El propietario de tres bloques de viviendas en Madrid quiere subir un 60% el alquiler a sus inquilinos: “Les ruego que lo comprendan”

Los vecinos de tres bloques, en Arganzuela, Carabanchel y Moncloa-Aravaca, consiguieron que los propietarios les devolvieran a 140 vecinos 25.000 euros. Es el dinero que habían pagado de más por las subidas superiores al 2%, como estipulaba la ley entre las medidas contra la inflación. Fueron meses de negociaciones, en los que, asegura Clara Marcos, una de las inquilinas del Paseo de la Chopera, 29, la empresa dijo que ellos no cumplirían la norma y que si no "se plantearían convertir las casas al uso turístico". "No fue hasta que empezamos a pedir de forma colectiva que cumplieran el límite y que presentamos el caso a la oficina municipal de atención al consumidor, que ellos dieron marcha atrás", recuerda Marcos.

Ahora el conflicto ha escalado y las empresas están subiendo los alquileres entre un 50 y un 80%. "De media, estos pisos están entre 900 y 950 euros" cuenta Marcos, "y ahora los vecinos están recibiendo burofax en el que les dicen que el contrato se rescinde y que si quieren seguir en el piso tendrán que pagar entre 1.300 y 1.500 euros más calefacción". Incluso los vecinos aseguran que han visto algunos de los pisos en un portal de internet ofertado por 1.700 euros.

Los edificios pertenecen a la familia Castro Lomas, que ha creado una empresa por cada edificio. Hice SL, Construcciones Casvoz SA y Caspima SL. Desde este medio hemos contactado con ellos, pero por ahora no han querido hacer declaraciones. Los inquilinos aseguran que están aprovechando que terminan los contratos para rescindirlos y poder subir los precios sin obstáculos. En una carta a una inquilina que les preguntó si a ella le afectarían los cambios contestaron: "En efecto, estamos resolviendo todos los contratos, incluido el suyo. Los continuos cambios normativos los han literalmente reventado y es imperativo adaptarlos". Y cierran el correo de respuesta con una advertencia: "Si el Gobierno publicase nuevas normas todavía más restrictivas, no procederá el cambio de contratos y procederá la resolución y la entrega de la vivienda".

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Los vecinos denuncian de que además, de manera informal, los propietarios les han amenazado con que si, en el momento de renovar el contrato alguno se acoge las prórrogas contempladas por el Gobierno central, se rescindirá el contrato y el inquilino tendrá que marcharse, esté dispuesto o no a asumir la subida pasados unos meses.

Citaciones judiciales de desahucio

Ramón Senra lleva viviendo siete años alquilado en Avenida de Valladolid 5, en el distrito de Moncloa-Aravaca. Allí ha nacido su hijo, que va a la escuela que tienen enfrente y allí han construido su vida. Hace unos días le llego una notificación judicial que le informaba de que tenía una apertura de juicio oral por un desahucio, en el que le piden, además, 9.000 euros. Senra paga 840 euros de alquiler por un piso de 70 m² y le piden que pague 1.300, es decir, una subida del 55%.

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En noviembre de 2022 recibió un burofax en el que le informaban de que no le renovaban el contrato. Entonces les llamo para decirles que él no se quería ir. "Más tarde les mandé un correo en el que les informaba de que me acogía a la prórroga" asegura Ramón, "en un principio la situación no estaba incluido en la ley, pero después el Gobierno publicó un anexo que sí incluía mi situación". Él asegura que no recibió respuesta, de modo que en enero de 2023 siguió pagando su cuota sumándole el 2%, es decir, el máximo que permite la ley. Pocos meses después le ha llegado la demanda y la petición de desahucio.

Los vecinos están dispuestos a pagar más

Los vecinos han asegurado que están dispuestos a negociar los alquileres y asumir precios mayores, pero consideran que subidas tan altas son desproporcionadas e injustas porque les "expulsa" de sus casas. Aseguran que hay vecinos que, ante la notificación, ya han decidido marcharse por no poder asumir las subidas.

Esperan que la ley de vivienda se apruebe pronto, pero son muy pesimistas con que el Gobierno de la Comunidad de Madrid vaya a aplicar las medidas. También cree que la ley definitiva debería recoger sanciones para los propietarios que, como la familia Castro Lomas, decida intentar saltarse las normas. "No puede ser que incumplir la ley, no tenga consecuencias" sentencia Marcos.