La Comunidad marca un plazo máximo de dos años para deshacerse de ARPEGIO

Madrid

La empresa pública con más problemas judiciales de la Comunidad de Madrid tiene los días contados: el ejecutivo que dirige Cristina Cifuentes se ha marcado un plazo máximo de dos años para terminar de disolver Nuevo Arpegio, uno de los cofres del tesoro de la trama Púnica durante los años de poder de Francisco Granados del que salieron obras públicas pero también conciertos y cestas de navidad. 

Un plazo máximo que confirman a Radio Madrid fuentes de la Consejería de Medioambiente, y que también marca el contrato de 102.850 euros que acaba de sacar a concurso público el departamento que dirige Jaime Rodríguez Taboada: un contrato para dirigir todos los aspectos "mercantiles, laborales, fiscales y administrativos" de lo que el Boletín Oficial de la Comunidad denomina "reorganización empresarial de la sociedad pública Nuevo Arpegio", y que en la práctica supone orquestar la disolución de esta empresa en la que será 'Obras de Madrid'.

Fue el pasado mes de mayo cuando la Presidenta de la Comunidad y el Consejero de Presidencia Ángel Garrido anunciaron en rueda de prensa y alegando razones de organización: "Se gana en transparencia, en eficiencia y prestamos un mejor servicio a los madrileños", dijo entonces Cristina Cifuentes. Lo cierto es que ya por entonces era público que el juez Eloy Velasco consideraba que Francisco Granados y sus compinches de la trama Púnica disponían a placer de los millonarios fondos del plan PRISMA que gestionaba esta empresa sin ningún control real. 

Los pliegos técnicos de este contrato especifican que el proceso se dividirá en dos fases: en la primera, los fondos del plan PRISMA pasarán a otra empresa pública - ARPROMA - y en la segunda "habrá que analizar la mejor solución para Nuevo ARPEGIO desde el punto de vista mercantil, laboral, fiscal y administrativo". El texto explica que "el contrato finalizará cuando se inscriba en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, como máximo 24 meses", aunque desde la Consejería destacan que es un máximo y que la intención es finalizar el proceso antes. 

Millones de euros bajo sospecha 

El anuncio de la futura disolución de la heredera de ARPEGIO por parte de Cristina Cifuentes el pasado mes de mayo llegó en pleno terremoto de la operación Púnica, con esta empresa en el epicentro: siendo la entidad a través de la cual la administración gestiona millones y millones del plan PRISMA de inversión de suelo en municipios de la región, el juez sospecha que Francisco Granados cobraba comisiones a constructores y contratistas a cambio de unas adjudicaciones millonarias que nadie controlaba ni fiscalizaba. 

Controlar la venta de suelo público de la región, o disponer de los fondos de la empresa y de su fundación para aquellos proyectos que Granados considerase pertinentes. Desde un concierto 'Night of the Proms' en el Palacio de los deportes en cuyo amaño la Guardia Civil implica incluso a un eurodiputado del PP hasta las cestas de navidad que la esposa del exconsejero enviaba a sus allegados y por las que el instituto armado acusa de malversación de caudales públicos a tres altos cargos de la entidad. 

Todo esto habría sido posible por la total ausencia de control sobre las idas y venidas de estos fondos millonarios de ARPEGIO. Paralelamente a la investigación seguida en la Audiencia Nacional, la Asamblea de Madrid ha puesto en marcha una comisión de investigación que entre otras cosas intenta desgranar el funcionamiento de esta empresa pública.

En su comparecencia desde la cárcel de Estremera, Francisco Granados se negó a contestar preguntas sobre ARPEGIO, pero otros pintaron el cuadro por él: el exdiputado 'popular' Pedro Gómez de la Serna reconoció haberse embolsado 12.000 euros por un informe de 30 páginas para la entidad pública, mientras que la entonces asesora jurídica de ARPEGIO aseguró directamente que "sin que jamás haya visto al señor [Francisco] Granados, yo creo que básicamente se decidía todo por él y su entorno".

Unas sospechas de descontrol que comparte el propio juez Eloy Velasco, que el pasado mes de abril solicitó a la Agencia Tributaria la información fiscal de la empresa que durante años gestionó las licencias del plan PRISMA. El propio empresario David Marjaliza, en su declaración de más de trece horas ante el juez, reconoció estos amaños y estos beneficios a contratistas a cambio de comisiones, y apuntó también al ahora consejero Jaime González Taboada, asegurando que mangoneaba" todos los contratos amañados" mientras que las comisiones se las repartían Francisco Granados, él y Taboada. El número 3 de Cifuentes negó los hechos y anunció una querella contra Marjaliza.