Canarias activa 47 veces el protocolo contra el acoso escolar en dos meses: "Necesitamos tiempo para criar"

Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Educación y las organizaciones sindicales vuelven a reunirse este miércoles en Canarias para analizar el funcionamiento del protocolo de intervención ante el riesgo suicida detectado en las aulas que se puso en marcha el curso pasado. La mesa técnica llega en un momento de conmoción y profunda reflexión en el país por el caso de Sandra, una menor de 14 años que hace unos días se quitó la vida en Sevilla y cuya familia denuncia que sufría acoso escolar.

Lucía, de 12 años, se suicidó en Tenerife en febrero. Ocurrió en el Puerto de la Cruz. Su madre asegura que era víctima de bullying y, desde entonces, ha llevado a cabo distintas acciones para pedir una mayor protección de los pequeños en las aulas. Entonces, Educación informó de que no se habían detectado indicios de acoso ni de conductas autolesivas. Evitar estas muertes es, precisamente, lo que persigue el protocolo canario, aunque no está exento de controversia.

Educación se abre a mejorar el protocolo de prevención del suicidio

Los docentes rechazan cómo se ha puesto en marcha porque se les atribuye la activación. Pedro Crespo, del sindicato ANPE, explica que deben "decidir mediante un cuestionario si se sigue adelante o no. No tenemos que rellenar ningún cuestionario. Si se detecta cualquier situación de duda, porque estamos hablando de la vida de los niños, tiene que actuar automáticamente un profesional". ANPE propone, por tanto, la creación de equipos sanitarios especializados en riesgos suicidas en la población escolar: "Es Sanidad quien tiene que poner a los profesionales, psiquiatras, psicólogos clínicos".

También la Federación de AMPAS de Gran Canaria Galdós entiende que "no podemos descargar la responsabilidad de detectar una conducta de autolisis" en los profesores o en los equipos directivos. Marian Álvarez, su presidenta, incide en que "ni tienen tiempo ni tienen la vista entrenada". Además, denuncia la ausencia de las familias en los procedimientos: "Si no nos integran en esas mesas técnicas, en esos análisis, siempre habrá una pata coja". Por su parte, Educación plantea con esta nueva reunión valorar si el protocolo está resultando útil y se abre a introducir mejoras.

47 posibles casos de acoso en Canarias

Menos discusión genera el protocolo específico contra el acoso escolar. Los profesores aseguran que funciona bien y la Consejería lo defiende explicando que los casos confirmados se han reducido un 50% en Canarias en cinco años. El curso pasado se activó en 186 ocasiones. Finalmente se confirmaron 34 casos de bullying. Según los datos facilitados por Educación a la SER, desde el 1 de septiembre hasta ahora el protocolo ya se ha activado en 47 ocasiones. Todas ellas se encuentran en fase de estudio.

El director general de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación no considera que este elevado número sea necesariamente negativo sino "todo lo contrario". David Pablos explica que "lo negativo es que exista una demanda de ayuda, una familia o un alumno que indiquen algún tipo de problemática y que lo está pasando mal, y nadie hace nada". Por su parte, Álvarez lanza un mensaje a los padres: "Poco se habla de que las familias pueden activar el protocolo si ven que el equipo directivo no lo hace". De hecho, anima a iniciar los trámites ante cualquier sospecha.

"Lo que necesitamos las familias es tiempo para criar. No se trata de conciliar, de que el niño tenga un montón de extraescolares mientras yo trabajo. Se trata de tener tiempo de calidad para educar a nuestros hijos, estar con ellos, escucharlos, saber qué les pasa por la cabeza". Es la reflexión de Álvarez que alerta de que "estamos en una vorágine constante en la que no podemos criar".

Canarias tendrá un nuevo decreto de convivencia en las aulas

Siendo la prevención del suicidio y del acoso escolar dos de los aspectos más importantes de la vida en las aulas, Canarias ya trabaja en un nuevo decreto de convivencia escolar. Tras pasar la fase de exposición pública, se ultima su tramitación. El fin es promover el bienestar en la comunidad educativa, regulando sus derechos y deberes y estableciendo normas y estrategias.