Celia Mayer, investigada por prevaricación tras una querella de la Fundación Francisco Franco

Madrid

En el entorno del 20N, con Mayer de baja por maternidad, meses después de que el monolito al Alférez Provisional fuera repuesto, y sin que la propia delegada cuente ya con las competencias para aplicar la Ley de Memoria Histórica.

En medio de ese contexto acudirá a declarar la delegada de Cultura y Deportes del Ayuntamiento, Celia Mayer (Ahora Madrid), el próximo lunes, día 21. Será ante el juzgado de instrucción número 27 de Madrid donde irá acompañada por un equipo de abogados municipales.

La acusación parte de la Fundación Francisco Franco que acusa a la concejal de Ahora Madrid de prevaricación administrativa por la retirada de ese monolito, que fue casi inmediatamente repuesto, según defiende el Gobierno municipal.

El monumento se encontraba junto al Casón del Buen Retiro desde 1960 y estaba protegido por haberse erigido en una zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Fue derribado en febrero de este año por una grúa municipal sin habérselo comunicado, tal y como obliga la ley y la normativa municipal, a la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento y a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad.

Mayer, además, también ordenó iniciar la retirada de otros monumentos franquistas de la capital, incluida una placa por el fusilamiento de unos monjes carmelitas en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo, que también fue repuesta en su emplazamiento original.

Los “errores” de Celia Mayer en materia de memoria histórica llevaron a todos los grupos municipales, incluido el PSOE, a pedir a la alcaldesa, Manuela Carmena, la dimisión de su responsable de Cultura, decisión que ella rechazó a cambio de acometer una profunda remodelación del área.

Carmena quitó a Mayer las atribuciones sobre Memoria Histórica y creó un Comisionado, dependiente de la Alcaldía, bajo la dirección de la socialista Paca Sauquillo, que es el encargado de proponer la retirada de los vestigios franquistas.

Fuentes municipales entienden que la querella ha sido admitida a trámite por la ausencia de herramientas legislativas que permiten aplicar la Ley de Memoria Histórica.