La Audiencia de Alicante condena a un guardia civil que se gastó en la ruleta 9.000 euros intervenidos en una operación antidroga
El tribunal ha reconocido la circunstancia eximente de su ludopatía a este agente, que devolvió el dinero poco después
Una ruleta en un casino. / Simon Webb and Duncan Nicholls (Getty Images)
Alicante
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a cinco meses de prisión a un guardia civil, que se gastó en un salón de juegos un total de 9.000 euros que había intervenido en una operación antidroga.
Según recoge la sentencia, el condenado, destinado en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Alicante, padece una alteración del control de los impulsos por ludopatía que afectaba "parcialmente" en el momento de los hechos a su imputabilidad.
Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2020 durante una operación antidroga dirigida por un Juzgado de Instrucción de Alicante, que motivó que el penado y un compañero suyo de la Guardia Civil se desplazaran hasta la ciudad murciana de Molina de Segura para realizar una inspección ocular en un camión con matrícula portuguesa.
Durante el registro, los agentes se incautaron de doce bolsas que contenían marihuana y 9.000 euros en billetes de 20 y de 50. El condenado se quedó en custodia esos efectos intervenidos hasta el momento en que tuviera que ponerlos a disposición del juzgado que investigaba los hechos.
Sin embargo, según recoge la sentencia, desde las dos de la madrugada y hasta mediodía del día siguiente, el agente se gastó la totalidad del dinero en apuestas a la ruleta de un salón de juegos de Alicante.
La sentencia ha sido dictada después de que las partes alcanzaran un acuerdo en un procedimiento seguido por la Ley del Jurado, por el que el acusado admitió los hechos, se declaró culpable de un delito de malversación de caudales públicos con la circunstancia eximente incompleta de anomalía o alteración psíquica y aceptó la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en un comunicado.
Además de la pena de prisión, el tribunal le inhabilita durante diez meses para empleo o cargo público y le obliga a indemnizar con los 9.000 euros defraudados a la Dirección General de la Guardia Civil. Este importe ya había sido consignado en una cuenta bancaria judicial.
La sentencia, que también establece la suspensión de la pena privativa de libertad por tiempo de dos años, no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.