El juez Ruz exige al Gobierno de Madrid que diga quién pagó actos de Sanidad y Transportes

Madrid

Da un "plazo improrrogable" de cinco días a las consejerías de Sanidad y Transportes para que "a la mayor urgencia" remitan toda la información al respecto, incluidos los nombres de los responsables de adjudicar las obras en ambas consejerías en 2005 y 2006, cuando estos departamentos estaban ocupados por Manuel Lamela, María Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez.

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha emitido un auto al que ha tenido acceso la Cadena SER que implica un salto significativo en la investigación de las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a la trama Gürtel, por las que la supuesta red corrupta se habría embolsado 8,7 millones durante el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción, a la vista de diversa documentación remitida por el BBVA y el Banco Popular, y de un oficio de la UDEF, sospechan que "determinados actos relacionados con la construcción de diversos hospitales de Madrid podrían haber sido abonados por las sociedades adjudicatarias de los contratos de construcción de los hospitales".

Hasta ahora se tenía constancia de que fue la Comunidad de Madrid la que pagó a la Gürtel por la organización de esos actos, pero no las adjudicatarias. Por lo tanto, el juez quiere saber quién pagó efectivamente al entramado liderado por Correa por la organización de estos eventos.

En concreto, el juez y la Fiscalía sospechan de 9 actos de colocación de primeras piedras de otros tantos hospitales de Madrid y del acto de visita a la obra del Hospital de Valdemoro, que competen a la Consejería de Sanidad. También ven indicios de un comportamiento idéntico en otros cinco actos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Todos ellos en los años 2005 y 2006, cuando el responsable de Sanidad era el consejero Manuel Lamela, y los de Transportes fueron Elvira Rodríguez y la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Por ello, en su auto, el magistrado exige a ambas consejerías que "en el plazo improrrogable de cinco días" y con la "mayor urgencia" posible, remitan al juzgado toda la información respecto a si consta en los pliegos de los contratos de construcción que el adjudicatario de la obra tuviera que asumir los costes de la obra adjudicada.

El juez va más allá, y quiere saber las fechas y los nombres de los responsables de la Comunidad de Madrid que adjudicaron las obras. Ambas consejerías deberán certificar en el mismo plazo improrrogable de 5 días "en qué fechas y por quién se aprobaron los pliegos" de tales contratos, y "por quién se aprobó la adjudicación" de los mismos.

Esta documentación será decisiva para que los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado puedan elaborar su informe definitivo sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con la Gürtel. En su informe del pasado mes de julio, la IGAE concluyó que el Gobierno autonómico pagó 8.7 millones a la Gürtel hasta 2006 mediante adjudicaciones supuestamente irregulares. Con un sistema generalizado para amañar los contratos saltándose la ley. Los investigadores inciden en que la comunidad utilizó contratos fraccionados para evitar la publicidad y la pública concurrencia entre otros métodos.