"Ya es hora de cortar el cordón umbilical con Madrid": Canarias reclama libertad para gestionar sus costas

Santa Cruz de Tenerife

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, visita este jueves Canarias. Aquí podrá abordar algunos de los frentes abiertos entre el Archipiélago y el Estado, principalmente el traspaso de las competencias en materia de Costas que se efectuó en 2023 y que no satisface al ejecutivo autonómico. Este alude a un traslado incompleto con los expedientes que afectan a los hoteles de la cadena Riu en Fuerteventura como principal discrepancia.

El anterior consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, aprobó en mayo del año pasado la autorización para las obras de reforma en dichos hoteles. Sin embargo en el mes de julio el Gobierno central declaró la caducidad de las concesiones a los alojamientos de la cadena hotelera situados en el dominio público, lo que conlleva la retirada de las instalaciones y la reversión de los terrenos.

Sin personal suficiente

Fue entonces cuando Canarias clamó contra la decisión del Estado de reservarse expedientes sin que eso estuviera contemplado en el decreto de traspaso de competencias. Las islas piden, por tanto, un traslado "sin rebajas, interpretaciones ni demoras" ya que la ordenación del litoral, respetando el régimen general del dominio público, es “exclusiva” de la Comunidad Autónoma.

Las quejas por la forma y el contenido no acaban ahí. El consejero Pablo Rodríguez ha revelado que no solo se actuó tarde sino que los medios materiales y humanos comprometidos en el traspaso no se han cumplido. Cifra en un 30% el personal que ha sido trasladado del total de efectivos que tenía la demarcación de Costas de Canarias cuando eran competencia estatal.

Concesiones administrativas y núcleos urbanos

Que el traspaso ha sido light es algo que también denuncia la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas. Su presidente, José Luis Langa, explica que "Tenemos que tener unas competencias integrales para poder ser operativos y distinguir lo que está afectado y lo que no". Señala los diferentes problemas existentes que ya han planteado en la Comisión Mixta creada en el Archipiélago. Entre ellos, se encuentran las concesiones administrativas y licencias o los núcleos poblacionales urbanos consolidados (con requisitos de agua, luz o accesos por carretera). Una reforma de la Ley en 2013 permitió durante dos años desafectar la aplicación de la norma a estos espacios con el fin de protegerlos y que no se llevaran a cabo derribos. "Pasó, y lo que pido es que nuevamente se dé la oportunidad", señala Langa explicando que esto afecta actualmente a diferentes núcleos de La Palma, Tenerife o Fuerteventura.

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La Plataforma estima que hay 150.000 personas afectadas en Canarias por la Ley de Costas y hasta 66 municipios de los 88 del Archipiélago. "Hay muchos calderos hirviendo y es necesario que nos den las competencias para poder resolver. Ya es hora de que se corte el cordón umbilical que nos une a Madrid continuamente. Ya somos mayorcitos para tener la libertad de poder actuar en nuestras Costas porque, además, somos los únicos que conocemos la realidad", sostiene Langa.