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Solo 35 inspectores para controlar 47.000 viviendas vacacionales en Canarias

El Gobierno modificará la Ley de Ordenación del Turismo para recuperar la figura de la "policía turística"

Un candado cierra la cancela de una vivienda de verano / Cadena SER

Un candado cierra la cancela de una vivienda de verano

Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias avanza en la Ley de Ordenación Sostenible del uso turístico de viviendas que regulará el alquiler vacacional en el Archipiélago. El ejecutivo espera tener aprobada la nueva norma como muy tarde el próximo 30 de junio de 2024 para establecer límites "cualitativos y cuantitativos". Actualmente, en las islas hay cerca de 47.000 pisos turísticos, lo que se traduce en una oferta de unas 190.000 plazas. Sin embargo, la Consejería de Turismo solo cuenta con 35 inspectores en activo para controlar la actividad. En total, contemplados en la plantilla, hay 50 profesionales.

La consejera Jessica de León ha reconocido en Radio Club Tenerife que "no llegamos para intentar inspeccionar y hacer cumplir el decreto que regula el alquiler vacacional". Y es que las viviendas turísticas ya cuentan con un marco normativo en las islas (decreto del 22 de mayo de 2015) que, sin embargo, no establece límites a la actividad. Incide, además, en que la actuación del cuerpo de inspectores no se limita a los pisos vacacionales, sino que va mucho más allá, debiendo vigilar también apartamentos, establecimientos hoteleros, bares o cafeterías.

Jessica de León: "No llegamos para intentar inspeccionar y hacer cumplir el decreto que regula el alquiler vacacional"

04:11

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El Gobierno quiere recuperar la figura de la "policía turística"

La dirigente ha adelantado que, en consecuencia, el gobierno regional busca ampliar las funciones de vigilancia a otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para que nos ayude a inspeccionar al sector turístico" y controlar la competencia desleal. De León insiste en la necesidad de que "haya calidad también en la vivienda vacacional" porque "no es lo mismo una vivienda con piscina o con un número de metros, con más habitaciones, que una que está en el quinto b y que es un estudio".

En concreto, y tras poner coto al alquiler vacacional, la Consejería impulsará una modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Con ella, buscarán recuperar el concepto de "policía turística" así como alcanzar una mayor implicación de los agentes medioambientales (dependientes de los cabildos insulares) y las policías locales del Archipiélago, que ya tienen competencias en materia de actividades clasificadas o de suelo rústico. El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, ha explicado a este medio que los cambios en la norma detallarán de forma pormenorizada las funciones de vigilancia de cada cuerpo.

Hoy por Hoy La Portada (03/11/2023)

59:59

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Las asociaciones de alquiler vacacional, en contra de la Ley

El Gobierno de Canarias y las asociaciones de alquiler vacacional mantienen un pulso abierto por la ley que regulará la actividad. La Consejería de Turismo inició el pasado 27 de octubre en Lanzarote una serie de sesiones informativas en cada isla a partir de la que se desarrollará el nuevo marco normativo. "Tiene que haber planificación para determinar dónde se debe ubicar y tiene que haber, sobre todo, equilibrio entre la libertad de empresa, el derecho a la vivienda, el respeto a la calidad de vida de la ciudadanía y el respeto a la planificación urbana": son algunas de las premisas que seguirá en la tramitación el ejecutivo.

Esta norma ha generado descontento total en la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), que advierte del peso de las viviendas turísticas en la economía canaria (cifran la aportación en 2.000 millones de euros) y augura consecuencias negativas. "El decreto (de 2015) es perfectamente válido porque regula la vivienda vacacional a falta de que sean los ayuntamientos los que a partir de sus planeamientos la ordenen", ha señalado su presidenta, Doris Borrego, en Hoy Por Hoy Las Palmas. También añade que "no podemos hacer una normativa que meta en el mismo saco a San Sebastián de La Gomera y San Bartolomé de Tirajana".

Por su parte, la consejera Jessica de León sostiene no solo la necesidad de regular los pisos turísticos sino que asevera que lo hará salvaguardando "el interés que tienen miles de pequeños propietarios, que tienen en esa economía colaborativa. En el futuro tenemos que conciliar esa actividad con el turismo. Es de sentido común y es lo que estamos intentando hacer".

 
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