Apartamentos turísticos, cláusulas abusivas y fondos internacionales: el día a día del alquiler en Madrid

[Suena el telefonillo]

— ¡Hola! Somos del Sindicato de Inquilinas, ¿podríamos pasar para dejaros información en los buzones?

El Sindicato de Inquilinas es una organización que busca asesorar, defender y poner en pie de lucha a los inquilinos de Madrid. Llevan funcionado desde 2017 y le han torcido el brazo a más de un gran casero, como el fondo de inversión Blackstone, en Madrid. Este martes "han pasado a la ofensiva", en palabras de su portavoz Alicia del Río, y han comenzado a buscar bloques de viviendas en los que pueda haber conflictos entre inquilinos y propietarios: las brigadas inquilinas. Una de esas brigadas se ha acabado convirtiendo en un retrato de algunos de los problemas de la vivienda en España: capital internacional, cláusulas abusivas y turistificación.

Han organizado brigadas en 7 zonas de Madrid. Entre ellas, Puerta del Ángel (distrito Latina), donde los alquileres han subido un 61% desde 2014; en Usera, donde en un solo año han subido un 25% el precio medio de un piso alquilado; o en Arganzuela, donde hay, según el sindicato, 8.000 casas dedicadas al uso turístico. Les acompañamos por una de las rutas que han organizado en el distrito de Arganzuela, en el entorno de la calle Santa María de la Cabeza. Han buscado bloques en el barrio de propiedad vertical, es decir, que todo el edificio pertenezcan a un mismo propietario. Llaman al telefonillo del primer edificio y entran.

Los grandes capitales internacionales

El portal luce muy viejo y descuidado. Apenas hay luz eléctrica, no hay ascensor y las escaleras dan paso a un pequeño laberinto de pasillos que quedan al aire libre; las ventanas que dan a esos pasillos, siempre están en penumbra. Llaman al timbre de una casa al azar y les abre un hombre que forcejea con su perro para que no salga corriendo. En voz baja -por alguna razón, todos susurran- les cuenta que el edificio lo ha comprado "un banco suizo" y les confiesa que les han ofrecido firmar un anexo en el contrato por el que ellos tendrán un año de vivienda gratis a cambio de marcharse sin exigir nada. Llevan ocho años viviendo allí. Han firmado.

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"Después de la crisis de 2013, cuando pincha la burbuja de las hipotecas, se ponen todas las facilidades legales para que lleguen capitales internacionales, metan dinero y el sector siga creciendo" asegura la portavoz del Sindicato de Inquilinas. Alicia del Río apunta a que todas "las medidas que han permitido que la vivienda pase a ser un activo financiero" favorece que se especule con la vivienda y eso "es incompatible con la vivienda como derecho".

Los pisos turísticos

La siguiente parada está unos metros más arriba, no podrán hablar con nadie porque ya no quedan vecinos. Debajo del cuadro, con un timbre para cada piso, hay un pequeño cartel con el logo de una empresa y una frase: short stay apartments (apartamentos de corta estancia). En apenas cinco minutos sale una pareja de argentinos, un hombre mayor de rasgos asiáticos y dos hombres españoles con aspecto de ejecutivos, arrastrando unas maletas. Cerca de allí está Atocha, el museo Reina Sofía y Lavapiés. Ni siquiera está en centro neurálgico del centro, pero cada noche cuesta entre 200 y 300 euros. El negocio pertenece a una empresa con apartamentos en Londres, Florencia y Helsinki. Frente al edificio está el mercado de Santa María de la Cabeza, que ha perdido un bloque entero de vecinos que ya no irán a comprar al mercado.

Las cifras de cuantos pisos turísticos hay en Madrid bailan de una fuente a otra. No hay un registro oficial, ni todos los apartamentos están disponibles en el mercado todo el año, pero las estimaciones varían. Según la fuente que se consulte, hay entre 11.000 y 23.000 viviendas destinadas al uso turístico, casi todas dentro de la frontera que supone en Madrid la M-30. Algunos expertos apuntan a que es una de las causas más importantes de la subida de los alquileres, especialmente en las grandes ciudades.

"Necesitamos que todo esto se regule para que la gente deje de ser expulsada a la periferia y todos podamos disfrutar de todos los barrios" apunta Clara Marcos, militante del Sindicato de Inquilinas y que, junto a su bloque, han conseguido negociar la subida abusiva a e ilegal de sus alquileres.

Las cláusulas abusivas

La última parada es en la calle Ferrocarril. El telefonillo es nuevo, la puerta y las paredes está recién pintadas y, en general, el edificio luce bien cuidado. Los brigadistas abordan a la primera inquilina que encuentran. Cuenta que entró a vivir en ese piso en noviembre y asegura que los inquilinos anteriores pagaban "mucho menos" de lo que ella paga ahora.

—Es una de las clásicas que siempre hacen — responde Lucas, uno de los chicos del sindicato —. Luego, cuando llega el año de renovar, no pueden subirte más de un 2%, pero te sube un 6, un 10 o un 12%.

Durante la conversación, esa misma vecina se entera de que en su contrato tiene una cláusula abusiva. Ella quiere marcharse porque su vecino hace mucho ruido, pero el casero le asegura que si se va antes de los dos años se quedará con dos meses de fianza. "Pues eso es una cláusula abusiva" responde Alicia. "Tú tienes que quedarte 6 meses, pero pasado ese tiempo, puedes marcharte cuando quieras dando un después de dar el aviso", le advierte. La mujer piensa que cómo eso ya está escrito y firmado en el contrato, tendrá que asumirlo, pero del Río le asegura que ningún contrato puede incumplir la Ley General de Arrendamiento Urbano. Le dan el contacto, le piden el nombre y se marchan.

Con esta iniciativa, el sindicato "pasa a la ofensiva" cuenta Alicia. "Hasta ahora, los conflictos nos llegaban a la asamblea, pero de esta manera hemos localizado algunos bloques que por tener el mismo casero pueden compartir la misma problemática" explica del Río, "y queremos animarles a que se organicen para hacer frente a los posibles abusos de sus caseros o las situaciones que puedan estar sufriendo".

Para el Sindicato de Inquilinas, el problema del alza en los precios del alquiler no es la falta de oferta, sino las facilidades que se han dado para convertir la vivienda en parte del mercado. Por eso piden a las instituciones que legislen a favor de los inquilinos para proteger un derecho como es la vivienda y para que no continúe la expulsión de los vecinos de los barrios.