"Trilero manipulador": la acusación de un magistrado por el baile de cifras en el seguimiento de la huelga en el Poder Judicial

Santa Cruz de Tenerife

Cifras muy dispares sobre el seguimiento de la huelga de tres días de los jueces y fiscales contra los cambios en el acceso a la carrera judicial ('Ley Bolaños') y contra la reforma del Estatuto del Ministerio Público. Mientras las asociaciones convocantes, cinco de las siete existentes, cifran en un 70% los profesionales que han secundado la movilización, el Ministerio reduce el dato al 28%. Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, uno de sus portavoces territoriales acusa al Gobierno central emprender una "guerra de manipulación" y de estar "ciego y sordo".

Del 70% al 28%: choque de cifras

Juan Carlos González, el portavoz y magistrado de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, asegura que el 75% de los 8.000 profesionales llamados a la huelga la secundaron durante su primer día (1 de julio). Cifra en un 70% el seguimiento durante la segunda jornada (2 de julio). "El Ministerio, a modo de trilero manipulador, habla de incidencia. Es decir, qué actividades se han suspendido", denuncia contra el departamento de Justicia.

Además de protestar contra las modificaciones en el acceso a la carrera judicial al considerar que prima el sesgo ideológico, las asociaciones cargan contra el cambio en el estatuto del Ministerio Público porque entrega la instrucción de las causas penales al fiscal. "Está en juego el Estado de derecho, la independencia judicial y una sociedad que se vista por los pies", ha llegado a decir González. El Gobierno, por su parte, considera que las reformas son necesarias para modernizar el Poder Judicial y rechaza retirarlas. En una reciente entrevista en Hoy Por Hoy, el ministro Félix Bolaños ha defendido que "estamos garantizando que haya unos centros públicos de oposiciones. Estamos dando becas para que todo el mundo pueda acceder a la carrera judicial. Gracias a esta reforma vamos a incorporar casi 1.500 jueces y fiscales en tres años. Las movilizaciones se basan en motivos totalmente infundados".

El cuándo, cómo y porqué que cuestionan los convocantes

Aunque González reconoce la capacidad y competencia que tiene el legislador para modificar el modelo, cuestiona el cuándo, el cómo y el porqué. Reprocha al ejecutivo que impulse la reforma del estatuto fiscal cuando "hay una coyuntura que todos conocemos de diferentes casos mediáticos". Además, destaca el "cómo" y considera que se pretende trasladar la dirección de las cusas penales a una carrera que tiene una estructura "en la que se reciben órdenes de arriba hacia abajo". El portavoz duda abiertamente: "¿Alguien se imagina que el Gobierno, que puede nombrar al fiscal general y que este puede dar órdenes jerárquicas, vaya a investigar casos de corrupción propios? Los ajenos seguros".

No solo el choque entre el Gobierno de España y las asociaciones está marcando esta huelga de jueces y fiscales. La polémica surgió incluso antes de empezar, cuando el Consejo General del Poder Judicial les avisó de que no había base legal para desarrollar estas movilizaciones. González asevera que "base legal existe" y alude a la Constitución. También defiende que "es la sexta huelga que realizamos. Ya tiene narices que a la sexta huelga nos digan que no tenemos derecho a la huelga".