La UCO señala al gobierno de Ángel Víctor Torres, hoy ministro, por amoldar contratos para la trama de Koldo con múltiples irregularidades

Canarias

El Servicio Canario de Salud adjudicó cuatro contratos a SOLUCIONES DE GESTIÓN Y APOYO A EMPRESAS, -la empresa del Caso Koldo-, por un total de 12.317.580,24 €. Según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso la SER: 837.800 mascarillas, -valoradas en 2.094.500€-, no se consideraron aptas para su uso sanitario como FFP2. Ante esto, la unidad de contratación del Gobierno de Canarias y la empresa de la trama acordaron un nuevo precio, como compensación a dicha situación, valorando las mascarillas defectuosas como quirúrgicas al precio de mercado. De este modo, completaron el pedido hasta alcanzar el importe de los 2.094.500 €. "Se desconoce por qué el importe que finalmente se abona es 2.095.018,50 €, con 555.000 mascarillas de FFP2 NR", dice la UCO en su informe elaborado en el marco de la investigación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada.

La Guardia Civil señala que "no queda claro el importe que finalmente se abonó en total, ya que las mascarillas reflejadas en el acuerdo que figura en la web de contratación pública no concuerda ni con las actas de entrega, ni con la factura proforma presentada por SOLUCIONES", la empresa del 'Caso Koldo'. Además, la documentación aportada no aclara cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato. "No se han aportado comunicaciones entre el órgano de contratación y la empresa, que puedan justificar objetivamente la decisión de adjudicar el suministro a esa empresa y no a otra, ni tampoco cómo y de que manera se tuvo conocimiento de que esa empresa era proveedora de mascarillas", valora el cuerpo policial experto en crimen organizado.

La empresa entregó las mascarillas en base al pedido realizado por el Servicio Canario de Salud, una partida de esas mascarillas salió defectuosa y hubo que negociar nuevos importes más baratos, "y posteriormente se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente", explica la UCO. Finalmente, entre las irregularidades detectadas por el cuerpo policial, se señala que el Gobierno pago casi medio millón de euros por el transporte de las mascarillas desde China, en un contrato separado que la Guardia Civil no se explica, a consecuencia de la falta de información sobre los detalles del acuerdo con la empresa de la trama.

Siete meses de demora desde la adjudicación, a pesar de la urgencia

El 22 de abril del año 2020 el Servicio Canario de Salud adjudicó un contrato a SOLUCIONES por 2.095.018,50 € para el suministro de 837.300 mascarillas KN95 y 555.000 mascarillas FFP2. Ese mismo día, la Directora General de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud formalizó expresamente a través de correo electrónico a la empresa la realización de un pedido de 2.750.000 mascarillas FFP2, a precio unitario de 2,50 €. En consecuencia, según señala la Guardia Civil, el importe total sería de 6.875.000 €.

Al día siguiente, el Ejecutivo de Torres recibe una primera entrega 526.400 mascarillas. En los días siguientes se reciben dos pedidos más, con 1.261.400 mascarillas y con 962.200 unidades. Los diferentes modelos presentados fueron valorados por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario, confirmando que 837.800 mascarillas, -valoradas en 2.094.500€-, no se consideraban aptas para su uso sanitario como FFP2. Es en ese momento cuando el Servicio Canario de Salud renegocia su precio y las usa como mascarillas quirúrgicas, amoldando después los contratos a la situación.

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Todo este proceso se finaliza el 13 de noviembre de 2020, es decir, "siete meses después de que se contratara, a pesar de haber sido tramitado como emergencia", dice la UCO. Posteriormente se adjudicó un nuevo contrato para la compra de 1.910.200 mascarillas FFP2 por importe de 4.775.500 €. "No figura que SOLUCIONES haya hecho entrega de más mascarillas aparte de las entregadas en el mes de abril", afirma la Guardia Civil en su escrito. Además, se pagaron 4.775.500 euros en base a dos facturas emitidas un mes antes de su adjudicación a la empresa.

El Gobierno pagó el transporte de las mascarillas en un pago extra

Además de las irregularidades hasta ahora mencionadas, el informe de la UCO señala la presencia de otros pagos difíciles de explicar. Se abonaron 4.775.500 euros en base a dos facturas emitidas un mes antes de su adjudicación a la empresa. Finalmente, se señala también que el Gobierno pago casi medio millón de euros por el transporte de las mascarillas desde China, en un contrato separado que la Guardia Civil no se explica, a consecuencia de la falta de información sobre los detalles del acuerdo con la trama.

"No se puede encontrar explicación a este hecho", dice la UCO

Las contrataciones se realizaron por vía de emergencia en un momento especialmente complicado y con el mercado roto. Según el artículo 153.6 de la Ley 9/2017 de contratación pública "salvo que la tramitación del expediente de contratación sea por emergencia de acuerdo con lo previsto en el artículo 120, no podrá procederse a la ejecución del contrato con carácter previo a su formalización”. Al operar en un marco de emergencia sanitaria, este artículo podría amparar las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio Canario de Salud.

Ahora bien, -dice la Guardia Civil en su informe-, "esto no es óbice para no cumplir expresamente con los requisitos reflejados en la Ley, y es que al no haber sido posible observar ningún documento (comunicación vía e-mail, contrato, etc...) que refleje el acuerdo entre las partes, no se puede encontrar explicación al hecho de que en primera instancia se realizara un pedido de 2.500.000 mascarillas a SOLUCIONES por importe de 6.875.000 €, pero finalmente se facturasen 3.302.30011 mascarillas por un importe de 6.870.518,50 €, sin que haya documentación que justifique que se hubiera entregado esa diferencia (802.500 unidades) por parte de SOLUCIONES o que se hubiera producido un cambio en el acuerdo inicial", concluyen los agentes.