseguir mordidas. Fue diputado del PSOE en el Congreso desde 2019 y hasta su dimisión, el pasado 13 de febrero. Fue detenido el pasado 22 de febrero, acusado de cohecho, falsedad, blanqueo, tráfico influencias y pertenencia a grupo criminal, pero la jueza le dejó en libertad con cargos al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.
• Taishet Fuentes, 'Tai'. Sobrino de 'Tito Berni' y, según la investigación, encargado de extorsionar a empresarios del sector ganadero. Fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias hasta junio del año pasado y militante del PSOE. El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres le destituyó por "pérdida de confianza".
• Francisco Espinosa Navas, 'Papá'. General retirado de la Guardia Civil. Según la investigación, percibió sobornos por parte de los empresarios a cambio de conseguirles contratos. Es el único de los acusados que está en prisión, acusado de cohecho y organización criminal.
• Marco Antonio Navarro Tacoronte, 'el Mediador'. Era el supuesto nexo de unión entre políticos y empresarios. Organizaba encuentros en el Congreso o en la Dirección General de la Guardia Civil, así como cenas y fiestas en prostíbulos. Fue él quien destapó el caso, al prestar declaración en otro caso en su contra.

Además de estos cuatro nombres, la investigación apunta a una red de empresarios 'conseguidores' y colaboradores:

• Raúl Gómez Rojo. Ingeniero de caminos y propietario de varias empresas. Está investigado por cohecho, blanqueo de capitales, falsificación y pertenencia a organización criminal. Según la investigación, captaba inversores a cambio de facilitarles licencias. Según 'Canarias7', contactó con los cabecillas de la organización, a los que ingresó 22.000 euros, a cambio de crear una planta de compostaje.
• Alberto Montesdeoca García. La investigación sitúa a este empresario, dueño de la Quesería Montesdeoca, como el primero que participó en las mordidas. Taishet Fuentes le prometió que iba a archivarle una sanción de más de 70.000 euros que tenía pendiente. A cambio de elló, habría pagado 5.000 euros a una empresa propiedad del exdiputado.
• José Santiago Suárez, 'José Drones'. Según el sumario del caso, era la "pieza principal" de la trama de los drones. Se encargaba de colocar "drones de 15.000 o 16.000 euros" a cambio de dádivas. Quería establecerse en Canarias para beneficarse de subvenciones y, gracias a su amistad con el general Espinosa, obtener contratos en la Guardia Civil.
• Miguel Ángel Robayna García. Propietario de la empresa Hispano Robysa. Según el informe de los investigadores, actuó como 'mula' financiera. Robayna habría usado su empresa para recibir las mordidas que los empresarios enviaban a los Fuentes y al general y, además, habría elaborado facturas falsas.
• Raúl Gómez Rojo, 'Raúl Fotovoltaica'. Según los informes policiales, habría abonado 22.000 euros a algunas de las cuentas bancarias rastreadas por los investigadores a cambio de obtener contratas. Fue uno de los primeros empresarios estafados en levantar la voz y dejar de pagar.
• Antonio Bautista Prado, 'el Curilla'. Tal y como informa 'Canarias7', quiso afincar su empresa Cleanergetic Insular, dedicada a la energía fotovoltaica, en la Zona Especial Canaria. Para ello, contactó con 'el Mediador' y se benefició de, al menos, un contrato comercial. Según el citado medio, pagó a 'Tito Berni', 'Tai' y al general Espinosa.
• María Inmaculada Roca Enrich, 'Mima Roca'. Los investigadores apuntan a que —junto con su marido, Esteban Banús— intentó, presuntamente, comprar favores a los cabecillas de la trama para que les ayudaran a conseguir perimsos y cobrar subvenciones en las islas.
• Esteban Banús Ricoma, 'Banús'. 'Banús' está acusado de comprar favores —junto con su esposa, 'Mima Roca'— a los cabecillas de la trama para conseguir, a través de ellos, permisos y subvenciones. Según los datos recogidos por 'Canarias7', habría transferido más de 14.000 euros a los Fuentes y a otros investigados.
• Julián de Santa Bárbara Pérez Alonso. Empresario del queso en Fuerteventura, se le acusa de pagar unos 6.000 euros —repartidos entre los Fuentes y 'el Mediador'— para regularizar las instalaciones de su empresa para venderlas o cederlas, posteriormente, a sus hijos.