La jueza entrega la investigación de la mina de Aznalcóllar a la Guardia Civil
Patricia Fernández pide a la UCO que aclare "la intervención real" de Minorbis en el concurso por si fue "mero intermediario"
CADENA SER
Sevilla
La jueza de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, por mandato de la Audiencia de Sevilla, amplía la investigación sobre el concurso público que adjudicó la mina de Aznalcóllar a Grupo México-Minorbis y se la encomienda a la Guardia Civil. La Policía había sido la encargada durante la fase de instrucción que ahora se reabre.
La Unidad Central Operativa, la UCO, tendrá que "aclarar la intervención real desempeñada por Minorbis" por si fue un "mero intermediario" para conseguir que se adjudicara a una tercera entidad que estaba controlada por una filial de Grupo México. Esa tercera entidad es Minera Los Frailes.
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Los agentes tendrán que averiguar si Minorbis disponía de medios materiales y personales "que justifiquen" que Grupo México le pagara unos honorarios de 1,2 millones de euros, más otro millón en concepto de "gastos razonables", que la multinacional se comprometió a abonarle en 30 días por el impulso y desarrollo del proyecto.
La Guardia Civil deberá analizar también "el dato del control absoluto de Minera Los Frailes por parte de Grupo México".
Cuando se investiguen esos extremos la magistrada decidirá sobre la citación como investigados de los representantes legales de Minorbis. Lo mismo que sobre la del secretario general de Minas, Vicente Cecilio Fernández.
La jueza pide a las partes que se pronuncien sobre los extremos en los que hay que citar como investigados a los miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación del concurso.
El auto aclara que sí está en la causa el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que no ha visto y reclama la Audiencia de Sevilla. Un informe, que según explica la magistrada, emite un funcionario de la Confederación a petición de la empresa que perdió el concurso, Emerita Resources España. No se trata, por tanto, de un informe emitido por un organismo oficial.
Patricia Fernández considera que hay que declarar este procedimiento de especial complejidad, dado que la investigación tardará meses en concluir. Así que solicita a las acusaciones y las defensas que opinen al respecto.
La Audiencia de Sevilla ordenó hace dos semanas reabrir esta investigación "ante el cúmulo de incumplimientos importantes" de las bases del concurso minero. Se trata "a priori de indicios de ilegalidad severas y arbitrarias" que podrían suponer un delito de prevaricación, según la Sección Séptima.
