"El hotel debe seguir": UGT Canarias rechaza la demolición del Oliva Beach de Fuerteventura

Santa Cruz de Tenerife

La orden del Ministerio para la Transición Ecológica de declarar la caducidad de la concesión otorgada al hotel RIU Oliva Beach y los apartamentos anexos en Fuerteventura, ordenando la demolición de parte del complejo, sigue generando reacciones en Canarias. Después de que la Cadena SER avanzara que el Gobierno de Canarias acudirá al Tribunal Constitucional al considerar que la transferencia de las competencias en materia de Costas no se hizo de forma "integral", ahora es el sindicato UGT el que rechaza la decisión de la cartera que dirige Teresa Ribera.

El vicesecretario general en las Islas, Paco González, asegura que "siempre nos hemos posicionado en el no al derribo" ya que "son 400 familias". El sindicato cree que la reforma del hotel "con más sostenibilidad" y "acotando los parámetros de construcción a su alrededor" es posible. Cree, por tanto, que el Ministerio "no ha sido sensible" con los trabajadores ya que el complejo se sitúa "en el norte de Fuerteventura, donde mucho más no hay para trabajar" y "los compañeros tendrán que ir al sur". El sindicato no solo rechaza de lleno la directriz de Transición Ecológica sino espera que las próximas reuniones que tienen previstas con el ministro de Política Territorial, el expresidente canario Ángel Víctor Torres, eviten que se consume la orden del Ministerio en los términos planteados.

Claves de la caducidad

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico declaró la caducidad de la concesión del complejo hotelero y apartamentos Oliva Beach, ubicado en dominio público marítimo-terrestre en las Dunas de Corralejo, tras detectarse incumplimientos reiterados Geafond, empresa titular. Según explica en una nota de prensa facilitada a los medios de comunicación, el paso se adopta de acuerdo con el régimen transitorio de ley de Costas. Y es que el Estado se reservó el expediente relativo a este caso en Fuerteventura cuando trasladó a Canarias las competencias en enero de 2023.

El Ministerio señala que la concesión "se otorgó en 2003 para compensar la pérdida de una propiedad preexistente al deslinde del dominio público marítimo terrestre" y que en 2022 se resolvió el expediente sancionador incoado por incumplimiento de la normativa y las condiciones de la concesión. "Se impuso una multa de 204.000 euros y se ordenó demoler las obras ilegales", señala la nota incidiendo en que "la empresa no hizo ninguna de las dos cosas". La orden se recurrió en vía administrativa y la resolución desestimatoria del recurso administrativo se impugnó ante la Audiencia Nacional. El recurso está pendiente de resolución. No obstante, Transición Ecológica considera que los incumplimientos "constituyen causa de caducidad de la concesión".

Las patronales y los ecologistas reaccionan

No solo han reaccionado a la noticia el Gobierno de Canarias y el sindicato UGT, también las patronales hoteleras del Archipiélago han mostrado una respuesta unánime. En un comunicado, la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer); la Federación Turística de Lanzarote (FTL); la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel), y la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) expresan su repulsa al entenderla como "arbitraria y escandalosa". También consideran de "arbitraria" la decisión.

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Por contra, el colectivo ecologista Ben Magec lo considera "una muy buena noticia". El portavoz Eugenio Reyes asegura al respecto que "no estamos en contra de RIU, no estamos en contra de la actividad turística, sino todo lo contrario. A favor de las dunas de Corralejo, que son una fuente de riqueza importante para la isla de Fuerteventura". Sostiene que su preservación "garantiza empleo sostenible en el futuro, actividad turística y calidad de vida para los canarios en el presente y en el futuro".