Anticorrupción pide 38 años de cárcel para Ángel Fenoll por el Caso Brugal
La fiscalía reclama sendas penas de 12 y 8 años de prisión para los exalcaldes de Orihuela, José Manuel Medina y Mónica Lorente, por el supuesto amaño del contrato municipal de basuras
Fachada del Ayuntamiento de Orihuela / Google maps
Alicante
La Fiscalía Anticorrupción solicita 37 años y 8 meses de cárcel para el empresario Ángel Fenoll, considerado cabecilla de la trama Brugal, por los delitos de prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, delito electoral y uso de información privilegiada por el Caso Brugal.
Para los exalcaldes José Manuel Medina y Mónica Lorente (ambos del PP) solicita 12 y 8 años de prisión, respectivamente. Ambos por delito de fraude y prevaricación. A Medina también le acusa de cohecho.
En un extenso auto de acusación entregado en el juzgado número 3 de Orihuela, el fiscal pide abrir juicio oral para los 34 investigados (antes imputados) en el Caso Brugal que afecta a la recogida, transporte al vertedero y eliminación de residuos en el municipio de Orihuela. Les acusa de los delitos de prevaricación administrativa, fraude, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, extorsión, asociación ilícita, delito electoral, coacciones, revelación de secreto y de información privilegiada.
Mónica Lorente, ex alcaldesa de Orihuela / Javier Mezquida-Facebook
Mónica Lorente, ex alcaldesa de Orihuela / Javier Mezquida-Facebook
En el auto de acusación el fiscal considera que el empresario Ángel Fenoll, con al ayuda de los otros acusados, tejió una red de "colaboradores y amistades" políticas y funcionariales en el Ayuntamiento de Orihuela que pudieron favorecer sus intereses empresariales ''llegando incluso a la entrega de cantidades económicas para ello" y asegurarse el servicio municipal.
Además de las penas de cárcel se establece igualmente, para casi todos, penas de inhabilitación además de cantidades en concepto de indemnización para el consistorio oriolano.
Recogida de la basura en Orihuela.
En el caso de la contrata municipal de Orihuela, las irregularidades relatadas por Anticorrupción comenzaron a principios de la pasada década, desde que el consistorio aprobó el pliego de condiciones y presentó la oferta una UTE formada por Colsur, empresa de Fenoll, y Necso Entrecanales.
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Dicha documentación se presentó "en un baúl lacrado" pero éste "apareció despegado" cuando los ordenanzas fueron a trasladarlo, por lo que "volvieron a cerrar la tapa", pero ese imprevisto no impidió que la licitación del contrato continuara.
La fiscalía atribuye delitos de fraude, cohecho y prevaricación, entre otros, a los que fueran alcaldes oriolanos Medina y Lorente, así como a los entonces concejales, también del PP, Manuel Abadía, Ginés Sánchez, Antonio Rodríguez Murcia, Antonio Lidón, Pedro Mazón, José Manuel Cotillas, así como a Jesús Ferrández, del Centro Liberal.
También acusa en su escrito y pide penas de cárcel para tres funcionarios municipales, entre ellos el ex interventor municipal José Manuel Espinosa, y un numeroso grupo de familiares de Fenoll y trabajadores de sus empresas, entre ellos su hijo Antonio Angel Fenoll y su mano derecha, Javier Bru.
José Manuel Medina, ex alcalde de Orihuela / EFE Morell
José Manuel Medina, ex alcalde de Orihuela / EFE Morell
Anticorrupción entiende que el industrial oriolano, pieza central del caso Brugal, y su entorno incurrieron en un delito de asociación ilícita al conformar una trama mafiosa que no dudó en tratar de extorsionar a cargos públicos con la amenaza de revelar grabaciones con información relevante para "doblegar su voluntad".
Así lo hicieron presuntamente con la candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía, Antonia Moreno, en las elecciones de 2007, o el del Centro Liberal Renovador (CLR), el ya fallecido Joaquín Ezcurra.
Angel Fenoll, empresario acusado en el Caso Brugal / El País David García
Angel Fenoll, empresario acusado en el Caso Brugal / El País David García
Siempre, según el escrito de la Fiscalía, "guiado por el propósito de compensar las ayudas prestadas hasta el momento por los miembros de las formaciones políticas que habían servido sus intereses, así como con la finalidad de conseguir la formación en Orihuela de un Gobierno municipal proclive", Fenoll financió al PP y al Partido Socialdemócrata "fuera de los cauces legales".
Concretamente, aportó dinero para una nueva sede del PP en la costa oriolana y también corrió con los gastos de material publicitario para la campaña de 2007, mientras que también movilizó a personas para actos de la alcaldable Lorente, entre otras actuaciones.
Otras causas judiciales
Este asunto de las basuras de Orihuela dio origen a una investigación que, bajo la denominación de caso Brugal, se fue dilatando en el tiempo por la aparición de numerosos indicios de delito, que a su vez dieron pie a una veintena de piezas separadas.
Entre ellas las relativas al Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, donde está investigado (antiguamente imputado) el expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, del PP; del Plan General de Alicante, donde también figuran los exalcaldes populares Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi; y del Plan Urbanístico de Rabasa, con la misma Castedo. En varias de ellas figura también el conocido constructor alicantino Enrique Ortiz.
