La justicia ratifica la imputación de toda la cúpula sanitaria en Madrid

Madrid

El juez Marcelino Sexmero también imputa a la actual viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, al director general de hospitales, Antonio Burgueño y a los máximos responsables de las empresas, Capio, Ribera Salud, Unilabs y Asisa los delitos contra la hacienda pública, fraude y malversación de fondos públicos.

Tanto los querellados, como la Fiscalía habían pedido al Juzgado de Instrucción Número 4 de Madrid que archivase la querella que AFEM había presentado contra la cúpula sanitaria que inició la privatización en Madrid hace seis años. También habían requerido al juez que concretase los delitos que imputaban a cada uno delos querellados.

Y eso es lo que ha hecho el magistrado, Marcelino Sexmero en el auto que ha dictado este jueves. De entrada rechaza todos los recursos presentados. Los abogados de los querellados habían alegado "falta de legitimación, que los querellantes no habían concretado las imputaciones, y que había una instrumentalización política de la acción penal."

El magistrado ha rechazado de pleno esos argumentos. Primero, AFEM si está legitimado porque el interés colectivo de los médicos "está sobradamente acreditado". Segundo, los hechos relatados son constitutivos de varios delitos "deben abrirse diligencias". Y tercero, la querella da todo tipo de detalles sobre los supuestos delitos cometido.

Aquí va el relato, y el desglose de las imputaciones.

El juez relata en su auto que los médicos han detectado que durante años en la sanidad madrileña "se ha derivado a los pacientes a centros privados con amenazas y contra la voluntad del enfermo, a través del denominado Call Center. También se denuncia la ausencia de control del precio por la adjudicación de los centros de Pontones y Quintan en los convenios con la Fundación Jiménez Díaz (CAPIO), la concesión encubierta por la amortización de obras. Y también la ausencia de control en la facturación intercentros (lo que debería cobrar la Comunidad de Madrid a las empresas por atender a un paciente de su zona de referencia).

Imputaciones

Por todo esto, el juez imputa los delitos contra la Hacienda Pública, fraude y malversación de fondos púbicos a "la viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores, al director general de Hospitales, Antonio Burgueño, y a la Fundación Jiménez Díaz representada por Álvaro de la Parra con la cooperación de Capio, Ribera Salud, Unilabs y Asisa."

En el auto, el magistrado también destaca que "la facturación intercentros no corresponde con la realidad", por lo que el juez también imputa a la viceconsejera de Sanidad otro delito de falsedad documental, y también "posiblemente a los gerentes de 30 hospitales", no querellados hasta la fecha.

Lamela y Güemes imputados

Se imputa también el delito de prevaricación y cohecho a los exconsejeros Juan Jose Güemes y Manuel Lamela por "haber intervenido en las adjudicaciones a empresas con un accionariado opaco incumpliendo alguno de los requisitos previstos en la ley como la no exigencia del canon". Pero el juez, también sospecha que cerraron adjudicaciones con el objetivo de lucarse "las empresas se han beneficiado de dichos acuerdos para después contratar los servicios de anteriores Consejeros de Sanidad, como Lamela y Güemes".

El juez termina diciendo que "la querella debe ser admitida y las circunstancias descritas no eliminan toda duda de que pueda haber existido una actuación punible a la vista de los indicios que arrojan las mismas, por lo que por si ha podido existir una real implicación penal, dichos hechos han de ser investigados".

Todo en manos de la Audiencia Provincial

A pesar de la contundencia de este auto, el futuro de la querella que ha presentado la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) está en manos de la Audiencia Provincial, que es la que tiene que decidir si esta querella tiene base suficiente para que prospero (tanto la Fiscalía como los querellados recurrieron a la Audiencia Provincial).

La Audiencia Provincial aún no ha dado esa respuesta, pero se abre tres escenarios, según nos explican fuentes del TSJM: el primero, que se archive la querella y 'se guarde en un cajón'. Segundo, que la Audiencia Provincial dé trámite a la querella y asuma ella misma las diligencias. Y la tercera posibilidad, que acepte la querella, pero que delegue la investigación en el juez Marcelino Sexmero que es quien ha dado curso a las imputaciones.