Getafe aprueba llevar a la Asamblea de Madrid las declaraciones de zonas tensionadas de vivienda
Varios Ayuntamientos quieren que, a pesar de la negativa de la Comunidad de Madrid, se debata en la cámara regional. Sara Hernández critica los precios del Plan VIVE madrileño
La alcaldesa asegura que "ningún alquiler en Getafe está por debajo de 750 euros" / Ayuntamiento de Getafe
El Pleno de Getafe, en sesión extraordinaria, ha aprobado con los votos del tripartito de gobierno (PSOE, Más Madrid Compromiso con Getafe y Podemos-IU) su deseo de declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionado. Una medida que conseguiría limitar los precios de la vivienda de alquiler si fuera aprobada por la Asamblea de Madrid, donde Getafe quiere, junto a otros ayuntamientos, debatir una Iniciativa Legislativa municipal que obligase a la Comunidad de Madrid a poner en marcha esta medida.
Getafe fue en septiembre el primer Ayuntamiento de la región que solicitó la declaración. Fue, por tanto, el primero que recibió la negativa del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que en todo momento se ha negado a limitar los precios de la vivienda.
Al respecto, la alcaldesa Sara Hernández ha recordado que Getafe es, después de la capital, la ciudad con mayores problemas de vivienda. Por ejemplo, señala la regidora, “ningún alquiler en la localidad está por debajo de 750 euros”, con sobreprecios de hasta un 44 por ciento.
Críticas al Plan VIVE
Hernández ha contrapuesto la posibilidad que abre la Ley de Vivienda estatal para limitar precios con las políticas madrileñas de vivienda, encabezadas por el Plan VIVE, donde para una vivienda de 40 metros cuadrados “la Comunidad de Madrid pide 556 euros al mes, por lo que un vecino tendría que ganar 1.855 euros al mes” para pagar ese piso si seguimos la regla del 30 por ciento (no dedicar más del 30 por ciento del salario a la vivienda).
Los otros dos grupos políticos del gobierno municipal, Más Madrid Compromiso con Getafe y Podemos-IU, han defendido la medida porque, actualmente, “la vivienda es el principal generador de pobreza de la clase trabajadora” ya que llega a absorber “el 62 por ciento del salario”, según Jesús Pérez (MM-CCG). También han criticado la política de “especulación urbanística” de los gobiernos del PP, que provocan que los alquileres sean “300 euros más caros porque Ayuso no quiere cumplir con la ley de vivienda”, tal y como ha señalado Alba Leo (POD-IU).
La medida ha salido adelante a pesar de la oposición del resto de grupos, Partido Popular y VOX, que han coincidido en calificar como “franquista” la limitación de alquileres. José Manuel Fernandez Testa, portavoz de esta última formación, ha criticado además que no se haya incluido este punto en un Pleno Ordinario en lugar de convocar uno monográfico para darse “autobombo”. Antonio José Mesa, portavoz popular, ha opinado que la Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas “hunde la oferta de alquiler, vulnera el derecho a la propiedad privada y multiplica la ocupación” ilegal, y como ejemplo ha recordado que “sólo 12 municipios” en toda España lo han pedido.
