La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla. Según la denuncia, cuyo contenido ha adelantado eldiario.es y al que también ha tenido acceso la Cadena SER, el Ministerio Público denunció el pasado 5 de marzo unos movimientos sospechosos en las sociedades de González. En concreto, en el año 2020 las ventas de una de las empresas se dispara hasta los 2.300.000 euros, seis veces más que en el ejercicio anterior, si bien ante Hacienda sólo se declararon 8.400 euros de beneficio. El escenario fue parecido en 2021: mucha facturación y poco beneficio. Hasta ahora, se sabe poco acerca de la biografía de Alberto González, más allá de los contados datos sobre él que ha ofrecido la presidenta madrileña. Ayuso siempre ha mantenido su vida personal al margen del foco mediático y quería que fuera así, también, después de que en 2021 la revista «Lecturas» publicara las imágenes de la pareja durante una escapada a Ibiza. «No estoy muy contenta con lo que ha salido publicado. No es una persona pública y quiero mantener parte de mi vida en la intimidad», salió entonces al paso Ayuso. Fue Federico Jiménez Losantos, en su programa de «esRadio», quien reveló más detalles acerca de la pareja de Ayuso. Dio el nombre y contó que era un técnico sanitario de raíces andaluzas, pero afincado en Madrid. Además, detalló que, por entonces, tenía 43 años (47 en la actualidad), que era padre de tres hijos y que estaba divorciado. Por el informe revelado por eldiario.es se sabe que González Amador era el propietario, al 100%, de las empresas Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente —que se dedica a prestar servicios sanitarios— y Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, una firma sin empleados, del sector de cosmética y farmacia, que Alberto González Amador adquirió a finales de 2020 y que, según Hacienda, utilizó para desviar parte de los beneficios millonarios logrados durante la pandemia. Tal y como ha explicado José Precedo, el periodista que ha destapado la supuesta trama de facturas falsas, en «Hoy por Hoy», Alberto González no llegó a ese sector tras comenzar su relación con Ayuso, sino que ya llevaba tiempo trabajando en él. Además, Precedo aclara que el piso en el que actualmente vive la pareja es propiedad de él y no de la presidenta madrileña, como se ha publicado en algunos medios. «El 100% de la propiedad es de su pareja [propiedad de Alberto González], que lo compró el pasado verano. Ni en las escrituras y ni en la hipoteca figura ella», apostilla. La Fiscalía acusa a González y a otras cuatro personas de dos supuestos delitos contra la hacienda pública por defraudar 350.951 euros en el impuesto de sociedades y de un delito de falsedad en documento mercantil por aportar facturas que no se correspondían con los servicios realmente prestados, «con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer». La Fiscalía recibió el pasado 22 de enero un informe de la Agencia Tributaria en el que se detallaban las supuestas actividades irregulares de la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Medioambiente, de la que González Amador era administrador único durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021, y un día después abrió diligencias penales. «Se ha detectado que en dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas con la única finalidad de reducir dicha tributación, deduciéndose indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados», refleja el documento. La denuncia aún no ha recaído sobre ningún juzgado de Madrid y, en el momento en que lo haga, será el magistrado en cuestión quien decida si la admite a trámite. El Ministerio Público ha solicitado que el juez que asuma la causa tome declaración en calidad de investigados a los cinco implicados, así como la citación como peritos a los inspectores de Hacienda que desde mayo de 2022 elaboraron los informes. Más allá de González Amador, los otros cuatro supuestos implicados son Maximiliano Eduardo N.G, David H.L., Agustín C.S. y José Miguel C.S., administradores de siete mercantiles que según la denuncia giraron las facturas. Entre ellas, por ejemplo, la sociedad mexicana Mke Manufacturing, cuyo representante es Maximiliano Eduardo N.G., en el ejercicio de 2020 dedujo una factura por importe de 630.000 euros, pero no realizó ningún servicio o trabajo para la empresa de la que era administrador González Amador. Durante 2021 se realizó la misma operación otras 14 veces con diversas compañías, entre ellas una costarricense, Gayani Ltd, en la que también figura como socio y representante el anteriormente citado y que emitió una factura por importe de 922.585 euros. En el mismo año, Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente, Quirón Salud, a través de la empresa Masterman & Whitaker SL, «de la que es socio único y administrador Alberto González Amador». «Dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios, los cuales se prestaban con medios de Maxwell Cremona, buscando con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte de la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman & Whitaker SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener», señala.