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42'3 % de andaluces en riesgo de pobreza y exclusión social

Son datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

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En el Informe de Vulneración de Derechos Humanos de  2015 dado a conocer  se aportan muchos más datos. Por ejemplo, en total son 3.554.175 personas las que viven en esa situación de riesgo de pobreza  en Andalucía. La diferencia es aún más llamativa cuando se observa que la progresión en negativo incrementaba año tras año en un 2%, pero en el último año ha sido de un 4%, con lo que se evidencia que “la población no está saliendo de la crisis, sino que se está hundiendo más en ella”.

 Andalucía es también la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de riesgo de pobreza infantil (tasa AROPE), un 51,5% (834.000 menores afectados), es decir, la mitad de la población infantil se encuentra en riesgo de pobreza.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía remarca otro dato. Según la EPA del primer trimestre (Encuesta de Población Activa)  el 31,73% de la población andaluza está en paro y gran parte  “sin ningún tipo de ingresos y con nulas expectativas de mejora”.

 En el informe se destaca también  la baja calidad de la sanidad que se dispensa a la población excluida, especialmente en las cárceles, donde la administración penitenciaria se niega a ofrecer medicamentos y citas a especialistas en igualdad de condiciones que a la población libre. Denuncia también que se hayan eliminado los manicomios para los enfermos mentales y se hayan trasladado a las cárceles, (1.200 enfermos mentales en prisión), algo que es ilegal y atenta contra su dignidad, al no tener capacidad para entender el sentido de la pena.

Cuando el informe se centra en los inmigrantes los datos empeoran aún más. La población extranjera padece tres veces más el riesgo de exclusión y  tiene “un plus de dificultad para el acceso a la vivienda, la educación, el empleo, la sanidad y los servicios sociales”.

Tiene una especial importancia la situación del colectivo Romá que presenta una profunda exclusión social, ya que el 80% vive en asentamientos chabolistas, tan solo el 24% está empadronado y 3% percibe alguna prestación social económica.

Finalmente, la Asocicación Pro Derechos Humanos considera lamentable las consecuencias de la última legislación en materia de prostitución. Opina que en última intancia sólo ha producido un  empeoramiento de las condiciones laborales y de seguridad.

 
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