Sábado, 31 de Octubre de 2020

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La jueza Alaya amplía la investigación de los EREs a 2011 y 2012

Hasta ahora se investigaban las ayudas sociolaborales concedidas desde 1999 al año 2010

La juez Mercedes Alaya a su llegada al Juzgado de Sevilla

La juez Mercedes Alaya a su llegada al Juzgado de Sevilla / EFE

Mercedes Alaya, la jueza que investiga el caso de los ERE, ha notificado en un auto esta mañana que es necesario "completar la relación de subvenciones sociolaborales concedidas hasta el ejercicio de 2012 con cargo al programa 31L de la Consejería de Empleo". La magistrada requiere a la Junta para que en dos días remita al juzgado todas esas ayudas concedidas, el importe de las mismas y las resoluciones por las que se concedieron.

La juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha dictado un auto en el que amplía la investigación de las ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía a los años 2011 y 2012, y cita como imputado al exviceconsejero de Economía y Hacienda José de Haro Bailón.

En un auto notificado, la juez pide la relación de ayudas concedidas hasta 2012 con cargo al programa 31.L de la Consejería de Empleo, el denominado "fondo de reptiles", y concede a la Junta un plazo de dos días para que remita las resoluciones en las que se acordaba su concesión y la fecha de abono.

Hasta ahora, la investigación en el caso de los ERE se había ceñido a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta de Andalucía entre los años 1999 y 2010.

El exviceconsejero imputado accedió al cargo en el 2009 tras ser secretario general de Hacienda desde 2004, donde estuvo a las órdenes de José Antonio Griñán como consejero de Hacienda y le correspondía "el impulso y coordinación de la política presupuestaria", señala la juez.

Como secretario general de Hacienda, "tendría una activa participación en el uso inadecuado de la partida presupuestaria de las transferencias de financiación en el programa 31.L de la Dirección General de Trabajo en el proceso de elaboración de los Presupuestos", indica el auto.

De igual modo, prosigue la juez, el imputado "conocería el falseamiento del presupuesto necesario en IDEA, creando gastos inexistentes, para que el uso de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo a dicha Agencia fuera posible".

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