Miércoles, 31 de Mayo de 2023

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El Tribunal Supremo acuerda por unanimidad ampliar el plazo a Bildu para que presente alegaciones

La coalición abertzale tiene hasta la medianoche del sábado para presentar un nuevo escrito y la sala del artículo 61 deberá resolver antes de la medianoche del domingo

La sala especial del artículo 61 del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad conceder a Bildu un nuevo plazo de 24 horas para que presente sus alegaciones contra las demandas del Gobierno y del Ministerio Público para impedir que la coalición abertzale concurra a las elecciones del próximo 22 de mayo. Los 16 magistrados quieren preservar el derecho de defensa, ya que Bildu recibió los escritos de impugnación sólo una hora antes de que concluyera el plazo para que pudiera presentar sus alegaciones.

Esta decisión modifica el calendario que estaba establecido. Ahora la coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba y candidatos independientes tiene hasta la medianoche del sábado para presentar un nuevo escrito de defensa. La sala del 61 se reunirá a partir de las diez de la mañana del domingo y deberá decidir el futuro de Bildu antes de que acabe el fin de semana.

Argumentos de las partes

Argumentos de las partes

En su escrito de 123 folios, Bildu no sólo alegaba indefensión por el poco tiempo del que había dispuesto para prepararlo. Los abogados también aseguraban que las demandas del fiscal y el Abogado del Estado son fruto de una decisión política a la que se le pretende dar cobertura jurídica y subrayaban que no hay ninguna estrategia común entre Bildu y el complejo ETA - Batasuna porque todos sus candidatos apuestan por la vía política sin connivencia alguna con la violencia.

El Abogado del Estado, sin embargo, sostiene que la coalición está "gestionada, dirigida, articulada y coordinada desde la izquierda abertzale". Una afirmación que se sostiene con una importante prueba documental. El Ministerio Público por su parte concluye que esta coalición es sólo "una trama organizada y tejida por Batasuna". No es más, añade, que "la cobertura formal de una candidatura de facto, que es la de la formación ilegalizada". Otra prueba fundamental a juicio del fiscal es que el porcentaje de candidatos "supuestamente independientes" superan "la suma de las de los otros dos partidos legales".

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